Caso Chevron III: algo huele mal en la corte de La Haya... también en Ecuador

A medida que pasan los días, y se desenreda el ovillo del caso Chevrón III – referente a la demanda de la multinacional interpuesta contra Ecuador en un Tribunal de Arbitraje –, la sensación de estar asistiendo a la liquidación de cualquier resquicio de estructura democrática y soberana en los procedimientos estatales, empieza a acelerarse hasta el vértigo.

 En apariencia, los hechos no hacen más que confirmar lo que ya sabíamos de antemano: un país que se somete a los lesivos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) o a los Acuerdos de Libre Comercio tiene, en general, pocas posibilidades tiene de defenderse de futuras demandas en tribunales y cortes de arbitraje cuya estructura comporta una serie de privilegios para los inversores privados, en detrimento de los titulares de derecho público, como los Estados.

La moraleja sin duda es, si no quieres perder demandas millonarias, no firmes tratados que te sometan a tribunales de arbitraje. Alguien  debería escribir esta moraleja con fuego en la oficina del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, empeñado en suscribir TBI’s a toda costa, toda vez que para Campana las disposiciones constitucionales que lo prohíben expresamente son simplemente papel mojado.

Algo está podrido en La Haya y no hemos sido nosotros quienes fabricamos estas reglas[1]. Sin embargo, ¿están salvadas las responsabilidades del Estado (y de los gobiernos) bajo este argumento?

El ovillo del caso Chevron III se revela más complejo. Tenemos al menos tres elementos para aplicar a la pregunta de si se han hecho – y más importante, se harán – todos los esfuerzos posibles por parte del Estado para defender la sentencia de la Corte de Sucumbíos contra Texaco. 

El primero se refiere al inquietante silencio del Estado ecuatoriano en relación a la pregunta de ¿cuál fue la estrategia de defensa del Ecuador en el Tribunal de Arbitraje de la Haya? Esta pregunta – válida tanto para el equipo que nos representó durante el gobierno de Correa, como al que nos ha representado durante el mandato de Moreno – resulta nodal para comprender los caminos que quedan para impugnar o estimar la aplicabilidad del laudo.

¿Ha tomado en consideración el Procurador General del Estado el hecho de que Ecuador denunció – en 2016 –– un conjunto de 16 TBI´s,  incluyendo el que fue materia de controversia con Chevron?   

Las consideraciones de este tema son no menores. Los tratados en cuestión fueron denunciados por inconstitucionales, es decir por no cumplir las reglas de procedimiento previstas por las diversas constituciones que estuvieron vigentes durante la signatura de los tratados.  En caso de impugnar el laudo o incluso de desacatarlo, la inconsistencia del mismo con los procedimientos constitucionales es un tema importante desde el punto de vista jurídico. ¿El equipo jurídico del gobierno anterior empleó esta defensa? ¿Por qué se tardaron hasta 2017 para impugnar los TBI’s?

En lugar de aclarar y poner en marcha la estrategia de defensa, (y si no la hubo, es necesario denunciarlo)  el Procurador General del Estado se dedicó a ensayar excursos argumentales orientados a preparar a la opinión pública para un resultado adverso. Lo más inquietante  es que el Procurador, Iñigo Salvador,  ya conocía el contenido del laudo, cuyo resultado había sido notificado siete días antes de su publicación, de acuerdo a fuentes del Estado ecuatoriano y de la propia Chevron.

Ni una llamada a los afectados, ni una reunión para clarificar el siguiente paso. En su lugar, declaraciones desprolijas e irresponsables a la prensa por parte del Procurador y el Secretario Jurídico de la Presidencia.

Un segundo tema es,  no ya el silencio sobre la estrategia en La Haya, sino las evidencias de que el Estado carece hoy de una estrategia para enfrentar el fallo. Unos días Salvador declara que es muy difícil impugnar el laudo, otros días señala que no hay que descartarlo, y unos días después – antes de recibir la respuesta de los afectados – señala que podría abrirse la posibilidad de que los afectados realicen otro juicio contra Texaco. ¡De locura!

Un tercer trazo del ovillo, quizá el más preocupante de todos, está contenido en la carta abierta que dirige  Andrés Arauz, a nombre del Observatorio de la Dolarización, al asambleísta Esteban Albornoz. Allí, Arauz denuncia la falsedad jurídica de un documento memorándum remitido por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en cuyo contenido se podía leer un segundo “alcance” al veto presidencial de la Ley de Fomento Productivo (Trole III) aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador.

Hoy sabemos que ese documento, nulo en términos de procedimiento jurídico tanto por forma como por contenido, englobó una serie de cambios de última hora,  a varios cuerpos jurídicos, entre ellos la eliminación de las reformas del 2015 al Código Orgánico de Procedimientos (COGEP) que imponía ciertos filtros legales para que los laudos emitidos en sede extranjera puedan ser aplicables en el derecho ecuatoriano. Aquí perdimos una de las herramientas jurídicas más importantes para enfrentar el laudo de la Corte de la Haya. ¿Quiénes son los responsables de esta barbaridad jurídica? ¿Qué mano redactó este segundo alcance al veto a  la Ley de Fomento Productivo?

El ovillo va trazando hilos sospechosos. Algunos de ellos vienen de lejos. Otros son más recientes. Hace un año el Ministro Campana declaraba sin empacho que el Gobierno ecuatoriano buscaba llegar a un acuerdo con Chevron para solucionar “este problema que ya tiene 23 años”. Dicha declaración, supone una intromisión del poder ejecutivo en juicio que no le compete pues fue entablado por los afectados[2].  En febrero de 2018, Todd Chapman, embajador de los Estados Unidos, sostenía que Ecuador debía resolver 10 temas irritantes para los Estados Unidos, antes de pensar en un acuerdo comercial.

Hilos todos provenientes de un mismo trazo. La posibilidad de sacrificar al país para obtener beneficios comerciales y alineamientos geopolíticos que, aunque contravienen el interés colectivo, resultan un apetitoso pastel para repartir entre los grupos de la élite económica local.

Algo huele mal en las Cortes de la Haya. Pero también algo está podrido en Ecuador.

[1] A lo mejor habría que aplicar el derecho de repetición contra los gobiernos de Durán Ballén y Mahuad por haber firmado estos acuerdos.

[2] Es necesario diferenciar el juicio instaurado por los afectados contra Chevron Texaco desde 1993 y cuyo desenlace se dio en la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbios en 2011, y la demanda efectuada por Chevron al Estado Ecuatoriano (Chevron III) ante la Corte de La Haya,  en base al acuerdo bilateral de inversiones que amparaba y protegía a Chevron.