26O: resistir al neoliberalismo
Este 26 de octubre marca la primera jornada de movilizaciones a la que se enfrenta el paupérrimo gobierno de Guillermo Lasso. Tras cinco meses en el poder y después de haber cumplido con el plan de vacunación -única carta de presentación con la que consta su gobierno-, la burguesía parece no poder contener el rechazo frontal y contundente al neoliberalismo, la precarización como plan de gobierno, y el rechazo a un banquero, especulador y evasor tributario que se convirtió en presidente. Esta primera jornada se articula como una aglutinación sucesiva y progresiva de fuerzas populares, en oposición a la profundización neoliberal, iniciada por Moreno y continuada por Lasso.
En medio de la creciente desaprobación de un presidente que pertenece a lo más alto de la burguesía, la banca privada y las élites que fugan capitales, Lasso se enfrenta a múltiples frentes, tanto dentro como por fuera de su propia clase. Así, la pugna por establecer el relato hegemónico respecto a sus bienes y capitales en paraísos fiscales y las turbias circunstancias de la multiplicación de su fortuna, se entremezcla con investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, la Contraloría y la comisión especializada de la Asamblea Nacional. El Legislativo por su parte demuestra varias negativas respecto a la consolidación del marco legal neoliberal bajo el presidente Lasso, rechazando tanto la Proforma Presupuestaria 2021, además de la megaley de Creación de Oportunidades, en una evidente pugna de poder interburguesa.
En conjunto con la precarización y la ola de migración masiva rumbo a EE.UU., en Ecuador la agudización de los antagonismos de clase y la materialización del neoliberalismo sobre la vida del pueblo, desemboca en una ola de violencia -dentro y fuera de las cárceles-. La clase política y la económica, aliadas intrínsecamente en las estructuras del Estado burgués, imponen la violencia como elemento de la doctrina del shock, la cual cuenta sin precedentes en la historia reciente del Ecuador. Más de 20 años después, la memoria del Feriado Bancario de 1999, no logra identificar contundentemente ninguna coincidencia directa entre los actores que ahora vuelven a aquejar y atacar al tejido social. Las élites recalcitrantes de la “época dorada” del neoliberalismo en Ecuador vuelven a imponer sus recetas caducas de consolidación fiscal, ciclo eterno de deuda externa y austeridad estatal, a costa de la vida de las clases populares.
Este 26 de octubre, sobre los cuerpos del pueblo se evidenciará en carne propia, cuan democrático es realmente Guillermo Lasso. Tras el decreto del estado de excepción el pasado 18 de octubre, Lasso tiene facultades extraordinarias a su alcance para imponer el “orden” sin importar el costo. El presidente desplegó operativos de control vial policial y militar en todas las provincias del país, además de legitimar el creciente autoritarismo del Ejecutivo bajo la justificación de la guerra contra el narcotráfico. La militarización subsecuente de la sociedad podría desembocar en la perpetuación de los círculos de violencia, fomentados directamente por el Estado bajo la excusa del combate y la criminalización al consumo de drogas. Una guerra que pretende perpetuarse como justificante de la persecución y exterminio popular en Ecuador, el mito del enemigo interno. El neoliberalismo como modelo anti-social perpetúa la lógica de explotación bajo un capitalismo desenfrenado, por medio del exterminio económico o incluso el físico. Así, al mismo tiempo de decretar el estado de excepción, Lasso anunciaba el gatillo fácil, la impunidad o cheque en blanco para posibles violaciones a los derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas represivas, que podrían darse al calor de la protesta social, con el beneplácito de un presidente que quiere convertirse en un “señor de la guerra interna”.
Al mismo tiempo y en reiteradas ocasiones, el Ejecutivo se ha declarado como máximo defensor del estatus quo: el capitalismo perverso. Lasso alegaba, un día antes de asumir la presidencia, respecto a las recientes revueltas populares antineoliberales en la región, que “eso está organizado amigos y yo no estoy libre de que eso me pase. Vamos a luchar duro, vamos a defender la democracia” como una premisa de su mandato, el 23 de mayo de 2021. No cabe duda de que la violencia es la que sostiene el sistema capitalista-patriarcal-colonial-especista. La democracia burguesa, en última instancia y más temprano que tarde, siempre se impone al dictado de las balas. “El Estado se expresa, cuando es necesario, a través de la fuerza pública”, declaraba Lasso el 25 de octubre en tono amenazante.
El securitismo es un elemento fundacional de la política de Guillermo Lasso. Durante la revuelta popular de Octubre de 2019, el representante nacional de la banca y los paraísos fiscales, ya coordinaba el discurso con la versión oficiada por el Estado, en ese momento al mando de Moreno. Ahora como jefe de Estado y frente a un escándalo de dimensiones globales -Pandora Papers-, Lasso recurre a dos elementos centrales en la política comunicacional del Estado neoliberal, ambas enmarcadas en la securitización y la pacificación. La realidad de la creciente violencia, extremada por la precarización de la vida promovida por el neoliberalismo, se instrumentaliza desde los discursos del poder. La securitización aprovecha la convulsión social, para construir el mito del enemigo interno, como depositario de todos los males: la crisis política, la pobreza, y hasta la deshonestidad de los gobernantes. Mientras que la pacificación instrumentaliza el miedo y la desprotección, como mecanismos legitimantes y normalizadores de la criminalización a la pobreza, de la protesta social y la persecución política.
En este sentido, la criminalización de la pobreza y criminalización de la protesta social, son dos caras de la misma moneda. La primera se refiere a la persecución de los cuerpos que luchan por la supervivencia de forma individual -trabajando informalmente en el espacio público por ejemplo-; y la segunda se deposita sobre los cuerpos que colectivizan la lucha por la supervivencia, y se organizan para ejercer en las calles el derecho constitucional a la protesta social y la resistencia. En última instancia, la política securitista logra legitimar la militarización del espacio público, que de una u otra forma, criminaliza la existencia del pueblo, sea que lucha por sobrevivir por sí solo y para lxs suyxs, o de forma organizada para todo el colectivo. La agitación mediática con respecto a las movilizaciones anunciadas para este martes, es una jugada brillante de Lasso, en la cual logra desviar la atención respecto a su inmoralidad, y sitúa a la protesta como negativa y antidemocrática en el foco de la opinión pública.
La perversión del Estado burgués a la que nos enfrentamos ahora, con Lasso como su vocero principal, evidencia el manejo del discurso oficial con respecto a la intención o amenaza del uso de violencia desmedida para el control de la protesta, ejercida desde las fuerzas represivas del Estado. Cada discurso emitido por Lasso y el aparataje del cerco mediático, se ejecuta desde un ejercicio de desmentimiento de la versión vivida por quienes protestamos en las calles. Este mecanismo perverso del Estado causa un malestar general, en el que el discurso oficial se encuentra contrapuesto a lo que la población movilizada puede vivir sobre sus propios cuerpos y en su realidad cotidiana. La perversión del Estado genera un totalitarismo de los sentidos, que en este momento se encuentra en disputa franca. El discurso oficial no solo criminaliza la protesta social y divide a los movimientos sociales, también constituye el mito del enemigo interno, necesario establecer para la política securitista del Estado neoliberal. Lasso ha logrado generar la persepción de que la protesta se equipara a terrorismo.
Es así que quienes se encuentran calentando las calles no son ni Leonidas Iza, ni los movimientos sociales que se plegan a las movilizaciones, sino el Gobierno Nacional, en busca de legitimar la militarización y el uso indiscriminado de la fuerza. El discurso oficial del Estado, al mismo tiempo que deslegitima los argumentos que explican las movilizaciones, desmiente la realidad percibida por todo el pueblo. Esta es una política denegatoria, que desvirtúa los sentidos de realidad, aupando al miedo y a una supuesta necesidad de restaurar “el orden” -en realidad intacto- y legitimar el poder.
Como consecuencia directa, la estrategia securitista logra dividir a las poblaciones y a los movimientos sociales, tanto por efecto del miedo, como por medio de la cooptación, generando barreras para lograr reivindicaciones necesarias y persiguiendo, tanto social como penalmente, a dirigentes sociales. Frente a esto, una posibilidad es la construcción de poder popular a mediano y largo plazo. En este escenario, los territorios se convierten en los espacios más relevantes para la contienda, descentralizando y permeando cada vez más espacios, para la contienda por los sentidos. Conformar poco a poco una noción de pertenencia a la calle como espacio de disputa contra las perversiones del capitalismo, construir mecanismos de sostén colectivo de la vida, cooperativizar la supervivencia, y generar cohesión ideológica para la unidad del campo popular antineoliberal.
¡Que viva el pueblo organizado!
