El Narcoestado de la República Bananera
El “Nuevo Ecuador” a manos de la oligarquía bananera, representa la versión andino-tropical del reinado absoluto de una clase hacendatario-empresarial con un control social interno impuesto por la militarización y el consenso del miedo, encarnado por el supuesto “Conflicto Armado Interno”. En 15 meses del gobierno autoritario de Noboa, el Ecuador se ha convertido en una verdadera República Bananera. Cuando este término fue acuñado en los años 50s, se refería al control absoluto de la United Fruit Company sobre Guatemala. Esta era una empresa imperialista yanqui por provocó un golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz en 1954. United Fruit existe como tal hasta el día de hoy, habiéndose refundado como Chiquita Banana y figura como uno de los gigantes del banano a nivel global, junto a Bonita, nombre comercial de Bananera Noboa S.A. La inmensa diferencia con la Guatemala de los 50s consiste en que Bonita no tuvo que provocar un golpe de Estado, sino que se apropió del poder político por medio de la maquinaria mediático-electoral a finales de 2023.
La mañana del 24 de febrero de 2025 se realizó un plantón frente a la Corte Nacional de Justicia en reclamo a la injusta sentencia de 3 años de prisión contra 6 compañeros defensores del agua en Las Naves. Así mismo, desde marzo de 2024 fiscalía sostiene procesos contra más de 150 campesinxs en las Pampas y Palo Quemado. En Los Ríos y Azuay se suman más compañerxs criminalizadxs por defender el agua, la vida y los territorios. Desde hace al menos dos décadas que la política estatal dio un giro hacia la judicialización de las organizaciones populares, sin embargo, el mal gobierno del bananero presidente, ha agudizado la persecución y criminalización de la resistencia popular, que además es un derecho constitucional.
Esta agudización de la política de criminalización responde al momento histórico, claro, pero también a los intereses económicos que la propia familia del presidente. Desde 2019, la familia Noboa es socia estratégica de Adventus Mining con Nobis Holding. Adventus es subsidiaria de Curimining S.A. de capital canadiense, que es la que sostiene precisamente el proyecto minero en el cantón Las Naves-Provincia de Bolívar. Lo mismo con el caso de la Atico Mining que opera en Palo Quemado y Las Pampas, también canadiense y donde el mismo presidente tiene inversiones que cuidar. De forma estratégica, la fiscalía y el sistema de justicia han operado sistemáticamente en conjunto con la empresa privada, para expedir sentencias de criminalización o que favorezcan a las mineras.
De la misma manera, el resto del aparataje estatal opera para garantizar la explotación: recordemos las consultas ambientales ejecutadas por el Ministerio de ambiente, intentando emular la función democrática de la consulta libre, previa e informada a la que los pueblos y territorios tienen derecho, también de manera constitucional. La familia Noboa, el presidente candidato, tienen capital invertido en empresas mineras que ilegal e violentamente están explotando territorios a nivel nacional, y desde su posición de poder utilizan el aparato estatal para facilitar esta explotación. El mal gobierno pone a disposición de la empresa privada tanto el sistema de justicia como los aparatos represivos del Estado, a vista y paciencia de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Como siempre, quienes están poniendo el cuerpo, la vida por la defensa de las condiciones materiales de todxs, son los pueblos y nacionalidades, lxs campesinos, lxs trabajadorxs del campo. Ahora mismo existen 6 nuevas concesiones mineras, de las cuales 2 son megaproyectos.
Esta situación es gravísima. Es peligrosa. Adicionalmente en cada territorio se ha demostrado que también operan grupos paramilitares que así mismo, operan por los intereses privados de las empresas mineras, y con la garantía de impunidad del Estado. Imponer una depredación minera a sangre y fuego es el interés principal de la firma del TLC con Canadá, una de las grandes potencias mineras del mundo y con fuerte presencia en el país. Toda esta estructura configura el nuevo pacto neoliberal que impone el Narcoestado de la República Bananera. Ecuador está en las fauces del imperialismo canadiense y yanqui. Recordemos las declaraciones de Laura Richardson, la ex comandante del Comando Sur, respecto a América Latina como territorio de importancia especial por sus recursos naturales y posición geopolítica estratégica.
En medio de este y otros terrores impuesto por el Narcoestado, la bancada de ADN se encuentra impulsando un aceleramiento de la firma de un convenio de cooperación militar con grupos de élite de “países aliados”, para la supuesta lucha contra el narcotráfico. Mientras Guillermo Lasso otorgaba inmunidad absoluta a fuerzas militares y policiales yanquis en secreto, pocos días antes de salir por la puerta trasera de Carondelet, actualmente la clase político empresarial pretende perpetuar la posición del Ecuador como un Estado títere o satélite del imperialismo yanqui, mutilando continuamente la soberanía política y territorial del país y permitiendo incluso mecanismos que podrían provocar agresiones militares.
Este sin duda es un proyecto de larga data: la materialización de la base militar yanqui en Galápagos no le corresponde únicamente a Noboa como tal. Inició con el arrodillismo de Moreno y el “portaviones natural” de Fausto Jarrín, mutando hacia el proyecto de un Plan Ecuador con el banquero Lasso y corresponde al perpetuo interés estadounidense de apropiarse del flanco más extremo hacia el pacífico sur suroccidental y el continente asiático, como en su momento lo fue la base militar de Baltra.
En concordancia con el arrodillismo tan característico de la burguesía blanqueada local, Noboa pretende cimentar el poderío militar estadounidense -y amigos- en el Ecuador y el continente como tal. Para este comedido, se plantea no solo un referéndum sino incluso una asamblea constituyente, para perpetuar las nuevas bases en el texto constitucional, de una vez por todas. Este es el verdadero proyecto político de la clase empresarial comandada por Noboa a mediano y largo plazo, convirtiendo al Ecuador en una verdadera república-hacienda bananera. Este proyecto bien se puede resumir en la construcción de un nuevo pacto social neoliberal, representando la verdadera punta de lanza de la burguesía.
No resulta ser coincidencia alguna que las medidas neoliberales en la última década se hayan intensificado, a la vez de que el crimen organizado permeara profundamente el Estado, que generó una nueva ola migratoria – con un éxodo de más de 300.000 personas entre 2023-2024-. Simultáneamente se le otorgaron facultades extraordinarias a las fuerzas represivas y se intensificó brutalmente el extractivismo minero y la explosión de la violencia (para)estatal, a costa de la criminalización el pueblo organizado y la protesta social. Este es, en definitiva, el “Nuevo Ecuador” de Noboa. Incluso el bananero-presidente está obligado a reconocer que alrededor de USD 30 mil millones se lavan en el Ecuador del narcotráfico anualmente, representando el 30% del Producto Interno Bruto.
En términos generales, el poder político imperante en el Ecuador en este momento histórico, es el poder realmente existente: “el poder que es, es el poder que ves”. Si el grupo económico-empresarial más poderoso del Ecuador maneja también la política y el Estado a su absoluta conveniencia, se concluye indefectiblemente que el Ecuador se convirtió, además de Narcoestado, en un régimen oligopólico: un Estado manejado como una sola empresa público-privada, en beneficio absoluto de las élites económicas que se encuentran al frente del mismo. La lógica de la privatización se queda corta frente al actual régimen de redistribución de abajo hacia arriba.
Lo que las vampirescas burguesías no han aprendido de la historia, es que cuando a un pueblo se le quita todo, también se le quita el miedo.
