Bolívar y Carchi ponen en jaque al Estado neoliberal
Las tesis de quienes hace unos pocos años celebraban la neutralidad del Estado, desproveyéndolo de su carácter de clase y el monopolio que este ejerce sobre el uso de la violencia, han caído como un castillo de naipes en estas dos últimas semanas. Bolívar y Carchi, dos provincias que para la mayoría de la izquierda urbana “ilustrada” apenas existían en el mapa político del país, han puesto en jaque, al menos momentáneamente, a los aparatos de seguridad del Estado, ni Moreno, ni su peón reaccionario, la ministra María Paula Romo, han podido sobrellevar la carga desafiante de las movilizaciones.
Aunque los conflictos suscitados en estas dos provincias tienen matices e intereses de clase propios, corriendo desde reivindicaciones populares a plataformas que diferentes partidos buscarán usar con miras a extender su influencia previo a las elecciones de 2021, lo que nos interesa es resaltar las medidas de hecho y la racionalidad del conflicto, que tarde o temprano, empezarán a estallar desde las “nuevas centralidades” que se desarrollaron durante el proceso modernizador de la Revolución Ciudadana. Así también, podemos evidenciar las dificultades en el terreno para las fuerzas represivas (Policía y Ejército Nacional) para contener movimientos de masas que en los hechos están cuestionado el profesionalismo de estos organismos.
La tecnificación de las fuerzas represivas, la supuesta paz social de los último 10 años, la creación de infraestructura vial y puestos de mando, que en teoría facilitan el control del Estado sobre el territorio, no son suficientes para aplacar la ira popular, los “métodos antiguos de lucha”, que tanto la pequeña burguesía izquierdista, socialdemócrata o populista, creían superados, vuelven conforme las contradicciones de clase se agudizan. De esta forma, el aparato estatal neoliberal experimenta las fisuras propias de un modelo securitario, que, en manos exclusivas de mando policiales y militares, no están en capacidad para comprender en su totalidad las particularidades sociales, ni la legitimidad de sus reivindicaciones, de estos estallidos. Volviendo las acciones de contención en actos torpes y equivocados, que continúan inclinando la balanza en contra del Gobierno, y escalarán hacia un uso progresivo de las acciones de calle – independientemente que estos dos procesos descritos se sostengan o no –, que a nuestro parecer estallarán tanto en las “nuevas centralidades”, como en los viejos escenarios de contienda, como lo son Quito – principalmente –, Guayaquil y Cuenca, lo que brindaría, siendo demasiado optimistas, la oportunidad para construir un proceso de alcance nacional, diversificado regionalmente y que podría romper la atomización de la izquierda anclada regionalmente.
Es así que, la violencia, o más bien, la auto defensa popular, volverá poco a poco a posicionarse en el imaginario del pueblo, no se desprenderá necesariamente del accionar de minorías revolucionarias presentes en el seno de las organizaciones, sino de acciones coordinadas o no, que en el territorio irán construyendo una nueva racionalidad de la contienda. Mientras esto sucede, la izquierda urbana ilustrada sigue sin comprender el rol, más allá de la necesaria reproducción en redes de los acontecimientos, que debería jugar en el desarrollo y sostenimiento en las grandes urbes de procesos de apoyo a lo que sucede en la “periferia”, incrementando a su vez la movilización y la tensión entre los sectores populares y el Estado, implementando un programa que supere la dicotomía política e ideológica que domina a la izquierda, y el impide ver el implacable avance fascista que vive nuestro país.
