“Conflicto armado interno”: la cortina de humo del Narcoestado
Este 15 de enero, se cumple una semana de la declaratoria de estado de excepción por el Gobierno Nacional. La profunda conmoción interna, generada por el empresariado en el poder y amplificada a diestra y siniestra por los medios corporativos, aviva el odio a lxs pobres al nivel de pedir su exterminio. Al mismo tiempo, gracias a un buen lavado de imagen, un empresario bananero -el producto estrella en el que se exporta cocaína hacia Europa- y sus fuerzas del “orden”, parecen ganarse los corazones de la opinión pública, misma que aplaude eufóricamente en redes sociales las primeras torturas a la juventud empobrecida. El “denles bala” se ha vuelto el nuevo mantra de una mayoría que replica la línea oficial de la militarización social. En menos de dos días, tras el primer estado de excepción, el bananero Noboa logró construir una retórica de “guerra” y una estado de terror entre la población. Tal como en los 80s, el Ecuador vuelve a ser laboratorio de experimentos de control y limpieza social.
Se trata de una inmensa cortina de humo: la fabricación de un estado de “terror social” continuo generado por las corporaciones de comunicación, para permitir el avance silencioso de un nuevo ciclo de reformas neoliberales. En su momento, ni Moreno ni Lasso pudieron imponer una mayor carga tributaria a la clase trabajadora, por su masiva resistencia a tales medidas; un estado de “conflicto armado interno” permite a Noboa y cía. expedir leyes de emergencia en lo económico, y tras la consulta posiblemente también en términos sociales y de seguridad. Gracias a la cortina de humo del terror -elemental en la doctrina del shock- un aumento del IVA del 12 al 15% o una posible eliminación/disminución de los subsidios a los hidrocarburos, parece bienvenida por amplios sectores del nuevo “pacto nacional”. A esto se le suma una probable reforma laboral con trabajo por horas, zonas francas que permiten la súper explotación y cero garantías para la clase trabajadora.
Durante los dos años de desgobierno de Guillermo Lasso, tres instituciones claves en la hegemonía del Estado capitalista atravesaron una crisis profunda de legitimidad: 1. El gobierno en general -tanto Ejecutivo como Legislativo- se perfilaban como incapaces, corruptos y cómplices del crimen organizado; 2. Las FF.AA. y PP.NN. contaban con una imagen desastrosa, tras múltiples escándalos de tortura, feminicidios y narcogenerales, además de su sanguinaria y asesina actuación en los paros de Octubre 2019 y Junio 2022; y 3. La credibilidad de la maquinaria mediática corporativa se encontraba por los suelos, tras sus encubrimientos desastrosos a los escándalos de Lasso y sus entramados con evasión fiscal y la mafia albanesa. Repentinamente y gracias al estado de conmoción, estas tres instituciones se encuentran a reflote: la opinión pública alaba a un presidente con “mano dura”, al mismo tiempo que las fuerzas represivas les dan “su merecido” a “lacras subhumanas” que cometieron el delito de haber nacido pobres. Al mismo tiempo, la prensa se deleita con imprimir su discurso de odio sobre el debate político y social del Ecuador, facilitando una limpieza social.
La respuesta autoritaria por parte del Estado a la perdida de hegemonía es el estado de excepción. El desgaste de la hegemonía se puede ver como una disminución en la legitimidad del relato estatal-burgués, perdida en la capacidad para controlar un territorio, en la capacidad de generar alianzas dentro del mismo aparato estatal que le garanticen gobernabilidad, o todas a la vez. El mecanismo del estado de excepción se coloca sobre la mesa para recuperar esa hegemonía perdida por medio del uso de la fuerza y por medio de la suspensión y disminución de derechos -la amenaza del uso de la fuerza-. Adicionalmente, el estado de excepción tiene la particularidad de generar una relación especial entre los aparatos represivos y los aparatos ideológicos, que en nuestro contexto son las corporaciones de comunicación, quienes actúan como vocerías legítimas para reforzar los discursos emitidos por la burguesía en el poder.
Es decir, el estado de excepción, además de restringir derechos y liberalizar en impunidad el uso de la fuerza por parte del ejército y la policía, sirve para generar un consenso colectivo del que hacer frente al aumento de la violencia criminal. Es indiscutible que existe desde hace un par de años un auge de la presencia del crimen organizado en el país, mismo que ha impregnado las estructuras más delicadas del Estado, como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia y los cargos administrativos y de toma de decisiones. Sin embargo, el consenso generado entre el Estado y las corporaciones de comunicación, evaden al máximo la discusión acerca de la relación entre la burguesía –primarios exportadora y bancaria por lo menos- y los grandes cárteles del narcotráfico. Deliberadamente ocultan esta alianza, donde se ubican los verdaderos cabecillas y voces de mando que han puesto al país en la situación actual, para colocar la responsabilidad de esta desgracia, sobre los hombros de los jóvenes precarizados y racializados, que en efecto han encontrado en el crimen organizado su única forma de sustento. En la realidad, el 60% de toda la cocaína incautada de puertos del Ecuador en 2023, se encontró en contenedores de banano del clan Noboa.
Esta construcción intencionalmente miope del conflicto social, que descarta el factor estructural del análisis, genera dos fenómenos preocupantes: 1. Una estigmatización de los jóvenes racionalizados, todos hijos de la clase trabajadora más precarizada, a quienes sistemáticamente se les ha negado educación, trabajo, salud y vivienda; y 2. Una legitimidad sin precedentes de las fuerzas represivas y una celebración colectiva a los abusos, maltratos y tortura que agentes policiales y del ejército están ejecutando en contra de esta población vulnerable. Con una seria preocupación se ha evidenciado una celebración colectiva a los abusos y violaciones de derechos contra jóvenes de barrios periféricos, los apresamientos arbitrarios y masivos -que desde el 9 al 14 de enero sumaron 1.327-, así como el castigo colectivo que el Estado está ejerciendo en contra de PPLs a nivel nacional, quienes no han recibido comida, agua, medicamentos o atención médica desde hace una semana.
El totalitarismo que impregna el estado de excepción se acompaña de una deshumanización a los jóvenes empobrecidos y racializados y a las PPLs por el momento, pero que en poco tiempo se extenderá hacia sectores populares en general, militantes de izquierda consecuente y a la organización popular, que le hará frente a la arremetida neoliberal que se avecina. Todo bajo una legitimidad absoluta de las fuerzas represivas construida en la opinión pública. Los noticieros y las primeras planas versan titulares donde los términos terrorista y terrorismo toman un protagonismo perverso, sin que exista una delimitación adecuada del concepto, y menos aún una comprensión colectiva de semejante clasificación. La posibilidad de que en el país empiece a generarse falsos positivos por doquier es altísima, y como se ha visto en países como Colombia, los más afectados serán jóvenes de clases populares, dirigentes populares y militantes de izquierda consecuente. Es menester de toda la organización popular, los movimientos sociales y los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios y militantes destruir el relato que intenta imponer el término de terrorismo en el relato cotidiano. De esto puede depender nuestro futuro.
En este sentido toma mucha relevancia el acuerdo firmado en las últimas semanas del Gobierno del Encuentro, entre el embajador Fitzpatrick y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique. Este acuerdo, de aprobarse en la asamblea, permitiría la entrada de tropas estadounidenses a territorio con impunidad absoluta y permiso de conducir operaciones militares y de inteligencia en el Ecuador. Un acuerdo que se encuentra en directa violación a la Constitución, podría aprobarse también por medio de una reforma que provenga de la próxima Consulta Popular. Esta pérdida de soberanía, supondría la integración directa del Ecuador como territorio bajo jurisdicción imperialista yanqui, una especie de protectorado o Estado satélite. Esta es, en definitiva, una máxima a la que la burguesía aspira por medio de la doctrina del shock, encaminada a extinguir derechos para aumentar el control social, prevenir procesos de organización popular, aprobar reformas antipopulares y militarizar la vida en absoluto. Gracias a la cortina de humo del “conflicto armado interno”, grandes sectores populares entregarán sus derechos en bandeja de plata a sus verdugos.
El estado de excepción la vía perfecta para el ajuste económico con el que sueña la burguesía desde hace años. Durante los estallidos sociales de Octubre de 2019 y Junio de 2022, la narrativa estatal en alianza con las corporaciones de comunicación ya intentó imponer una relación evidentemente falaz entre la organización popular y el crimen organizado. En las próximas semanas y meses, el consenso generado en la opinión pública respecto a la legitimidad del uso de la fuerza -inclusive letal- por parte de los aparatos represivos del Estado, obligarán a la inmovilidad a organización popular. Por un lado protestar en las calles será mucho más letal, la categorización de terrorismo será utilizada indiscrecionalmente y por otro lado será mucho más complejo lograr un apoyo popular masivo, como si sucedió en las anteriores experiencias de revueltas.
En el Ecuador, el Narcoestado invoca a la limpieza social. Más que un golpe al crimen organizado, el estado de excepción y el reconocimiento de un “conflicto armado interno” declara una guerra contra la clase trabajadora, la organización popular y la izquierda consecuente del país.
