La Fiscal de bolsillo que impondrá el terror
El caso de persecución contra Ricardo Patiño tiene dos componentes clave, el primero, que tácticamente la oligarquía está tratando de minar el equipo político de Rafael Correa en vista de que los ataques directos han fortalecido al ex presidente. El segundo, encontrar una persona que esté dispuesta a todo, sin escrúpulos ni ética profesional, que se preste para cualquier juego de poder.
Es sobre el segundo elemento que nos concentraremos, ya que los grupos de poder encontraron a la política necesaria: la abogada Diana Salazar, quien en un cuidado plan de crecimiento político salto de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a la Fiscalía General de la Nación, representando una serie de intereses concretos, que no son precisamente los del pueblo ecuatoriano.
Poca credibilidad y legitimidad
La nueva ministra pública del Ecuador entra a funciones en medio de una fuerte inestabilidad política; en menos de dos años han desfilado por los pasillos de la Fiscalía ya cuatro encargados, todos con agendas políticas propias, representando a lo más necrófago de la política, a lo más bajo del ser humano.
Salazar no es distinta a sus antecesores, ya que, igual que cuando asumió el cargo Carlos Baca, entró negociando, sosteniendo una agenda personal de supervivencia anclada a la gran agenda de poder que la colocó allí, situación por la cual, temas importantes como su deficiente conocimiento jurídico, evidenciado en las calificaciones en su examen para el puesto, no fueron impedimento alguno para ganar el concurso, como no lo son para dar su criterio en público.
El engaño en esta ocasión fue grosero y evidente, al punto que el CPCCS se vio en la necesidad de poner el acelerador en la designación, ya que sin participación ciudadana ni deliberación, haciendo gala de sus formas arcaicas de entender la política, actuaron resguardando sus intereses, con la única finalidad de no dejar este importante cargo en manos del nuevo consejo, el que mal o bien, fue electo democráticamente.
La pequeña emperatriz
La designación de Salazar es polémica y, a pesar que este haya sido logrado por la vía del amarre, es ya Fiscal General designada con un problema grave: su falta de legitimidad. Más al parecer esto no es un tema que la preocupe porque sus respuestas, en lugar de tender puentes, están envueltas en una actitud vanidosa con muy poco argumento jurídico, donde ella es el centro de la acción institucional, la representante fija y todopoderosa del culminado proceso de transición.
En Teleamazonas, con la empresaria y conductora Hinostroza, Salazar ya fijó su agenda de persecución política al interior de Fiscalía, señalando que la FGE entrará en una reestructuración a través de un Plan Estratégico de Intervención, cuyos ejes son evaluación a las y los funcionarios y, la construcción de un plan de acción que señale cuales investigaciones son prioritarias para el país.
En dicha entrevista apuntó con total desprecio de la constitución y la significancia de su cargo, que se perseguirá a quienes disientan con su línea de acción al interior de la institución, siendo que si los y las funcionarias “no se alinean a las directrices, deberán tomar sus decisiones”, esto es salir de la Fiscalía, renunciar, señalando que “la evaluación será integral, no solo de conocimiento, sino de funcionarios probos”.
Lastimosamente para el país Salazar sostiene de manera pública que su rol es político, no técnico, y que su enfoque es la persecución integral, por lo que necesita el miedo, el terror como vehículo de sus acciones, empezando casa adentro, lo que además se regará en todos los ámbitos de la vida nacional, perfeccionando la persecución que articula Contraloría.
Apagar el fuego con fuego
Los casos de corrupción en el Ecuador merecen un enfoque más completo, que se enfoque en todo el circuito, las redes y relaciones construidas en torno al tráfico de influencias, favores y beneficios con el dinero público. Lastimosamente en el país prima un enfoque parcial, que se ha consolidado como un esquema persecutorio que no soluciona nada, solo encubre y hecha tierra por sobre lo actuado.
Y la nueva Fiscal General no duda en demostrar que esto efectivamente es así, que la justicia está construida a la medida de los poderes y las actuaciones del ministerio público serán cortina de humo eterna frente a temas graves, como las evidencias de corrupción de la familia y el propio presidente de la República en el caso INA PAPERS.
De esta manera la persecución de Ricardo Patiño, por fuera de los afectos o desafectos que su figura pueda generar en los distintos círculos políticos, es la muestra más clara de lo que se viene, la ruptura del debido proceso y garantías constitucionales, que junto con una prensa comercial nuevamente en manos de banqueros, que aplaude acciones prepotentes como el dictar una orden de detención contra un dirigente político sin auto de inicio, nos condena nuevamente a la dictadura de la oligarquía.
