Al golpe en Bolivia: ni perdón, ni olvido, ni reconciliación
El pasado 12 de marzo, la ex dictadora boliviana, Jeanine Áñez, fue detenida en su domicilio en Trinidad. La detención respondió a un proceso judicial iniciado por la Fiscalía General del Estado, por su protagonismo en el más reciente episodio de ruptura democrática en la región. Además acerca de las masacres que se sucedieron al golpe de Estado. La ex dictadora se enfrenta a cargos por sedición y terrorismo, los cuales podrían acumular una pena total de 30 años en prisión. Tan solo 4 días antes, la Corte Suprema de Brasil absolvía al ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En el marco actual, el debate más reciente en torno a la democracia burguesa en América Latina, denota un evidente doble estándar profesado por sectores cercanos a movimientos sociales cooptados por la derecha continental, en contubernio con las élites locales y la embajada de E.E.U.U.
Con biblia y fusil en mano, se consolidaba el golpe cívico-clérigo-militar en Bolivia: “ha vuelto a entrar la Biblia al palacio y nunca más volverá la Pachamama”, gritaba con euforia el señor Camacho. El golpe fue orquestado por la oligarquía Santa Cruceña, las élites policiales y militares, el ultra conservadurismo cristiano, y por supuesto, con el apoyo directo de la OEA y la Embajada de los Estados Unidos. Según la Defensoría del Pueblo Boliviana, se contabilizan al menos 32 muertes y cientos de personas heridas. Así mismo, la CIDH -que visitó Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre de 2019- advertía más de 500 detenciones arbitrarias y extrajudiciales. Posteriormente, la persecución a militantes del MAS y opositores a la dictadura, se agudizó.
Tanto en el país como en el resto de América Latina, las voces que en su momento celebraron y legitimaron tanto el golpe judicial en contra de Dilma Rousseff, y la condena a Lula da Silva en Brasil, como el golpe de Estado contra de Evo Morales en Bolivia, no tardaron en alzarse en defensa de Áñez. Frente a la detención de Áñez, varios sectores pretenden posicionar a la dictadora como una víctima de persecución política. Plantean que se trata de una estrategia de lawfare en su contra, insinuando incluso que se trata de una “lideresa social”.
En el Ecuador, se pretende plasmar un discurso que insinúa un posible paralelismo en términos de “persecución”, tanto contra anti correístas, y cómo de la clase política dominante actual, la derecha oligarca. En esta ecuación, y sin caer en cuenta, estos mismos sectores pasan a compararse ideológicamente con la dictadura boliviana. Es indiscutible que los acontecimientos en el Golpe de Estado en Bolivia, presuponen una clara ruptura del orden constitucional, con actores políticos que se proclamaron gobierno a la fuerza, y tomaron el poder político con el beneplácito de la oligarquía local y el imperialismo continental.
Lo que se lee entre líneas en medio del escenario electoral actual, es que los actores y sectores que perpetraron el golpe de Estado en Bolivia, cumplieron los mismos papeles, que los que ahora denuncian la presunta persecución en contra de una dictadora. Tanto Áñez como los sectores que la defienden en el país y la región, representan los mismos intereses en términos geopolíticos, cuentan con los mismos nexos a organizaciones con financiamiento externo y gozan del mismo grado de aceptación entre los círculos neo reaccionarios entre los movimientos sociales.
Una de las preocupaciones después de estallar el golpe de Estado en Bolivia, el 10 de noviembre de 2019, era que ese escenario se pueda consagrar como un gran laboratorio social, con la posibilidad de que ese mismo libreto se replique en otros puntos de América Latina. Simultáneamente a estas advertencias y alarma que se levantaron desde las izquierdas, un sector de los movimientos sociales antiprogresistas, minimizaba la gravedad del Golpe de Estado, inclusive negándolo. Como siempre, este sector de los movimientos sociales, relativizaba el orden democrático y el Estado de Derecho, desde una pobre ética histórica y política, menguando el impacto que una dictadura podría tener sobre el pueblo boliviano, y sobre la política de toda la región.
Con la prisión preventiva de Áñez y varios de sus acólitos, se sienta un precedente legal, que sostiene como bandera que los crímenes en contra del pueblo, no quedarán en la impunidad. Lejos de ser el “lawfare” o una persecución política, cómo la derecha y los movimientos sociales contra revolucionarios intentan sostener, los juicios a Áñez y compañía se convierten en el principio de la construcción de justicia y reparación para el pueblo boliviano. El mensaje es claro: 1. ni perdón ni olvido para quienes atentan contra los pueblos, 2. cero tolerancia a los golpes de Estado, 3. respeto y sostenimiento a los procesos democráticos y al Estado de Derecho, 4. absoluto repudio al injerencismo del imperio yanqui en la región y 5. la inadmisibilidad de impunidad para quienes negociaron con la sangre del pueblo.
El cinismo de quienes celebraron el golpe de Estado en Bolivia, no tiene límites. Ahora parecen extremadamente preocupadxs por el debido proceso en el caso de la exdictadora Áñez y sus sacristanes. No nos confundamos, por supuesto que debe existir transparencia en el proceso penal en contra de lxs golpistas. Pero es inaceptable que tanto la derecha, como algunos movimientos sociales constrarevolucionarios, intenten desvirtuar el sentido legítimo de este proceso de justicia para el pueblo boliviano, con fines político electorales. Una vez más ambos sectores entran en alianza, jugando con la memoria y la dignidad de los pueblos.
En la fabricación de los meta relatos en contra de los progresismos latinoamericanos, también encontramos el caso con el que se desplegó el discurso para maquillar los procesos de golpe judicial en contra de Dilma Rousseff, y la condena al ex presidente Lula da Silva, por el régimen bolsonarista. Después de no encontrarse prueba alguna en su contra, Lula acaba de ser absuelto de todas las condenas que pesaban en su contra, habilitándose como posible candidato a la presidencia en 2022.
En medio del panorama geopolítico actual, ¿cuál será la siguiente jugarreta “democrática”? ¿Serán vistos como democráticos los llamados a la intervención militar? En Bolivia Camacho llamaba, días antes del golpe, a que los militares intervengan el proceso electoral ¿existen paralelas en Ecuador? La alerta del laboratorio de Bolivia sigue presente: América Latina es un territorio que se encuentra en disputa, entre el imperialismo y a una posible reconformación del bloque progresista en la región.
La lucha de clases se desarrolla de manera simultánea en todas las esferas políticas. Tanto en el Ecuador como en el resto de América Latina, estos antagonismos parecen envolverse en dinámicas sin precedentes: la relativización de la democracia burguesa, por los mismos sectores que pretenden “defenderla”. Una vez más, la propia burguesía y sus aliadxs demuestran que son la fuerza más antidemocrática dentro de la democracia burguesa. Frente a todas las dictaduras que hemos resistido en América Latina, la consigna firme siempre ha sido: “ni perdón, ni olvido, ni reconciliación. Verdad y justicia”. El caso de la dictadura en Bolivia 2019-2020, no tiene por qué ser la excepción.
