Tipificar la narco política
Hace algo más de un mes, en la base de Manta, dos militares ingresaron una tonelada de cocaína en 990 paquetes en un camión de carga. La droga tenía como destino, según los reportes de prensa, los carteles de México. Frente a este hecho flagrante, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dependencia a cargo de la ex base norteamericana, Patricio Mora, señaló que es un caso aislado.
¿En realidad se trata de un caso aislado?
Pensar en esta opción tiene dos grandes dificultades, la primera, que ningún hecho de corrupción se da meramente por funcionarios individuales, sino en redes. Por su parte, el narcotráfico como actividad económica, que no solo genera dinero de la venta de drogas, sino capital al ser una industria multinacional, es coactivo, monopólico, territorial y tiene un carácter estable, por lo tanto, para su funcionamiento depende del desarrollo de estructuras, y no, de unas relaciones apenas con individuos.
El segundo problema del señalamiento del comandante de la FAE, es que el camión encontrado y las dos personas detenidas, son únicamente los responsables de la fase de la transportación hacia la base de la droga; que seguramente se embarcaría a través de algún tipo de avión para ser exportada. Entonces, no es un hecho aislado, sino la punta visible de una cadena de acciones, muchas de índole política, tanto administrativas como decisionales, todas en la impunidad.
El fenómeno del narcotráfico, como un proceso que ha sido parte de la formación histórica del Estado, en donde las relaciones de la economía ilegal están íntimamente ligados al quehacer político, evidencia que estos hechos “aislados” o son candidez, o tienen la intencionalidad de encubrir una red compleja de relaciones políticas que funcionalizan el negocio de las drogas y lo hacen posible.
Castigo para el consumidor, impunidad para el traficante.
La problemática de las drogas no puede ser reducida, de manera simple, a un proceso de producción, comercialización y consumo, en donde el castigo está enfocado en el consumidor, y la política pública en el combate al microtráfico. Esta perspectiva no desarrolla la ofensiva contra el negocio en sí y quienes manejan las redes, sino que criminaliza la pobreza.
Para asumir una visión integral es necesario, pasar de una política basada en el castigo al más débil y responsabilizar a quienes están sacando réditos del negocio, para esto es necesario entender los diversos tipos de relaciones que los políticos tienen con el negocio ilegal, a manera que, la visión basada en el castigo al consumidor vaya siendo sustituida por atacar la verdadera raíz del problema: las relaciones de corrupción estructurales entre el mundo de la política, la economía y el narcotráfico.
Según informes de prensa, a finales del 2017, hay más de 10.000 personas apresadas por actividades relacionadas con el narcotráfico; la pregunta es, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuántas de ellas están relacionadas con la actividad del gran negocio, cuántas de ellas están relacionadas con el microtráfico? Es justamente este esquema el que violenta los derechos constitucionales de la población y que al ser cadena de vulneraciones que no tienen un efecto real frente a los propósitos de la política pública, su único resultado posible es generar una cortina de humo, donde se presentan grandes cifras en los medios. Actualmente es notorio el incremento de las actividades del narco, ya que Ecuador no funciona únicamente como país de paso, o lavandería de dólares, dos escalas del negocio tradicionales en el país, sino incluso como productor y consumidor a gran escala.
La propuesta de arranque: tipificar la narco política.
El lunes 29 de octubre, la pre asociación Ecuador Cannábico presentó de manera conjunta con la agrupación THCity en la mesa de Justicia y Estructura del Estado, la propuesta para tipificar la narco política como una medida para combatir la corrupción y el fenómeno del narco. Se entiende que de manera conjunta al desarrollo de la legalización y regularización de algunas sustancias sujetas al control, como la marihuana, el cambiar la política actual enfocada en castigar al pobre, debe responder a la realidad, castigar al rico, al empresario de la droga, comenzando por las relaciones que sostiene el narco con el mundo de la política, es menester entonces constitucionalizar el tema.
Finalmente, el combate a la corrupción es sincerar el rol que los políticos y la política tienen frente a la territorialización de la actividad, lo que no pasa per se por guerras que disputen los espacios geográficos, sino por el control de las relaciones basadas en redes de corrupción sistémicas y corporativas, que tienen sus tentáculos en todas las funciones del Estado, en todos los niveles de operación, y sobre todo, dependen de decisiones estratégicas que son tomadas dentro de intrincados sistemas de colusión, que son prácticamente impunes.
