El indulto presidencial celebra el gatillo fácil
El 25 de agosto de 2022, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, condenó a 13 años de prisión a Santiago Olmedo. El 11 de junio de 2021, Olmedo presenció un asalto mientras se encontraba fuera de servicio y armado, por lo decidió perseguir y acribillar a dos personas, sin que estas estuvieran poniendo en riesgo la vida de nadie en el momento de su ejecución. Al conocer el aumento de la sentencia, fijada en un principio en tres años y cuatro meses el 19 de enero de 2022, el presidente Guillermo Lasso declaró su intención de aplicar un indulto ejecutivo al héroe de la burguesía. Esto sentaría un precedente nefasto respecto a la permisividad de ejecuciones extrajudiciales. El capitalismo neoliberal asesina por medio de paquetazos económicos, al mismo tiempo de implementar una política de limpieza social en contra del pueblo.
En el momento de los asesinatos a manos de Santiago Olmedo, el uso de la fuerza letal únicamente se permitía en casos de peligro directo en contra de la vida de agentes represivxs o de una tercera persona, lo cual presupone un abuso del uso “legítimo” de la fuerza y un delito de lesa humanidad. El espaldarazo político que pretende otorgarle Lasso a Olmedo mediante el indulto, se enmarca en un panorama de extrema explosividad de la violencia sistémica capitalista, la cual incluye tanto al crimen organizado como a las fuerzas represivas, aliados de clase por excelencia.
La normalización de la violencia policial es elemental para el funcionamiento del Estado neoliberal, puesto que legitima la violación sistemática de Derechos Humanos. Si en el imaginario de una porción importante de la población, la seguridad ciudadana puede mediarse por el uso de la violencia extrema, socialmente se facilita la ejecución de crímenes de lesa humanidad por parte de los aparatos represivos del Estado. El respaldo moral que Lasso da al policía asesino Santiago Olmedo, normaliza, legitima y justifica el gatillo fácil como mecanismo de limpieza social y control de la organización popular. Cuando el Presidente de la República abraza a Santiago Olmedo -el pasado 25 de enero- todo el Estado celebra la perversidad del gatillo fácil, y por lo tanto celebra también el accionar criminal de agentes policiales.
Si bien la Constitución del Ecuador permite al presidente indultar, hay que reconocer que se trata de una acción arbitraria del poder público, misma que incluso puede considerarse como antidemocrática, ya que presupone un atropello a la separación de los poderes del Estado. Una vez más la falacia de la democracia burguesa se evidencia, demostrando que definitivamente no es una institución al servicio del bien común, sino que como el Estado, la democracia burguesa es un aparato de clase, protegiendo la acumulación y privilegios de la clase dominante. El indulto presidencial quebranta el pacto social de “igualdad y equidad entre todxs lxs ciudadanxs”, por medio de la imposición moral y arbitraria del ejecutivo. Esto refuerza el modelo híper presidencialista de la administración pública, que Lasso explota a su máxima expresión, en consonancia con el giro autoritario que tomó a partir del Paro Nacional de Junio.
Por otro lado, la ley no permite que se otorguen indultos a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y violación a Derechos Humanos. La condena de Olmedo se agravó a causa de que se reconoció la extralimitación de sus funciones como agente policial. Es decir, Santiago Olmedo realizó dos ejecuciones extrajudiciales, una clara violación a los derechos humanos, reconocida como tal internacionalmente. Sería una transgresión moral y ética grave por parte de Guillermo Lasso, otorgarle el indulto al cabo Olmedo. Sin embargo, esta transgresión no contradice en lo más mínimo los valores del Gobierno Nacional, todo lo contrario, continua develando el verdadero carácter e intenciones políticas de la burguesía en el poder.
En el momento histórico actual, la ejecución de la doctrina del shock somete al pueblo y la clase trabajadora a un nivel altísimo de presión con la progresiva precarización de la vida. Inevitablemente la organización popular logra desbordarse en estallidos sociales anti neoliberales. La respuesta del Estado policial es la fascistización agresiva de sus aparatos represivos.
En términos simbólicos, un indulto presidencial y la libertad -o reducción de pena- de Santiago Olmedo, presupondrían un visto bueno por parte de la burguesía para legitimar y facilitar ejecuciones extrajudiciales que excederían incluso a la ley de gatillo fácil, al implementar de manera extrajudicial la impunidad absoluta de agentes del orden. El probable indulto confirmaría el respaldo por parte del Gobierno Nacional a la policía en sus crímenes históricos contra el pueblo -extorciones, torturas, violaciones, mutilaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales-. La burguesía fascistizada reclama la sangre del pueblo para blindar sus privilegios de clase.
Con respecto al aumento de la sentencia de Santiago Olmedo, el Ministro de Interior, Patricio Carrillo -con experiencia personal con crímenes de lesa humanidad- indicó que la sentencia presupone "inmovilizar y paralizar a la policía frente al crimen organizado", como si no estuvieran íntimamente relacionados. El contubernio inseparable entre los aparatos represivos y las economías ilícitas en Ecuador y el mundo, reside en su carácter sistémico y estructural. La burguesía es la clase parasitaria del pueblo trabajador, el crimen organizado es su brazo armado paraestatal, que complementa a las fuerzas represivas “legales”, que a su vez ejecutan el uso de la fuerza “legítima”.
El capitalismo representa un sistema en el cual prima el valor de la propiedad privada y la acumulación capitalista, por sobre la vida. Olmedo extralimitó sus funciones policiales, ejecutando a dos personas en el proceso. En un contexto en el cual la ley de gatillo fácil empieza, en conjunto con el creciente autoritarismo por parte del Gobierno Nacional, un indulto presidencial agrava la situación de progresiva fascistización del Estado y un segmento importante de la población, alarmando a la organización popular y los organismo veedores de Derechos Humanos. La ratificación de la intención de indulto a Olmedo, es algo que debería preocuparnos seriamente a todxs.
