Amnistía tributaria: llegó el turno de los ricos

La amnistía tributaria planteada por Moreno y su equipo de trabajo, será sobre el 100% de las multas e intereses que las empresas tengan con el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que según los expertos, constituirá un 96% de los ingresos líquidos que el Estado recibirá con la implementación del Plan Económico.

Esto quiere decir que a las grandes empresas nacionales y transnacionales, en el plazo de 90 días, se les perdonará un monto que podría llegar, según cálculos del mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de 4.600 millones aproximadamente, un monto nada despreciable que denota una medida fundamentalmente política.

Según el Gerente del SRI, Leonardo Orlando, la condonación de los grandes contribuyentes dejará 600 millones este año en las arcas del fisco, lo que devela el verdadero sentido de la medida: generar liquidez inmediata para salir del hueco fiscal en el cual nos encontramos.

Ahora, las medidas de ajuste fiscal, que tratarán  de nivelar los ingresos con los egresos que tienen el Estado, están caracterizadas en este plan por estar centrados en maximizar el beneficio de los grandes empresarios. Desde los nuevos tipos de contratos – que son una puerta clara hacia la precarización – hasta la condonación de las deudas por falta de pago de impuestos, todas las medidas, de una manera u otra, están enfocadas en beneficiar a los ricos y no al pueblo.

Pues bien, la amnistía tributaria, si se nos permite resumirla, la podemos entender como un mecanismo que premia a la irresponsabilidad y la mañosería. Da una sensación de impunidad a aquellos que si pagan impuestos responsablemente e implica una gran pérdida de recursos futuros para tener dinero inmediatamente.

Deudas en firme y deudas impugnadas

Diego Martínez, presidente del Comité Empresarial del Ecuador, en entrevista con el portal web Ecuador Inmediato, señaló que frente a las opiniones levantadas contra la medida, las que identifican a la amnistía como un proceso que perdona las deudas y por lo tanto, la irresponsabilidad de las empresas, afirmó que todavía estas no se han declarado en firme; esto quiere decir que hay un proceso en el juzgado.

De la misma manera, y siguiendo una perversa lógica argumental que pretende justificar un gran golpe en contra de los intereses populares en base a una situación de indefinición, diario “El Comercio” en una nota del 9 de abril intitulada “5000 empresas podrán acogerse a la remisión”, dijo que los 4600 millones de dólares no han podido ser recaudados debido a juicios tributarios.  Esto es mentira, puesto que el monto total adeudado no es sujeto a revisión.

Según el Código Tributario, artículo 99, las deudas en firme son las que están en procesos de cobro, mientras que las impugnadas, son actos que pretenden modificar, revocar o invalidar un acto administrativo que se tramita ante el SRI o en los Tribunales de la República. Por lo tanto, la amnistía, a pesar de abarcar ambos campos se enfoca en las impugnadas, ya que son las que están en firme; perfectamente pueden ser cobradas con los mecanismos que da la propia ley.

Así las cosas, un 63% de deudas son impugnadas, por tanto, podrán ser cobradas en caso de que las empresas renuncien a cualquier tipo de acción legal en el Ecuador o en tribunales internacionales, un 37%  de total de empresas tienen sus deudas en firme; a estas también se les perdonará la totalidad de la deuda.

Por tanto, no es que el 100%  de las deudas están en procesos judiciales o administrativos, como lo tratan de hacer pasar. ¿Qué tratan de esconder?

Objetivo: atraer capitales y beneficiar a los grandes empresarios

La amnistía tributaria no puede ser leída únicamente desde el déficit fiscal o la tesis del sobre endeudamiento. Debe ser entendida como una señal para generar confianza en los inversores capitalistas internacionales y como una forma de congraciarse con los mercados internacionales dependientes de los Estados Unidos.

Si se quiere, es una prueba de fidelidad del gobierno de Moreno para con los grandes capitales, sean nacionales o extranjeros. Por ejemplo, entre los mayores deudores que siguen diferentes litigios con el país para no pagar sus impuestos, tenemos una gran cantidad de empresas domiciliadas en el extranjero - muchas relacionadas con el mercado petrolero -, como AGIP de Holanda, Repsol de España o Andes Pretoleum que está domiciliada en las Bahamas.

Más no son los únicos, ya que hay empresas de telefonía como MOVISTAR, bancos nacionales como Pichincha, Guayaquil y Produbanco, también empresas de las más poderosas familias, como los Noboa, Lasso, Eljuri, Egas, Herdoiza y Wong. En fin, la crema y nata del capitalismo criollo, quienes van a recibir un gran premio por ser incumplidos con el fisco.

Cabe cerrar este acápite con una última reflexión: muchas de las deudas son por no pagar al impuesto a la renta; los dueños y accionistas se niegan a pagar la ganancia que extraen mediante la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Esto le da una nueva dimensión al tema, ya que se premiará al ansia de lucro privado - el trabajo es colectivo, no individual -,  y la falta de responsabilidad social de estas empresas frente al conjunto de la nación.

Conclusión: ajustar hacia abajo, aflojar hacia arriba

Podríamos sostener que el plan económico de Moreno, que llegó de manera tardía por las condiciones políticas del proceso de “descorreización” de la política, como algunos lo han llamado al enfocarse en el ajuste del déficit fiscal, propone al Ecuador algunas medidas de ahorro, generación de liquidez, fortalecimiento del aparato productivo para ingresar dólares y salvaguardias momentáneas para evitar su fuga.

En cuanto a la generación de liquidez, que es el centro del presente reporte, hay dos grandes medidas, la primera la amnistía tributaria, de la que ya tenemos conocimiento de su funcionamiento a través de los medios de comunicación, y la amnistía de la mora patronal con el Seguro Social, de la cuál poco se ha hablado, pero que es igualmente un golpe a los trabajadores y trabajadoras.

Las medidas, en general, implican ajustar hacia abajo, esto quiere decir, afectar a los y las trabajadoras  con nuevos tipos de contratos y despidos del sector público. Y a su vez, aflojar hacia arriba, perdonando su falta de responsabilidad, como en el caso de la amnistía tributaria y sobre la mora patronal.

Finalmente, si el déficit bordea el 5,3% del Producto Interno Bruto y las deudas de las grandes empresas con el SIR el 4,6% del PBI, la pregunta sigue en el aire ¿es realmente la amnistía la mejor manera de salir de problema fiscal, o simplemente se usó este escenario político para beneficiar a la oligarquía local y sus socios extranjeros?

Quedará pues, sobre la mesa de discusiones, esta interrogante, entendiendo claro que el cobro de la cartera vencida del SRI es compleja y de ninguna manera inmediata, pero si a cualquiera del pueblo se le olvida declarar mensualmente el RUC, o si es que por diversos problemas no puede pagar impuestos, nadie perdona nada, como sí se lo hace con los millonarios en nuestro país.