Pablo Fajardo: El laudo arbitral a favor de Chevron es legalmente inaplicable en el Ecuador

Revista Crisis entrevistó a Pablo Fajardo, activista y abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que agrupa a más de 30.000 personas y que en 2011 conseguiría un fallo en su favor por 9.500 millones de dólares para reparación social y ambiental.

La reciente jugada de Chevron en contra del Estado ecuatoriano, aspira a que sea el propio Estado quien revierta el fallo legal de la Corte de Sucumbíos, instancia que condenó a la multinacional, con el objetivo de ser indemnizada.

Fajardo explica la naturaleza de las acciones de presión por parte de Chevron, la reacción del Estado ecuatoriano respecto a estas y la posición de los afectados y afectadas por defender el derecho a la justicia, la verdad y la reparación ambiental.

Existe una confusión respecto de la resolución del Tribunal de Arbitraje de La Haya, ya que este organismo no es un tribunal, sino una estructura privada de mediación, en este sentido ¿cómo afecta esta decisión a los juicios que las comunidades han ganado en el sistema judicial, como la última sentencia de la Corte Constitucional y otras?

Debemos iniciar indicando que se trata de dos casos diferentes con tres actores distintos.

El caso principal, es el que los pueblos Siona, Siekopai, Kofan, Shuar, Kichwa, Waorani y colonos desde hace 25 años atrás estamos llevando contra la empresa Chevron antes Texaco. Ese caso es por el daño ambiental causado de forma intencional en nuestra Amazonía, en el que tenemos 4 sentencias favorables en el Ecuador, la última de ellas emitida en la Corte Constitucional el pasado 10 de julio del año en curso.

El segundo proceso es el arbitraje internacional planteado por Chevron bajo las normas UNCITRAL, en contra del Estado ecuatoriano. Esa acción es porque supuestamente la transnacional fue víctima de un juicio injusto en el Ecuador, según Chevron, la multinacional no pudo defenderse adecuadamente en el caso, además se sobornaron a jueces. En realidad, pese a esas aseveraciones, no existe ninguna prueba real que de credibilidad a los argumentos de la empresa. Sin embargo, los árbitros el pasado 7 de septiembre publicaron el laudo arbitral en el que disponen entre otras cosas, que el Estado aplique los mecanismos adecuados para anular la sentencia de las y los pobladores de Lago Agrio, y que el Estado aplique las medidas necesarias para impedir que estos puedan ejecutar la sentencia fuera del Ecuador.

Como decíamos al inicio, son dos acciones distintas. El Estado no es parte del juicio de las comunidades contra Chevron y las comunidades no son parte del Arbitraje de Chevron contra el Estado. Pese a esto, los árbitros interpretan el Tratado Bilateral de Inversión (TBI), de tal forma que al ver que Chevron está acorralada, por la justicia y los valientes pueblos de la Amazonía, corren a salvar a la multinacional sin valorar que se están violando los derechos humanos de más de 30.000 personas.

En conclusión, legalmente no debería afectarnos para nada ese laudo, pero los árbitros a toda costa pretenden salvar a Chevron. Ellos saben que ellos no pueden anular la sentencia, porque sería una intromisión en el sistema judicial de un Estado soberano; lo que hacen es ordenar al Ecuador que anule la sentencia, en otras palabras, ordenan al Estado que viole su propia Constitución.  Nosotros como UDAPT, que es la organización social que lleva esta batalla adelante, no vamos a permitir que el Estado viole nuestros derechos y lo hemos dicho, en el supuesto caso, que el Estado ecuatoriano en cumplimiento del laudo arbitral pretenda impedir que podamos ejecutar la sentencia, no nos queda otra opción que demandar al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta decisión, a pesar de que nosotros no tenemos Tratados Bilaterales de Inversión vigentes con Estados Unidos desde mayo del 2017, ¿obliga al Estado pagar las indemnizaciones por la contaminación de Chevron a las comunidades o todavía hay más recursos por parte del Estado?

Si, Ecuador denunció el tratado en el año 2017. Pero el arbitraje ya había sido planteado antes. Además, el mismo tratado tiene una cláusula de supervivencia de 10 años más, a partir de la denuncia, es decir que el TBI con Estados Unidos sigue vigente. El problema más grave es que los árbitros aplican el TBI de forma retroactiva, rompiendo el principio de la retroactividad de la ley. Eso es grave. Recordemos el TBI con Estados Unidos, fue firmado en el año 1993, durante el gobierno de Duran Ballén y Dahik, y entró en vigencia en el año 1997. Chevron concluyó su contrato en el año 1992. Es decir, el TBI entró en vigencia 5 años más tarde.

En el mismo sistema de arbitraje no existen otros recursos de apelación. Eso esa es una de las cosas raras del sistema arbitral, no hay apelación ante un superior. El Estado tiene derecho a presentar el recurso horizontal de nulidad ante el sistema judicial holandés.

Entendiendo la diferencia entre un proceso de arbitraje y un proceso judicial, ¿Esta resolución afecta a la estrategia de homologación de la sentencia judicial de la Corte Constitucional ecuatoriana en otros países con la finalidad de cobrar la indemnización?

Estrictamente en derecho no tiene por qué afectarnos. Nuestro caso es privado, de afectados vs. Chevron. El Estado no es parte del caso nuestro. Nosotros tampoco somos parte del arbitraje. Sin embargo, estamos seguros que ahora Chevron irá a las cortes de ejecución con ese laudo arbitral para tratar de impedir que podamos ejecutar la sentencia. Será un obstáculo más, pero lo venceremos; todo esto demuestra que cada vez se suman más obstáculos para que los pueblos tengamos acceso a la justicia, frente a las multinacionales.

Ya que las pretensiones de la empresa son no aceptar los pasivos ambientales y cargar la responsabilidad de la reparación al erario público del Ecuador. ¿Ha sido correcta la defensa del Procurador y su equipo al Estado ecuatoriano, o, por el contrario, vulnera los derechos de las y los damnificados, así como del país en general al pretender que carguemos con esa cuenta?

Yo no tengo facultad para juzgar si la defensa del Estado es la correcta o no. Desde mi punto de vista con conocimientos limitados, sé por ejemplo que, debido a la defensa del Ecuador, es decir cuando el Estado destruía los argumentos de Chevron, esta se veía obligada a replantear el caso de cero. Lo hizo por dos o tres veces. Me parece que antes de juzgar si la defensa es o no acertada, se debe revisar el trabajo hecho. Tengamos en cuenta que, en los arbitrajes, el resultado no depende mucho de la defensa técnica, los Estados juegan con desventajas en el sistema, los afectados no pueden acudir a esos sistemas. Como UDAPT, primero no estamos de acuerdo y lucharemos para evitar que el Gobierno pretenda violentar nuestros derechos, pero también nos oponemos a que sea el Estado quien tenga que pagar esa deuda.

La injusticia se agravaría. Pensemos, vino Chevron al Ecuador saqueó nuestra riqueza hidrocarburífera y se la llevó, dejando destruída gran parte de la Amazonía, causando la muerte de cientos de personas con cáncer, leucemia.

Las y los afectados perseguimos a esta multinacional para que pague por el crimen cometido, ahora vienen ellos y atacan al Estado, le ganan un arbitraje y toca pagarles. Eso no podemos aceptarlo, debemos trabajar en equipo para defender la Amazonía, la soberanía y dignidad de nuestro país.

Tomando en cuenta la inmensa campaña de relaciones públicas que la transnacional sostiene en contra del Ecuador, las y los damnificados, así como los equipos legales, ¿cuál es la lectura que tiene sobre la postura que ahora asume el gobierno de Moreno, ya que, al parecer este caso fue uno de los tratados en la visita del vicepresidente Pence al Ecuador?

Lo que estamos viviendo es preocupante. Primero, en el mes de septiembre del 2017 el señor Pablo Campana, afirmó que iría a los Estados Unidos a reunirse con Chevron para buscar una salida negociada a un caso de 23 años. ¿Me pregunto qué tiene que ver el Ministro Campana en un caso del cual no es parte? ¿Qué tiene que negociar él en este caso? ¿Se reunió con Chevron con la autorización del presidente Lenin Moreno? Luego de eso, estuvimos en una real odisea en la Corte Constitucional previo a la resolución que emitió en el caso Chevron, donde al parecer existieron serias presiones a los jueces de la Corte para que acepten la Acción Extraordinaria planteada por Chevron. Afortunadamente los jueces emitieron un fallo como corresponde, apegado al marco constitucional.

Tengamos en cuenta que el Laudo Arbitral, se emitió con fecha 30 de agosto, se hizo público el 7 de septiembre, lo que quiere decir que el Gobierno tuvo una semana para preparar su estrategia de comunicación. Pero esa estrategia inicialmente fue culpar al Gobierno anterior, es decir, que, según el Gobierno, se acusaría al ex presidente Correa como responsable de la derrota en el arbitraje. Esa estrategia me parece altamente irresponsable. No defendemos a ninguna autoridad ni del presente ni del pasado, pero tampoco nos debemos dejar engañar. Los demandantes tuvimos mucho cuidado y evitamos que no haya interferencia de ninguna naturaleza en este caso. Eso dio resultado, noten ustedes que el mismo panel de árbitros, pese a que sirven a Chevron, no encontró ninguna prueba de interferencia del ejecutivo en este caso. Por otra parte, frente a la “Campaña la mano sucia de Chevron”, debo decir que nosotros como UDAPT, nunca fuimos parte de esa campaña, era una campaña propia del Gobierno. Pero es descabellado decir que esa campaña incidió en el resultado. Hay que diferenciar, una cosa es la campaña mediática y otra cosa es la defensa técnica que hace la Procuraduría.

Finalmente, en los reportes de prensa se indica que parte de la decisión de los árbitros deja abierta la posibilidad para presentar nuevos reclamos por daños personales y violación de derechos individuales. ¿Esta decisión no se va en contra de la Constitución y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades afectadas?, en el caso que el Estado acepte esto, ¿cómo se verán afectados los procesos colectivos de reclamación frente a pasivos ambientales?

Esta parte del laudo demuestra que los señores árbitros solo conocen el derecho comercial, mercantil, corporativo y financiero. No conocen los derechos humanos, mucho menos los derechos de los pueblos indígenas. Veamos lo descabellado de lo dicho por los árbitros. Primero, los derechos nuestros y de los pueblos nos concede y garantiza nuestra Constitución, no el panel de árbitros ni el laudo arbitral. Segundo, los pueblos indígenas tienen el territorio en sentido comunitario, es decir que su territorio no es privado si no comunitario, preguntemos no, ¿cómo un indígena puede demandar por daños a su propiedad? Además, en el Ecuador, ninguna persona puede demandar dos veces por una misma causa. Si ya tenemos una sentencia legítimamente ganada, ¿para qué vamos a necesitar iniciar nuevos casos? Finalmente, en la práctica sería imposible que una persona pueda sola enfrentar y ganar un juicio a Chevron. Esa disposición es absurda e inaceptable.

En resumen, el laudo es inaplicable legalmente en el Ecuador. Lo que debe hacer el Estado es buscar su nulidad y evitar seguir cayendo en más arbitrajes en el futuro.