El gobierno de Moreno es cómplice de Chevron

En la Haya, Holanda, hay un tribunal de arbitrajes que en realidad es un centro de mediación privado cuyo campo de acción cotidiano son las controversias de los Estados frente a las multinacionales, no es una institución que cuida los derechos humanos o garantiza la justicia; todo lo contrario, sus decisiones tienden a cuidar la acumulación del capital privado en contra del interés colectivo y la soberanía de los países.

Se debe tener cuidado y no confundir este centro de mediación con la Corte Penal Internacional, instancia que sí es un tribunal de justicia donde los Estados que han firmado el Estatuto de Roma se someten a sus decisiones, al respecto de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y otros cuyas características son consideradas particulares o excepcionales.

La corte de la que hablamos acá es una oficina privada que arma tribunales por cada caso con abogados particulares, no operadores judiciales, que hacen de árbitros entre las corporaciones y los Estados, garantizando el interés particular o individual.

Aunque el gobierno y los medios de comunicación se esfuercen en hacer parecer que la sentencia es un fallo determinante de la justicia internacional, producto del análisis de las contundentes pruebas de corrupción de la justicia ecuatoriana y los abogados de las comunidades damnificadas, en realidad se trata de un decisión tomada por un centro de arbitrajes, un órgano privado por fuera de la estructura de la justicia internacional. 

Por lo tanto, esto se trata de un montaje pactado entre políticos y empresarios. Para muestra un botón: un día antes de que la corte haga el fallo, el sobrino del abogado de Chevron y, secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, ya anunció con preclara clarividencia lo que sucedería. Ellos lo sabían, y ni siquiera les importó ser evidentes.

Es así que el giro político de 180 grados del gobierno neoliberal de Moreno, tiene una de sus expresiones más patéticas y peligrosas en las relaciones internacionales, ya que con la finalidad de restablecer relaciones comerciales con Estados Unidos, se acepta de manos cruzadas una decisión injusta de un organismo de mediación privado que carece de legitimidad al tratar temas relacionados con derechos humanos.

Habrá que aclarar, en pos de dejar sentada una posición, algunos asuntos alrededor de la sentencia, entendiendo que lo resuelto por la corte de Arbitraje de la Haya, da respuesta a una demanda interpuesta por Chevron, haciendo uso del Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos -  instrumento que no estaba vigente para los años de operación de Texaco, y que fue denunciado y dado de baja por la Asamblea Nacional en el 2017 -  es vinculante en medida de las sanciones comerciales de los Estados Unidos.

Así, la sentencia pretende obligar al Ecuador a que pague daños y prejuicios a la empresa multinacional, que se dé la baja a una sentencia judicial y, además que Petroecuador se encargue de la reparación de las víctimas, lo que implicaría una cifra mayor a los 18.000 millones de dólares.

Los y las damnificadas han ganado la mayoría de juicios en donde la defensa se hace en derecho, lo que incluye al sistema judicial canadiense. Más los medios y políticos callan y se subordinan a los intereses extranjeros poniendo en riesgo el futuro de todo un país. No nos dicen que, de concretarse en noventa días este posible escenario, y si el gobierno acepta el fallo comercial, el Ecuador podría incrementar un 18% su nivel de endeudamiento de golpe y porrazo.

La mediática internacional y nacional presenta una imagen distorsionada de la situación, en donde parecería que el Ecuador ocasionó algún tipo de prejuicio a la multinacional por no obedecer algunos párrafos de un tratado comercial, que de ninguna manera está sobre la Constitución y los derechos humanos de las afectadas y los afectados de la operación de Chevron.

Por tanto, esta situación es un grave antecedente para la independencia de la justicia ecuatoriana, y en medida de la sumisión del gobierno de Moreno, se afectará la institucionalidad judicial y los recursos con los que el país cuenta para cubrir su responsabilidad social.

¿Y qué dice Moreno? Qué es culpa de Correa.