Ecuador: país del no futuro
El 22 de noviembre se cumplió un año de la nefasta administración de Daniel Noboa, oligarca bananero catapultado a la presidencia como “outsider”. Un niño rico nacido empresario de la dinastía bananera de los Noboa -uno de sus antepasados directos, Diego Noboa, ya fue presidente entre 1850 y 1851- arrebató el máximo trofeo que se otorga la clase explotadora cada cuatro años, para sostener la pantomima caricaturesca de la democracia burguesa. Noboa, al cumplir un año en el poder, se jacta de haber priorizado el pago a la deuda externa, por sobre la inversión en sectores como infraestructura y la inversión social. Prácticamente nula es la inversión en estos sectores en todo su mandato, mientras el pago a la deuda externa equivale a alrededor de USD 3.600 millones en tan solo un año.
En oligarca es el primer mandatario con más viajes al exterior en toda la historia. En su corta presidencia, ha efectuado 13 viajes internacionales. La dinastía Noboa vive una vida de lujo y exuberancia absoluta a costa de la miseria popular, y esto no solo desde su inserción en la política: su clan acumuló su vasta riqueza sobre la esclavización y la sobreexplotación de la clase trabajadora. Noboa como nadie, representa a una larga tradición de subyugar y violentar a trabajadorxs, mismxs que considera parte de su feudo y hacienda de propiedad personal, como en su momento el monarca genocida belga, el rey Leopoldo II.
Si algo ha marcado el gobierno de Daniel Noboa, además de la hipérbole de las contradicciones de la democracia burguesa, es el abuso del recurso del estado de excepción. El autoritarismo y la potenciación de un Estado policial por parte del hacendado presidente corresponden a una respuesta natural del Estado capitalista, a la crisis política que atraviesa el país desde el 2014. En otras palabras, el recurso del estado de excepción es la respuesta autoritaria a la crisis de hegemonía que atraviesa la clase dominante, y por lo tanto a la crisis de hegemonía ideológica que la crisis política genera. Nos encontramos frente a una agudización de la lucha de clases en el país.
Uno de los momentos clave de este mal gobierno, fue la declaración del Conflicto Armado Interno CAI el pasado 9 de enero, mismo que conllevó a una pesada criminalización de la pobreza, de la protesta y la organización popular. Presentándose como una cortina de humo, los eventos de inicio de año marcaron una creciente militarización de la vida, que si bien no inició en este gobierno, si se ha profundizado gradualmente hasta el presente. En un contexto de Narcoestado ya bien establecido y cimentado, en el que el Ejecutivo ha estado directamente involucrado por al menos dos gobiernos, así como la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, el Ejército y el SNAI; la militarización del espacio público toma dimensiones mucho más complejas.
La Banana Republic repunta con alrededor de 700 muertes violentas en octubre de 2024, tan solo 50 menos que en diciembre de 2023, un mes antes de la declaratoria del CAI. Estas cifras desastrosas demuestran que la militarización del espacio público y de las cárceles, además una inversión cero en sectores estratégicos, no contienen en absoluto una estrategia real.
No solo se ha logrado normalizar que el mundo de la vida este colonizado por destacamentos especiales de hombres armados, sino que además en territorios de alto conflicto como Los Ríos, Napo, Durán, entre otros, también se ha normalizado que estos destacamentos se presenten en una mixtura entre agentes del estado y agentes paraestatales en evidente colaboración. Este es el caso de la expansión de la explotación minera en Napo, que entre minería legal e ilegal, han logrado destruir más de 6 ríos, desplazar y atemorizar a pueblos y nacionalidades, entre otros mecanismos de sometimiento y precarización contra la población local. En el Napo los pueblos resisten, a lo que es claramente una alianza entre empresa privada, crimen organizado, Estado y burguesía en el centro del poder político.
Este particular estado de las cosas, degenera en un autoritarismo descarnado que ha ido en crescendo este último año. Una de sus expresiones es el estado de excepción -que se ha extendido por 10 de 12 meses-, pero también el autoritarismo de Noboa se presenta de otras formas. Una de las primeras acciones que ejecutó como gobierno, fue precisamente la eliminación de la tabla de consumo, misma que cumplió dos funciones: la primera populista, y la segunda como mecanismo de persecución y judicialización de personas que sobreviven del micro tráfico para cumplir los parámetros de “la lucha contra el narcotráfico”. Precarizadxs que juegan de último eslabón de la cadena del narco. Mientras tanto, centenares de toneladas de cocaína han sido decomisadas en cargamentos de bananas de la empresa del Clan del presidente. Otra forma de autoritarismo ha sido ejecutada desde el Ministerio de Ambiente, con la expedición de decenas de permisos ambientales a proyectos mineros e inmobiliarios, además del intento de ejecutar una consulta ambiental parcializada en Palo Quemado y las Pampas. Todo transcurre en el país en total impunidad.
La actuación del Gobierno Nacional frente a las movilizaciones de las últimas semanas, con un total abuso de la fuerza, no ha generado sorpresa alguna. En la marcha de conmemoración de los 102 años de la masacre del 15 de Noviembre de 1922, la violencia policial no se hizo esperar. Con arrastramientos violentos contra manifestantes, apresamientos arbitrarios con exceso de fuerza, y con una pesada presencia de vallas y agentes a lo largo de toda la movilización. Una semana después, para la marcha convocada por el FUT, la JRE y otras organizaciones afines, la respuesta estatal elevó su nivel de violencia. La Ministra Palencia movilizó a una desproporcionada cantidad de agentes en la ciudad de Quito, mismos que terminaron apresando a 12 personas, de las cuales 2 eran estudiantes secundarios y 2 veedores de Derechos Humanos.
Así mismo, la Ministra Palencia, escoltada por el Comandante de la Policía Víctor Zárate y el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Jaime Vela, amenazó a las manifestantes, reprochó “las formas” y cerró el Centro Histórico, expropiando a la gente de los espacios públicos. Como buenos discípulos del fascismo mundial, Noboa y su gobierno siguen el ejemplo del Estado de Israel, y se pasan al Derecho Internacional, los Derechos Constitucionales y los Derechos Humanos por los cojones.
Este caso omiso al derecho es precisamente una característica del autoritarismo, que quizás se encarna con más brutalidad en las cárceles del país. La deshumanización a la que están sujetos las PPLs en el Ecuador recuerda que vidas importan y cuáles no. Al menos dos PPLs han muerto de inanición o desnutrición severa este año, otras 17 fueron asesinadas con extrema violencia en la Penitenciaría del Litoral el pasado 12 de noviembre -una presión militarizada-. Así mismo, este fin de semana, familiares de personas recluidas denuncian traslados masivos de Latacunga hacia Tungurahua. El país no se cae a pedazos, la burguesía lo destruye a voluntad e indolencia.
El presidente sostiene su mandato desde la propaganda política y el lavado de imagen: Noboa ha invertido más de USD 13 millones en propaganda en 12 meses, y además contenta a las fuerzas represivas con dotación e impunidad. Mientras recorta absolutamente todo lo demás, en este país, no se puede estudiar, ni enfermarse, ni sostener un hogar. La realidad material indica cada vez menos posibilidades de una reelección. Por su parte, el régimen actual se encuentra montando una serie de artilugios paralegales que rayan en la inconstitucionalidad, como la suspensión de la actual vicepresidenta por una denuncia laboral, o la inhabilitación de uno de los candidatos con buena intención de voto. En la actualidad los marcos legales de la propia burguesía son trasgredidos por sí misma, violando y desmantelando su orden constituido. Por esa misma razón el fascismo es capitalismo en crisis.
Correspondiendo a la realidad material, la crisis energética no se solucionará en diciembre, contrario a las declaraciones mitomanas del presidente bananero. Los 210 MW con los que seguramente contaba el gobierno para diciembre, correspondientes a tres centrales termoeléctricas, entre las que se encuentra Energyquil, cuentan con demoras e irregularidades significativas, mientras se encuentra en la mira la firma de un cuarto contrato. A su vez, la supuesta importación energética desde Colombia cubriría la demanda equivalente a una reducción de cortes de 8 a 6 horas, como en la actual semana.
En medio de la pugna interburguesa que supone inaugurar los ciclos electorales de turno, la capitalización de posibles votos a favor de Topic y su sucesiva suspensión, conllevó también a la suspensión de la licencia de operación del cable submarino intercontinental que sostiene alrededor del 60% de la demanda de internet en el país. Este accionar estatal, intermediado por Arcotel y la empresa Cable Andino, demuestra una instrumentalización franca de las instituciones estatales por la burguesía. Al mismo tiempo, alrededor del 8% del total de la población del Ecuador-equivalente a 1,2 millones de personas- se plantea migrar de tener la posibilidad.
Resulta indudable que Noboa utilizará toda la maquinaria estatal -como paraestatal- a su favor, para aferrarse al poder. Con la clase empresarial y el manejo de sus intereses dentro del Estado burgués, el Ecuador se convirtió en el país del no futuro. ¿Qué esperamos para organizarnos?
