Estallido popular en Perú: lucha de clases en el claroscuro
El 7 de diciembre, un sobreseimiento del poder realmente existente constituido en el Perú -al igual que en el resto de los Estados burgueses en la periferia capitalista- rompía con el orden democrático electoral. El hasta entonces presidente constitucional, Pedro Castillo, era removido del cargo por el Congreso por “permanente incapacidad moral”, después de que el entonces presidente declarase su disolución y la instauración de un gobierno de emergencia.
El miércoles pasado, Castillo enfrentaba la tercera moción de vacancia frente al Congreso desde asumir funciones el 28 de julio de 2021, en un intento de la burguesía político-empresarial vinculada al ex presidente y condenado por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Una ubicua coherencia ideológica de Castillo, además de una subestimación de lo que realmente representa el engendro político-mediático burgués al que se enfrentó, le pasaron factura. Incluso antes de la posesión de la vicepresidenta Dina Boluarte como sucesora, Castillo fue apresado camino a la embajada de México en Lima. Los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México declararon desconocer la presidencia de Boluarte, en un espaldarazo político a Castillo, solicitando además la emisión de medidas cautelares a su favor, después de que México iniciase el trámite de asilo político. En este contexto explosivo, el 12 de diciembre Castillo declaraba mediante un escrito que continúa siendo el presidente de Perú.
En términos históricos, la actual crisis política se encuentra estrechamente entrelazada al rol de la burguesía y su bloque político autoritario ligado a la oligarquía empresarial y la ultra derecha. El Estado peruano fue uno de los pioneros en implementar la doctrina del shock neoliberal a inicios y durante la década de los 90s, al mando del entonces presidente plenipotenciario, Alberto Fujimori. En medio del extermino al pueblo y la clase trabajadora que significó la Guerra Popular en el Perú, y la implementación sistemática de tácticas contrainsurgentes y discursivas en torno al enemigo interno, Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992, manteniéndose en el poder de forma autocrática hasta el 19 de noviembre del 2000. Tras su deposición y subsecuente exilio en Japón, Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos y su responsabilidad directa en varias masacres, por lo cual continúa en prisión. El régimen fujimorista impuso la práctica sistemática de la esterilización forzada a más de 200.000 mujeres indígenas y populares, constituyendo su política de Estado como un instrumento de genocidio al pueblo del Perú. La guerra interna librada por el Estado burgués contra Sendero Luminoso en los años 80s y 90s cobró la vida de más de 70.000 personas.
30 años después, desde el denominado “golpe tras el autogolpe” el 7 de diciembre, el pueblo peruano inició movilizaciones masivas, paros productivos y logísticos, además de ocupaciones a infraestructura, demandando una Asamblea Constituyente y un nuevo contrato social que supere la Constitución vigente de 1993, implantada por Fujimori y su modelo autocrático neoliberal. Tras 6 jornadas continuas y en creciendo de movilizaciones en rechazo a la imposición burguesa del cambio de mando del Ejecutivo, se reportan al menos siete asesinatos y decenas de heridxs a manos de las fuerzas represivas.
El pueblo movilizado pasó de las demandas iniciales de las movilizaciones -Asamblea Constituyente, la liberación de Pedro Castillo y “Que se vayan todxs”- a declararse en movilización permanente, anunciando un paro nacional con carácter indefinido. La clase trabajadora organizada, comprendida en sindicatos, organizaciones estudiantiles y feministas, gremios laborales, de educadorxs y colectivos sociales, se unieron a un reclamo histórico, de sobrepasar y enterrar de forma definitiva una constitución impuesta por mecanismos unilaterales, antipopulares y en última instancia, ilegítimos.
El ciclo actual de movilizaciones masivas en Perú, corresponde a un acumulado histórico de descontento popular y la necesidad real de un cambio social tras décadas de uno de los más cruentos y agresivos modelos neoliberales impuestos sobre la clase trabajadora. Adicionalmente, el país atraviesa por una alargada crisis política institucional en el marco de la democracia burguesa y la constitución neoliberal que prevalece en la actualidad, imponiendo un récord de seis presidentes en seis años y la presidencia fugaz de Manuel Merino, mismo que se mantuvo en el cargo por apenas una semana.
En su momento, el proyecto de gobierno de Pedro Castillo y su partido Perú Libre, contuvieron una latente explosión popular en rechazo al dictado neoliberal en Perú. Castillo se presentaba como un sujeto político proveniente de la clase trabajadora, enmarcándose en las más recientes luchas populares en rechazo a la ultra derecha fujimorista -que mantiene un discurso militarista-, y la interminable ola de privatizaciones emprendida por la burguesía. En un principio, Castillo representaba demandas populares vinculadas a la redistribución de la riqueza y una minimización de las desigualdades sociales y económicas en uno de los territorios más neoliberales del continente. No cabe duda de que la ultra derecha peruana, enquistada en el Congreso por décadas, imposibilitó y dinamitó el proyecto político de Castillo, que aunque débil y sin un rector ideológico claro, si representaba un quiebre en las lógicas de poder del Estado peruano. En estos momentos de revuelta popular, el gobierno de Boluarte es insostenible. Sin embargo, otro temor de mayores proporciones parece vislumbrarse: de renunciar Dina al ejecutivo, el presidente del congreso José Williams Zapata sería quien tome posesión de la presidencia. Williams está vinculado a la masacre de Accomarca, que cobró la vida de 69 personas en 1985. Un verdadero asesino quedaría en el poder.
La corta y desastrosa experiencia del progresismo en Perú con Pedro Castillo ejemplifica los límites del reformismo como proyecto político. Ni chicha ni limonada, pero con graves consecuencias para el pueblo y la clase trabajadora. Su corto periodo de gobierno no provocó más que la radicalización de la burguesía ultra conservadora. La burguesía se rearmó en estos meses para dar el golpe de gracia a sus congéneres progresistas, que únicamente aspiran a reformar un sistema putrefacto y caduco como es el capitalismo. El claroscuro en el que se encuentra Perú en estas semanas, demuestra los límites de los proyectos progresistas en enfrentar de forma decidida e ideológica a la burguesía. Nuevamente se confirma que únicamente el pueblo organizado puede hacerle frente a la maquinaria de muerte del libre mercado. En este momento de estallido social, el pueblo peruano tiene la oportunidad histórica de elevar la lucha de clases a un nivel que por fin permita reescribir su propia historia.
