Control, seguridad e inteligencia
La decisión del Presidente Lenin Moreno de desaparecer la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) ha sido recibida de diferentes maneras por sectores políticos y sociales. A pesar de que Moreno no fijó con claridad cómo se reorganizarán las tareas de inteligencia, sectores de oposición al proyecto conocido como la Revolución Ciudadana, incluyendo a cierta parte de la izquierda, tomaron con júbilo la noticia porque consideran a dicha institución parte fundamental del aparato represor del correísmo, sin tomar en cuenta quién o quiénes, serán los nuevos responsables de la seguridad, ni su función en el nuevo escenario político.
Acabar con el control civil –por lo menos en apariencia- del servicio de inteligencia, esconde una serie de tensiones políticas y militares que pueden retrotraernos a una doctrina añeja, de cuño corporativo, anclada en un ferviente anti comunismo. El resultado de esta decisión, puede acelerar las condiciones de uso y legitimidad de la represión estatal, a medida que las decisiones de ajuste fiscal desde el Ejecutivo generen malestar en el pueblo y éste se vea obligado a movilizarse.
Entonces, ¿eliminada la SENAIN, qué viene? ¿Reactivación con fuerza de los sistemas de inteligencia militar y policial bajo estricto control de militares y policías? ¿Creación de una nueva institucionalidad de inteligencia civil adscrita a presidencia? El silencio con el que opera el Gobierno es preocupante, ¿por qué la ciudadanía, el pueblo, no participa en estas decisiones tan importantes en materia de seguridad?
¿Terrorismo en Ecuador?
Los últimos hechos de violencia ocurridos en Esmeraldas, catalogados como ataques narco terroristas ligados a sectores disidentes de las FARC que renegaron de los Acuerdos de la Habana y cuentan con el auspicio de carteles mexicanos, ponen en primera plana las tensiones políticas alrededor de las tareas de inteligencia; ¿Quién debe tener el control sobre el servicio de inteligencia: civiles o militares?
En menos de dos meses se han dado seis ataques; tres enfrentamientos con fuego cruzado, el primero en El Pan el 19 de febrero, sin heridos, el segundo en Alto Tambo el 18 de marzo, y el tercero nuevamente en el Pan, dejando dos soldados heridos. Dos atentados directos contra infraestructura de las fuerzas de seguridad nacionales, el primero con un coche bomba que destruyó el cuartel de policía de El Pan y dejó más de 40 heridos el 23 de enero, y el segundo, el 17 de marzo contra el retén naval de Borbón, dejando tres marinos heridos. Finalmente, el 20 de marzo atacaron con un explosivo artesanal a una patrulla militar en la carretera San Lorenzo - Mataje, con saldo de tres fallecidos y diez heridos.
Este nuevo escenario de violencia vinculada con el narcotráfico, inédito en el Ecuador y que parece estar fuera de control, puede cambiar el eje del direccionamiento de las tareas de inteligencia –de los civiles a los militares-, ya que la institución civil es ahora entendida como una institución inútil, enfocada al espionaje político e inoperante para garantizar la defensa de la frontera, y por ende, de la seguridad interna. Por lo tanto, la potenciación de los factores de riesgo tradicionales, como el narcotráfico y la frontera norte, más la emergencia de una nueva amenaza en la forma de ataques terroristas, generan condiciones políticas para un posible retorno de la inteligencia al control militar y policial, desplazando al campo civil del mismo.
Tradición y doctrina
La doctrina de seguridad interna y externa del Estado, tradicionalmente, ha estado vinculada a los intereses de los Estados Unidos y la implementación de su agenda política, ejerciendo una gran influencia en el enfoque represivo y la cultura institucional de la inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), actuó con absoluta autonomía desde finales de las década de los 70, hasta el 2005, cuando apenas se aprobó su reglamento de funcionamiento, generando una práctica propia, anclada a la impunidad, la represión, el asesinato, el secuestro y la desaparición forzada.
Durante los 33 años que la DNI operó sin reglamento se construyeron una serie de redes de intereses, típicas de la política ecuatoriana, que direccionaron el enfoque de las tareas de inteligencia, enclaustrándolas en la lógica militar-policial y su funcionalización en torno a objetivos clientelares y corporativos, que si bien no fue análoga al fascismo del cono sur durante los años ochenta, se constituyó en uno de los elementos para legitimar la persecusión, detención arbitraria, tortura y desaparición de luchadores sociales así como de personas que no estaban activamente en la política, como los hermanos Restrepo, población LGBTI, campesinos y personas en situación de calle.
Las preguntas quedan en el aire. ¿Cambió en algo la perspectiva represiva de la inteligencia durante los últimos 10 años? ¿La SENAIN aportó a transformar la doctrina y tradición de la inteligencia en el Ecuador?
Constitucionalizar la seguridad y ponerla al servicio del pueblo
En el ataque colombiano a Angostura (2008) se constató la colaboración de la inteligencia ecuatoriana con la colombiana, pues facilitó las coordenadas para que se bombardeara suelo patrio, suceso que generó las condiciones necesarias para consolidar la dirección civil de la inteligencia por el Ejecutivo. Así, se unificaron todos los sectores que desarrollaban tareas de inteligencia (Ejército, Aviación, Marina, Policía) bajo un mando unificado y civil, dando un sentido unitario a los subsistemas militares y policiales con el fin de ejercer control sobre ellos, tratando de sacarlos del pensamiento binario de la guerra fría y su relación con la embajada estadounidense.
Lastimosamente, y por varias razones, esta tarea fracasó, cuando un año y meses después, el 30 de septiembre del 2010, un grupo de militares tomó el control de la institucionalidad, replicando prácticas añejas, ahora enfocados en investigar a los opositores de turno. Es así que entendemos que el problema no es quién opera el proceso de inteligencia –civiles o militares-, sino la cultura que se genera alrededor de esta práctica.
La concepción hegemónica en nuestra región, con excepciones como Cuba y la Venezuela en Revolución (que retoma el ideal bolivariano de su fuerza armada y construye un proceso de unión cívico-militar) es la norteamericana, por lo tanto es un asunto doctrinario y constitucional, además de un tema complejo de tratar por las repercusiones que puede llegar a tener en lo político y social.
Entendemos que la inteligencia al servicio del Estado es una necesidad para el mantenimiento de la seguridad del mismo, ya que, independientemente de si esta se encuentra bajo el control de civiles o militares, sus herramientas serán utilizadas en contra de la población si es que este Estado está al servicio de la clase dominante. Sin embargo, sobre el campo de lo civil existe una mayor posibilidad de control por parte de las organizaciones políticas y sociales, siempre y cuando la correlación de fuerzas se incline hacia el bando popular y exista un proyecto de transformación revolucionaria del Estado, es decir, el desmantelamiento progresivo de sus facultades represivas y la institucionalidad burguesa reemplazada por mecanismos de autodefensa e instituciones organizadas sobre el poder popular.
Finalmente, el asunto no es solo que el direccionamiento debe ser civil, sino que el enfoque de las tareas, procesos y circulación de la inteligencia debe ser constitucionalizada, ponerse en servicio del pueblo, no de intereses extranjeros ni corporativos. Es tiempo de pensar una doctrina de seguridad interna y externa desde los pueblos, que tome como eje fundamental la unidad de América Latina y su proyección estratégica como bloque regional.
