México en su laberinto: la pugna por la República

Por lo menos desde hace tres décadas una fracción de las élites mexicanas (aquella más subordinada a los intereses norteamericanos) asumió de forma directa el control del aparato estatal, con la misión principal de restructurar el patrón de reproducción de capital vigente (en crisis) y poner los cimientos de un nuevo patrón, más acorde con los intereses de los Estados Unidos, de quienes son socios menores. La estrategia de esa élite entreguista fue bastante exitosa desde su punto de vista, ya que lograron sus principales cometidos (firma de un TLC, puesta en marcha de políticas neoliberales, etc.). El problema es que tal éxito se alcanzó a costa del ensanchamiento de las diferentes brechas sociales en el país, con lo que se incrementaron sustancialmente los niveles de explotación laboral, pobreza (más de 40% del total de la población), exclusión social, despojo territorial, devastación ambiental, migración internacional (12 millones de mexicanos en Estados Unidos)… En paralelo, se consolidó una forma de gobierno oligárquica y mafiosa, que aupó los diversos procesos de acumulación de riqueza anclados en diferentes modalidades de desfalco a la nación y, en última instancia, de desgarramiento del tejido social e incremento del poder del crimen organizado, profundamente articulado con otros poderes, políticos y económicos.

El pueblo de México ha resistido tal embestida en muchos frentes de lucha: desde las movilizaciones callejeras y la organización popular, hasta la construcción de partidos políticos que disputan el poder en la esfera electoral. Sin embargo, la embestida neoliberal ha salido triunfante en muchas de esas disputas, mediante una combinación de ejercicio sofisticado o brutal de las diversas formas de violencia contra quienes la han resistido. Algunos momentos clave de esa confrontación fueron las contiendas electorales de 1988, 2006 y 2012, altamente cuestionadas por los mecanismos fraudulentos que las acompañaron. Hoy, se vuelve a presentar una nueva oportunidad para que México tome cierta distancia (aún es muy pronto para saber de qué profundidad) del ejercicio oligárquico del poder.

Presentándose por tercera ocasión a la carrera presidencial, Andrés Manuel López Obrador (El Peje) y su joven partido, Morena, son punteros en una contienda en donde no solo se juega la Presidencia, sino también varias gubernaturas y el Congreso. A diferencia de las otras dos ocasiones, Andrés Manuel estuvo adelante en las preferencias electorales a lo largo de toda la campaña, y llega con amplio margen de delantera (más de 20 puntos) sobre sus rivales del PRI y del PAN (o Prian, como él denomina a los dos partidos del orden). El miércoles pasado, Morena cerró campaña en un abarrotado Estadio Azteca, congregando a más de 100 mil simpatizantes.

En su intervención, López Obrador comenzó por recordar que la lucha que encabeza no responde a un proceso espontáneo, sino que es el último eslabón de una cadena de batallas añejas (Independencia, Reforma Liberal, Revolución) y  contemporáneas de las que se reconoce heredero; batalles que fueron libradas por un amplio abanico de sectores populares (campesinos, indígenas, obreros, maestros, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos…) a quienes rindió su reconocimiento. También se refirió al trabajo de pedagogía política que supuso la campaña, en la cual se involucraron miles de brigadistas que, además de promover el voto, distribuyeron el periódico de Morena, que sirvió como insumo para las discusiones de los comités de apoyo. La retórica de su discurso — sin hacer mención explícita al neoliberalismo — se centró en la corrupción endémica del sistema político mexicano, al cual reiteradamente dijo aspira combatir.

El resto de su arenga estuvo dedicada a esbozar algunos lineamientos de lo que será su programa de gobierno, entre los cuales destacan los siguientes aspectos:

1. Defensa del Estado de derecho: compromiso por hacer respetar los principios de libertad de expresión y disentimiento; así como la libertad religiosa. También remarcó el combate contra la corrupción y la impunidad (dos de los lastres más pesados de la política mexicana), así como la voluntad de someterse a la revocatoria de mandato, pasada la mitad de su gestión; revisión de algunos aspectos fraudulentos de la (contra)reforma energética del gobierno anterior.
2. Austeridad republicana: reducción de los sueldos de los altos funcionarios y recortes de los gastos suntuarios del Estado, para poder liberar recursos para invertirlos en el desarrollo nacional.
3. Lineamientos económicos: apuesta por una política macroeconómica (¿ortodoxa?) de estabilidad financiera (no habrá déficit fiscal; no más deuda y no más impuestos); el aumento del gasto público en inversión se financiará con el “ahorro” resultado del combate a la corrupción. Fortalecimiento del mercado interno mediante el aumento de sueldos y el apoyo estatal a las industrias energéticas (petróleo y electricidad), de la construcción, textil, etc.
4. Desarrollo social: canasta de alimentos básicos a bajo costo, con precios de garantía para los productores; programa de becas para que los jóvenes puedan continuar sus estudios (“becarios sí; sicarios no”); fortalecimiento de la educación pública (gratuita y de calidad); no privatización de las cuencas de agua (que acaban de ser obsequiadas por Peña Nieto); aumento en el monto de las pensiones a los adultos mayores y jubilados; subsidios para los discapacitados; apoyo a la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura
5. Combate al crimen organizado: a la luz de los 230 mil asesinatos ocurridos durante los últimos dos sexenios y de los más de 36 mil desaparecidos durante el mismo periodo, Obrador se comprometió a que el Plan de Seguridad que presentará después de la elección será el resultado de un amplio debate al cuál serán invitados los familiares de las víctimas, así como expertos nacionales e internacionales en materia de seguridad y derechos humanos, para poder contemplar “todas las opciones” posibles ante el fracaso de la llamada “guerra contra el crimen” de los gobiernos anteriores.
6. Relaciones exteriores: retomar la vieja tradición diplomática mexicana centrada en los principios de no intervención; autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. En relación con los Estados Unidos, planteó la necesidad de un acuerdo no solo de carácter comercial, sino de cooperación para el desarrollo (“una especie de Alianza para el Progreso”), que también aborde los aspectos del empleo, la seguridad y la migración.

Como se aprecia, la anterior no es una agenda con la radicalidad que a algunos sectores de la izquierda les gustaría. Sin embargo es, al menos por el momento, el horizonte que ha logrado articular a una gran mayoría de mexicanos y mexicanas que están hartos de un sistema político que no ha hecho sino profundizar las contradicciones más agudas de la sociedad mexicana: explotando, marginando y humillando a buena parte de sus ciudadanos; permitiendo (y participando en) el asesinato y desapareciendo de varios miles de ellos; enriqueciendo obscenamente a una élite mafiosa del mundo de la política y los grandes negocios; dejando las puertas abiertas para que capitales nacionales y extranjeros amplifiquen la superexplotación del trabajo y la devastación de la naturaleza.

Como han señalado no pocos analistas, la actual coyuntura es a la vez una oportunidad y un riesgo para la corriente política (¿nacionalismo de izquierda?) que representa López Obrador. Oportunidad, pues es tal vez uno de los últimos llamados para poner freno al tren de un proyecto que lleva a la sociedad mexicana al abismo; riesgo, porque las expectativas que se han abierto son enormes, y los obstáculos que el nuevo proyecto enfrenta lo son aún más; y no solo los que vendrán de fuera, sino también los que anidan al interior de un espacio político al cuál se han arrimado no pocas de las viejas fuerzas que pretende combatir. En cualquier caso, peor sería no intentarlo.