Ecuador bajo la bota yanqui como nunca antes

Aparentemente el plan de gobierno de Noboa apunta a convertir al país es una auténtica hacienda bananera, al clásico estilo de Los Álamos, La Clementina o la United Fruit Company -ahora Chiquita-, y sus hazañas de sangre y fuego contra la clase trabajadora y la organización popular. A 15 días del primer estado de excepción declarado por Daniel Noboa, la situación del país es la misma respecto al desarrollo y poderío del crimen organizado, pero se retrata completamente distinta para el pueblo y la clase trabajadora. Hasta el momento no se ha revelado ningún avance en la captura de los líderes criminales prófugos de la justicia, ni se han desarticulado grandes entramados empresariales ilícitos, ni se logra explicar cómo el 60% de la cocaína incautada en el exterior proviene de containers de banano del grupo Noboa. Lo que sí ha salido a la luz, son los abusos físicos, verbales y psicológicos, la tortura que agentes policiales, militares y municipales han infringido incansablemente en contra de jóvenes populares, negros, cholos, indios y en situación de calle.  

La república bananera de Noboa contempla una situación política y jurídica que este país nunca había experimentado. La declaratoria de CANI -Conflicto Armado No Internacional- logra posicionar en el sentido común de la gente dos cosas: 1. Miedo. Si bien los niveles la violencia criminal ha alcanzado niveles nunca antes percibidos, el marco en el que esta problemática se está presentado desde el Estado y las corporaciones de comunicación, intencionalmente ocultan la alianza entre el crimen organizado y los grandes grupos económicos del país. Por el contrario, Estado y corporaciones se han concentrado en criminalizar a la pobreza. El miedo mal direccionado entre iguales refuerza el individualismo, destruyendo aún más el tejido social y mermando las capacidades organizativas de la clase trabajadora; y 2. Justifica la militarización del espacio público, la persecución indiscriminada y la intervención imperialista en territorio nacional en detrimento de la soberanía del país.

La respuesta inmediata -evidentemente coordinada- del Departamento de Estado yanqui, fue el envío de una delegación político-militar especial: Christopher Dodd Asesor Presidencial Especial para las Américas, Laura Richardson Comandante del Comando Sur y Christopher Landberg Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos. Bajo esa lógica también se inscribe el último acuerdo de cooperación militar que el banquero presidente firmó con los EE.UU., mismo que otorga al ejército, la policía y demás aparatos del orden de USA, permisos para opresiones en territorio ecuatoriano. Esto refuerza la posición geopolítica de especial que el país ostenta para los intereses del imperialismo yanqui en la región, que la misma Richardson expuso en uno de sus primeros discursos como Southcom, exactamente hace un año: “¿por qué esta región es importante? Por todos sus recursos y tierras raras. Aquí está el triángulo de Litio. Tenemos mucho en juego y mucho trabajo por hacer”.

Más de 20 años de presencia del ejército de los EE.UU. en Colombia solo reforzó la posición del vecino país como potencia mundial de la coca: no disminuyó la producción ni exportación del producto, lo que demuestra que los yanquis llegan para resguardar las rutas de tráfico y sacar los réditos económicos correspondientes. Además de cumplir con su papel primordial: la criminalización, persecución y exterminio en contra de la organización popular y jóvenes precarizados. Ecuador está bajo la bota imperialista yanqui como nunca antes, y se está instrumentalizando la guerra contra el crimen organizado como pantalla para generar una estrategia de control social alto al estilo de las campañas de contra insurgencia que se experimentaron en los 70s y 80s. La alianza entre el crimen organizado y la burguesía tiene alcances transnacionales, alianza que ejecuta el poder en contra del pueblo y la clase trabajadora desde una doble posición: una lícita dentro de los marcos del Estado, y una ilícita paraestatal. Una violación sistemática de derechos a gran escala se avecina.

En ese mismo sentido, la cooperación del Estado fascista de Israel se fortalece. Este fin de semana los primeros 45 autos tácticos blindados llegaron al Ecuador, mismos que fueron comprados USD 60 millones por la administración de Lasso, después del estallido popular de Junio de 2022. El fascismo sionista del Estado de Israel también se pronunció con la voluntad de apoyar al Estado ecuatoriano con armas -probadas en el pueblo palestino- y cooperación en inteligencia y táctica militar. El Estado genocida de Israel ha estado implicado en la represión ecuatoriana desde la formación del SIC-10 y el escuadrón volante de Febres-Cordero, cuando el agente de la Mossad -Ran Gazit- le dio una mano al presidente socialcristiano. No es una coincidencia que la ultra derecha de nueva generación se configure y forme bajo la venia de dos grandes criminales de la historia: los Estados Unidos y el Estado de Israel.

Por otro lado, el gobierno nacional ha aprovechado el estado de excepción para presentar proyectos de ley en su modalidad de económicos urgentes, mismos que responden a las condicionalidades crediticias del FMI. Este organismo multilateral ha señalado en reiteradas ocasiones que parte de las condiciones para la contratación de deuda, son la eliminación de los subsidios a combustibles y el aumento al IVA al 15%. El segundo punto ya se plasmó en el proyecto de ley que fue presentado por Noboa y aprobado por le CAL este lunes. Respecto a los subsidios a combustibles, la expectativa y preocupación aumentan cada día entre la población. Modificar el derecho para regular la vida social es uno de los objetivos centrales del estado de excepción, que como se ha revisado anteriormente, es un mecanismo ejecutado por el Estado para reconstruir su hegemonía por medio del uso de la fuerza y su amenaza permanente.

Ciertamente la violencia a la que la burguesía en el poder y el crimen organizado están sometiendo al país es alarmante. Es ahora cuando se torna más necesaria que nunca una cabeza fría en disposición de mirar el panorama más amplio. El Estado y las corporaciones de comunicación apelan a la sensibilidad de todxs, e intentan desviar la atención del problema real: un sistema de clases que tiene como único objetivo y valor moral a la acumulación privada. El narcotráfico es una expresión perfecta del libre mercado: se regula a sí mismo, no depende de ninguna ley, los precios están liberalizados y las condiciones de producción y comercialización no contemplan ningún límite moral o ético. El crimen organizado y su vínculo con la clase dominante es constitutivo del capitalismo, ellos no van a encontrar una solución que contemple el bien común. Solo la organización puede dar una respuesta real y popular a nuestras vidas. Solo habrá paz con justicia social.