Ecuador y su crisis institucional autoinducida
“Transparencia y legalidad son claves para fortalecer la democracia, que es nuestra meta primordial.”
Lenín Moreno, 05.06.2019
La semana pasada concluía la visita de la Misión Técnica del FMI, encargada de evaluar el desempeño del Estado ecuatoriano respecto a las reformas propuestas/impuestas por la misma entidad crediticia en marzo de este año. Según las conclusiones del informe de esta misión, el Ecuador aprueba con nota sobresaliente el examen preliminar, perfilándose como alumno ejemplar del tan notable acreedor internacional y como candidato predilecto a seguir recibiendo los desembolsos financieros acordados, para los cuales nos seguiremos sometiendo a exámenes periódicos hasta 2022 y a las condicionalidades hasta quién sabe cuándo.
Luego de la “década perdida”, parece imperar el imaginario que el actual presidente y su gabinete apuntan a recuperar la institucionalidad para el colectivo, después de un desmantelamiento sistemático de esta por parte del proceso comandando por Correa, la Revolución Ciudadana. Así lo aseveraba Moreno en su Informe a la Nación el pasado 24 de mayo, al jactarse de “recuperar el Estado”, gracias a un plan de austeridad, combinado con una dosis de lucha anti-corrupción y un proceso de remisión tributaria, el cual pretende reducir el “hueco fiscal”, convirtiéndose así en el coctel perfecto salido del recetario neoliberal.
Sin duda es posible arremeter con distintivas y coloridas interpretaciones ideológicas tanto contra Correa como contra Moreno. Observando con mayor profundidad analítica, sin embargo, es imposible desconocer el intento de creación y proyecto de Estado (burgués) que se pretendió con el proceso denominado como Revolución Ciudadana. Para dar un ejemplo, no fue sino hasta mediados de la primera década de los 2000 que el Banco Central del Ecuador comenzó a publicar información estadística económica constante, periódica y sobre todo confiable. Antes, ni siquiera el FMI confiaba en los datos estadísticos emitidos por entidades ecuatorianas, tildándolos como inexactos, dudosos y manipulados.
Al igual que los sucesores de otros gobiernos progresistas en la región, Moreno y su administración se han esmerado en demonizar a los gobiernos pasados, denunciando una aparente erosión del institucionalismo estatal a causa de fuerzas políticas populistas, supuestamente empeñadas en socavar la institucionalidad para su propia ventaja económica. Detrás de este discurso se esconden varios dispositivos ideológicos, instrumentos para construir una narrativa separatista en términos temporales e históricos, erosionando de tal manera una aparente continuidad tanto entre gestiones como respecto a una supuesta estructura institucional, la cual se pretende defender.
El legado de uno los grandes defensores de la institucionalidad en el Ecuador, el ya no existente Julio César Trujillo, representa perfectamente el oportunismo que hegemoniza la clase política cercana a los círculos del gobierno actual de Moreno. Bajo una narrativa de recuperar el Estado, el elemento que pasa a imperar en toda decisión política y económica es el estado de condicionalidad al que nos autoimpusimos de forma agresivamente dogmática, aceptando los preceptos del imaginario de una crisis autoinducida, producto de una cortina de humo en la que se entrelazan conceptos como “derroche”, “prosperidad artificial” o “endeudamiento oneroso”, para nombrar algunos de los artilugios discursivos producidos por Moreno de manera constante.
La corrupción no comenzó ni terminó con Correa, ni acabará bajo las circunstancias a las que estamos sometidas las sociedades capitalistas. La corrupción es omnipresente además de sistémica y estructural, pasando a reforzar y profundizar patrones de desigualdad en cualquier latitud del planeta. Un sistema corrupto termina por reproducir lógicas que propician y fomentan la corrupción y la excepción termina por convertirse en la norma. Moreno podrá crear cuantas Comisiones Anti-Corrupción quiera, auspiciadas por las Naciones Unidas o por cualquier otro organismo en éste sentido, que no eliminará la corrupción.
En definitiva, pensar que Moreno recuperará el Estado sería igual de utópico e ingenuo como creer (en su época), que Gorbachov no traicionaría a la Unión Soviética, terminaría por dinamitarla y la vendería al mejor postor…disculpen, el que terminó por vender a la URSS no fue Gorbachov sino Jelzin. Hace falta entonces esperar a nuestro Jelzin de los trópicos, el auto-abanderado posible próximo presidente del Ecuador, Matraca, alias Jaime Nebot. Este terminará por perfeccionar el aparato represivo del Estado, sueño de su mentor y padrastro político Febres Cordero y combinará su política de control social con una flexibilización económica sin precedentes, la cual, sin el duro trabajo de desinstitucionalización promovido por Moreno, sería inconcebible. Sin duda, este supone ser el panorama para el Ecuador en un futuro próximo.
Mientras Matraca se hace esperar, el actual gobierno continuará con lo dictado al pie de letra del manual de recetas impositivas de ajuste, elaborado tras los escritorios de alguna oficina en Washington. Estos dictados ya demandan la subsecuente privatización de las empresas del Estado, o al menos las que mayores utilidades produzcan, como Tame, CNT, incluyendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
¿Permitiremos que esta venta se efectúe frente a nuestros ojos, como hemos permitido el desmantelamiento continuo de nuestro colectivo durante los últimos dos años? Cabe preguntarse de qué lado nos encontraremos al contar esta parte de nuestra historia en el futuro…
