Mike Pence y la recolonización del Ecuador

La reconfiguración política en el Ecuador va tomando su forma final en las últimas semanas, y a pesar del show que este lunes 4 de junio hizo el CPCCS –T con la disolución del Consejo de la Judicatura, la noticia es apenas una profecía auto cumplida. El tema que nos llama la atención, si se quiere, el asunto de la semana, son las relaciones internacionales y el claro realineamiento de Moreno con la vieja política imperial de los Estados Unidos.

A partir de enero del 2018 el gobierno potenció una agenda de trabajo con los Estados Unidos, primero, modulando iniciativas al rededor del tema comercial, la que empezó cuando se invitó a la Oficina de Comercio de los Estados Unidos para articular la hoja de ruta para un acuerdo comercial y, después, con el tema seguridad, aprovechando los ataques en Esmeraldas.

En esos días el gobierno de Moreno nombró como embajador ante los EE.UU. a Francisco Carrión Mena, alternativa al denostado Alexis Mera, dando una clara señal del nuevo rumbo. El funcionario, diplomático de carrera, en un ágil proceso, contó con el beneplácito de la administración Trump, facultándole a que empiece a operar las agendas relacionadas con inversiones, seguridad, comercial, económica y narcotráfico.

A partir de febrero la agenda de articulación se potenció y, apenas dos días después de la consulta popular, los gremios empresariales auspiciaron un encuentro denominado “I Foro de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos”, el que contó con la presencia de Carrión, Chapman y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, haciendo público alguno de los elementos de la agenda que se iría implementado en los meses por venir.

Esa misma semana, los medios de comunicación celebraban los acercamientos inéditos en 10 años con el gobierno de EE.UU., pero señalaban, en aras de fortalecer la relación, la necesidad de superar una serie de trabas para las inversiones alrededor de un TLC, como el Impuesto a la Salida de Divisas, entre otros obstáculos técnicos al comercio, que fueron parte de la política económica del anterior régimen.

Mientras se daban estos “avances” en materia comercial, en lo político, los Estados Unidos, nos dieron una señal contundente cuando felicitaron a Moreno por su victoria en la consulta popular, señalando que esperan seguir el trabajo con el gobierno, enfocándose en promover temas comunes en temas como la educación, medio ambiente, preparación ante desastres, además de los que señalamos anteriormente.

Renovadas las relaciones comerciales y políticas, el gobierno pasó a articular sus esfuerzos enfocándose en generar las condiciones de confianza que exigen los mercados internacionales, esto es, garantizar la ganancia de los gringos en detrimento de las ecuatorianas y ecuatorianos. De esta manera, Campana se comprometió a presentar la Ley de Atracción de Inversiones, para abrir las puertas a los capitales privados de forma directa, entre otros elementos anti populares.

Ante la contundencia de estas señales, la cámara de representantes aprobó la renovación de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), acción que permitió asumir con fuerza una inesperada vocería  del embajador Shanon,  marcando  línea sobre los asuntos económicos que el Ecuador debería revisar, haciendo que la ministra Eva García, de quien decimos es la verdadera vicepresidenta, declare que su ministerio no es participe de poner barreras al comercio, y empiece a operar, descaradamente, a favor de los gringos.

Ya el 27 de febrero se dio la primera visita de alto nivel de un funcionario público del gobierno gringo, algo que en los 10 últimos años no pasó. Thomas Shanon, quien en ese momento fungía como Subsecretario de Estado, llegó a Quito y, reuniéndose con el presidente de la República y de la Asamblea acordaron avanzar en la firma de convenios de seguridad y comercio. Jamás nos enteramos que se acordó.

Después de esta visita, la intensa agenda pro gringa de febrero bajó de tono, hasta que el 26 de marzo, casi un mes después de la visita de Shanon, arribaron a nuestro país el teniente Joshep P. Salvo y la subcomandante militar y embajadora Liliana Ayalde, quienes se reunieron con autoridades políticas y militares para evaluar los problemas de seguridad devenidos de los ataques en la frontera norte y profundizar el alcance de los convenios de cooperación.

Un día después de su vista, el 27 de marzo, el embajador Chapman oficializó el arribo de equipos del FBI para apoyar a fiscalía en las investigaciones, aprovechando la comisión causada por el secuestro de los periodistas, a los que el embajador ofreció toda la ayuda del caso.

Como se nota en la forma de hacer política de los gringos, nuevamente bajaron la intensidad de sus intervenciones, a inicios y mediados de abril, hasta que el Ministro del Interior anterior, César Navas, el 25 de abril, firmó un memorándum de entendimiento y convenio de cooperación que permite a la DEA y al Departamento de Inmigración de los EE.UU., trabajar en nuestro país.

Para el 2 de mayo, los EE.UU. donan en el marco de estos convenios secretos equipos de seguridad, o sea, instrumentos para fortalecer la inteligencia militar y policial, las que ahora, tributan obediencia.

En este escenario de articulación castrense, el 21 de mayo -observen el patrón de las visitas-, otra figura política pública arribó, el Subsecretario de Seguridad, Sergio Peña, con una agenda enfocada en ampliar las relaciones bilaterales y de cooperación  en materia de seguridad. Las reuniones fueron desarrolladas con el flamante, pero vetusto, ministro de Defensa del Ecuador, Oswaldo Jarrín. Para variar, no se informó nada de lo acordado.

Ya finalizando mayo, Moreno, anunció en un foro de atracción de inversiones celebrado en Quito, que nuestro país se está abriendo al mundo en busca de relaciones que amplíen el comercio y las inversiones, y que en ese escenario, su prioridad son los Estados Unidos. En la reunión asistieron representantes de corporaciones como Microsoft y Pepsico, y se dejó claro que la nueva actitud del Ecuador es no es solo cipaya, sino, antipatriota.

Llegamos así, con todos estos elementos, a la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien está enfocándose en que todos los países del hemisferio rechacen el gobierno democrático de Nicolás Maduro. Sabemos lo que sucederá. Acordarán. No nos dirán nada, y en la votación de la OEA, les daremos la espalda o tendremos una posición timorata.

No será la primera vez, pero la papa caliente queda en manos de la Canciller Espinoza, quien necesita desesperadamente los votos de los caribeños para ser la 73ava presidenta de la Asamblea General de Organizaciones de las Naciones Unidas. Nada nuevo bajo el sol. Un retroceso irremediable.

Mientras tanto el pueblo, silencio aún, es testigo de cómo nos recolonizan los gringos, con el beneplácito del mal gobierno.