25 de mayo: Ecuador se moviliza bajo amenaza de represión
Ecuador vivirá una jornada de movilización social a nivel nacional este 25 de mayo. Nuevamente el pueblo es convocado a las calles, tal como pasó en octubre, debido a las medidas económicas de shock que el Gobierno ha aplicado. La emergencia sanitaria por el COVID 19 se ha convertido en el escenario perfecto para aplicar el guión dispuesto por el FMI, sin embargo, la crisis económica inducida por el propio aparato estatal tarde o temprano iba a estallar a favor de empresarios y cámaras; era básicamente cuestión de tiempo.
Previo al anuncio de las movilizaciones convocadas por diferentes sectores, tales como trabajadores, campesinos, pueblos y nacionalidades, estudiantes, organizaciones feministas, entre otras, el secretario de gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló de forma contundente que a toda movilización que sobrepase los “límites de la legalidad” y no contemple los protocolos de bioseguridad necesarios, convirtiéndose en un foco de contagio comunitario de COVID 19, se le aplicará “todo el peso de la Ley”.
Esta declaración se encuadra en la política represiva y de persecución política que ha desplegado sistemáticamente el Estado y sus aparatos de seguridad desde hace tres años, cuyo resultado es la constante violación de los derechos humanos y libertades, que en teoría, están consagradas en la Constitución de la República. De esta forma, Roldán aclara desde ya contra quienes “irá”: indígenas, “correístas”, estudiantes, trabajadores; es decir, todo quien alce su voz de descontento frente a la trágica deriva del país.
La represión y persecución, como ya se observó tras el Paro Nacional de octubre de 2019, superará todas las identidades particulares, sea políticas u organizativas. Sin ningún tipo de consideración el Estado actuará con todo el peso que la ley le faculta, básicamente, los sectores populares se encuentran ante una clara y contundente política de exterminio a gran escala.
Este 25 de mayo, todas las movilizaciones convocadas se enfrentan no solo a la posibilidad de contagio de COVID 19 – vale recordar, que según el Ministro de Salud para el caso de Quito, 1 de cada 5 habitantes son portadores del virus –, debido al debilitamiento del sistema de salud pública mediante recortes y despidos desde hace más de un año, sino también ante la amenaza declarada de la persecución y represión. De esta forma, el Estado no trata solamente de descolocar las movilizaciones, sino también, como es costumbre, de culpabilizar al pueblo del contagio, más no asumir su responsabilidad como el ente que lo llama a las calles nuevamente.
Foto: Iván Castaneira
