Quito tras bastidores: informalidad e improvisación
La detención de los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica con fines de investigación el pasado jueves 19 de abril en Quito no es un hecho aislado. Es uno de los tantos síntomas de la incapacidad de manejar la ciudad por parte de la actual administración municipal encabezada por Mauricio Rodas. El alcalde capitalino ha evidenciado durante ya 3 años y medio que su gestión es toda informalidad e improvisación. Son recurrentes las demandas, quejas, denuncias de diferentes sectores sociales y manifestaciones ciudadanas en contra de las acciones asumidas por el cabildo y por la falta de cumplimiento de las propuestas de campaña de quien fuere candidato de la hoy fragmentada alianza Suma-Vive.
La demagogia y falta de pragmatismo de su propuesta política y de sus co-idearios se ve reflejada en la inconformidad ciudadana. La consigna de pretender satisfacer a todos los sectores ha provocado que las irregularidades agudicen la ineficiente acción por parte del municipio en ámbitos de movilidad, comercialización, espacio público, ordenamiento territorial, entre otros ejes a los que no se les ha dado la prioridad del caso para pensar y construir la ciudad, entendiendo la diversidad de problemáticas cotidianas de la misma.
En el tema de la movilidad, durante la campaña electoral del 2014, Rodas y sus movimientos aliados asumieron compromisos con el sector de transporte en general pero, con mayor fuerza, con el gremio de taxistas formal e informal. Mientras a unos se les ofrecía aumento de la tarifa y mayor cantidad de cupos para la incorporación de nuevos socios, a otros se les “garantizaba” la regularización total de las unidades que ejercen su trabajo de manera informal. Este ofrecimiento de carácter demagógico le mereció, en un principio, el apoyo contundente por parte del gremio de taxistas a la administración municipal así como a los miembros de la Comisión de Movilidad encabezada por los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica, ahora relacionados a una aparente “trama delictiva” a partir de la cual se exigía el pago de rubros indebidos a quienes postulaban a uno de los diez mil puestos ofrecidos para regular su trabajo sin que este hecho representara garantía alguna para la aprobación de los nuevos puestos.
A pesar de que en el 2015 se aprueba el aumento de la tarifa de taxis, las contradicciones entre los taxistas formales e informales se fueron agudizando paulatinamente, hecho que a su vez modificó la relación entre este sector y la administración municipal. A esto se suma la inconformidad del sector vinculado al mal llamado “transporte público” de carácter masivo a quienes se les ofreció el aumento de la tarifa de bus lo cual generó la paralización del servicio en dos ocasiones y respuestas ciudadanas contrarias a esta medida antipopular que no se llegó a concretar y que no encuentra, hasta el momento, una solución efectiva que no sea la compensación al mal servicio.
La ineptitud del alcalde de la ciudad se agudiza con la ineficiente acción de la Comisión de Movilidad - tal y como se refleja en las manifestaciones del sector del transporte - por la falta de regulación oportuna por parte de la alcaldía, espacios en los cuales se empezaba a evidenciar consignas y denuncias en contra de la irregularidad en diferentes instancias municipales. La indignación popular llegó a su punto más álgido la semana pasada al desmantelar, a partir de denuncias ciudadanas, una red de corrupción que salpica responsabilidades a la alcaldía y a sus instituciones como la Secretaría de Movilidad ya que se presume que Fausto Miranda y Darío Tapia - ex titulares de esta instancia- también están implicados en la misma, así como los dos concejales anteriormente señalados como miembros de la comisión encargada de dar trámite a los problemas de movilidad en la ciudad.
Son reiteradas las actuaciones de diversos actores ciudadanos en cuanto a exigir la renuncia o remoción del cargo de Mauricio Rodas, sin embargo, la correlación de fuerzas políticas tanto a lo interno del Concejo Metropolitano, como a las negociaciones y pactos políticos con sectores político-económicos locales y nacionales ha limitado estas exigencias. Las denuncias ciudadanas y la movilización constante en la capital han desembocado en que durante el fin de semana Rodas haya confirmado la separación de sus cargos a funcionarios implicados en esta red de corrupción como efecto de la informalidad e improvisación. Los ediles Sánchez y Garnica no han renunciado a sus curules evidenciando su irresponsabilidad con la ciudad. En caso de comprobarse su relación con la trama de corrupción para la aprobación de taxis, deben asumir su responsabilidad política y legal con la ciudadanía por el perjuicio de aproximadamente 80 millones de dólares, según lo indicado en un informe preliminar de la fiscalía.
El silencio mediático frente a las irregularidades de la administración municipal también ha sido constante durante estos casi cuatro años de gestión. Las y los quiteños exigen respuestas oportunas a sus problemáticas colectivas desde una visión integral, sin embargo, las acciones y decisiones del municipio evidencian su clara intención de beneficiar a las minorías históricamente beneficiadas en contraposición a los intereses comunes de la ciudadanía. La renuncia y detención de dos concejales debe motivarnos a intensificar las acciones comunes de denuncia, así como la construcción de espacios de análisis y discusión de la ciudad que pensamos y construimos los sectores populares, a partir de la articulación estratégica de nuestras reivindicaciones.
