El títere yanqui baila por el 4 de julio
A ocho meses del inicio de uno de los episodios más nefastos de la democracia burguesa en el Ecuador, la aprobación de Daniel Noboa se desploma como un verdadero castillo de arena, sostenido únicamente por una imagen mediática, que se esmera en imponer la sociedad del espectáculo. Cuando Noboa no contaba con ningún logro con el que alardear en el Informe a la Nación el pasado 24 de Mayo, sus zapatos de plataforma daban más de que hablar a la opinión pública, que su discurso de contenido espurio e irrelevante. Cuando se acercaba la consulta y su popularidad se encontraba en duda, se montó la maniobra de la invasión de la embajada de México en Quito. Ahora, en otro intento de sobreponerse mediáticamente, Noboa se salta la Corte Constitucional para imponer un nuevo estado de excepción focalizado.
En inicio de semana, que coincide con el inicio de mes, Daniel Noboa inicia con desesperación. Es evidente la incertidumbre del Estado respecto a la reacción popular frente a la efectivización de la eliminación progresiva de los subsidios a la gasolina extra y ecopaís, impuesta por el FMI y ejecutada al pie de la letra por el hacendado presidente. El imperialismo financiero es uno de los pilares fundamentales que sostienen al títere yanqui llamado Daniel Noboa. En su alarma por la llegada de la fecha de convocatoria de diversas organizaciones populares para movilizaciones a nivel nacional, el títere presidente decidió generar una cuarta declaratoria de estado de excepción en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Orellana, Santa Elena y el cantón Camilo Ponce Enríquez -Azuay- por 60 días. La excusa sigue siendo “la guerra contra el crimen organizado”.
Ante el anuncio de movilizaciones en rechazo al dictado del FMI, impuesto a cabalidad por Noboa y cía., el presidente se ausenta del territorio nacional, a la vez que promete condonar créditos coactivados menores a USD 5.000. Tal parece que mientras Moreno y Lasso se ingeniaron para escapar a sus feudos en Guayaquil, ahora el muñeco de cartón abandona completamente el barco, yéndose del país para no tener que dar la cara y salvaguardar la poca aprobación que le queda -alrededor de un 30%, según los últimos sondeos-.
La evidencia material demuestra que los estados de excepción no fueron eficaces en la supuesta “guerra contra el crimen organizado”. No solo que los índices de violencia e inseguridad no se atenuaron durante el estado de excepción correspondiente a la declaración del CAI, sino que en algunos territorios como en Durán, se triplicaron los índices de muertes violentas, extorciones y secuestros. No es sorpresa que no funcionen los estados de excepción para su supuesta función de seguridad, si el crimen organizado permea el Sillón Presidencial, el Legislativo, la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De esta realidad tenemos certeza absoluta, y las pruebas para demostrarlo las han entregado ellos mismos.
Por el contrario a lo que predica la Banana Republic, el estado de excepción es la evidencia de la crisis de hegemonía del Estado en territorio. En el contexto de Narcoestado en el que se está desarrollando la sociedad ecuatoriana, el estado de excepción busca imponer por la fuerza un poder ilimitado del Ejecutivo, con la excusa de reinstaurar un supuesto orden anterior. En la realidad, el estado de excepción busca mantenerse a sí mismo, para que el Ejecutivo pueda concretar las modificaciones necesarias en el Derecho para garantizar los intereses de la burguesía nacional y transnacional, como por ejemplo la eliminación de los subsidios de la gasolina extra y ecopaís. El ejemplo de esto es la progresiva construcción de un Estado policial, que ya cuenta con ley de gatillo fácil, instaurada en 2022, con juguetes nuevos para las fuerzas represivas, importados directamente del centro fascista mundial, el Estado de Israel, además del apoyo explícito de organismos represivos y de inteligencia como la CIA, el Mossad, el FBI y hasta el NSA, que trabaja directamente en Fiscalía.
En su dilema, Daniel Noboa interpone un cuarto estado de excepción, a pesar de que los dos últimos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Para respaldarse, en esta ocasión, Noboa impone su medida autoritaria con el aval de la Asociación Mundial de Juristas, órgano que practica injerencia imperialista en el Ecuador. La incertidumbre de presidencia es tal, que invita a una asociación sin validez ni reconocimiento nacional, para saltarse al máximo organismo legal en el Ecuador.
Como es cada vez más evidente entonces, el estado de excepción está diseñado para otorgar poder ilimitado al Estado, específicamente al Ejecutivo, lo cual se vuelve especialmente peligroso con figuras autoritarias. Lo que se demuestra es que Noboa es constantemente impulsivo, ya que en este momento, difícilmente podría darse un estallido social como los de Octubre 2019 y Junio 2022. La única organización popular con la organicidad y tradición de lucha capaz de generar una convocatoria y logística tan compleja y masiva es la CONAIE. Misma que ya respondió a la inquisitud frente a la convocatoria a las paralizaciones del 4 de julio, que “no están para salir por dos horas a las calles, sino hasta conseguir resultados”; dando una lección de seriedad y sobriedad absoluta tanto al Estado, como al resto de organizaciones y movimientos sociales.
En este sentido, y con una movilización masiva de gente, llenos y llenas de dignidad, autodeterminación y de lucha -parafraseando a Leonidas Iza- la CONAIE entregó al Legislativo el Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Montubios. Esta propuesta de Ley es la respuesta técnica que la organización de los pueblos en resistencia a la explotación minera y petrolera han desarrollado, para garantizar sus derechos constitucionales, mismos que han sido vulnerados permanentemente por el Estado y las corporaciones privadas. Al mismo tiempo, el Movimiento Indígena exigió hacer públicos los 42 acuerdos de Daniel Noboa con el FMI, mismos que condicionan política económica y social por los siguientes años.
Frontalmente Daniel Noboa y sus acólitos políticos han utilizado el Estado para su enriquecimiento privado, en el que se incluyen concesiones portuarias, la destrucción del Estero Oloncito con fines inmobiliarios o el tráfico de influencias para favorecer a su propia empresa -El Ordeño- para incurrir en contratos públicos de alimentación en cárceles y colegios. El Estado ecuatoriano es para el clan Noboa lo que equivale a su propia junta privada de intereses, utilizándolo a conveniencia para favorecer a su fracción de clase, perjudicando no solo a la clase trabajadora -un principio de la burguesía- sino también perjudicando al resto de fracciones empresariales. Tal parece que Noboa resiginifica el término de oligopolio, un Estado manejado como empresa privada entre pocas personas para el beneficio de su grupo de poder.
Transcurrido la mitad del mandato improvisado, Noboa - el niño más rico del Ecuador- ha desatado una pugna interburguesa que se extiende también al poder legislativo. Actualmente, los adversarios políticos formales de Construye, PSC y correísmo, se unieron contra su mutuo adversario, iniciando incluso un juicio político a la actual canciller y empresaria fracasada -quebrando AeroGal y EcuAir-, Gabriela Sommerfeld.
De forma simultánea, las fuerzas represivas continúan salpicadas por sus nexos y participación fundamental en ejecuciones extrajudiciales y como cooperantes directos del crimen organizado. En una semana, tan solo dos de los más recientes escándalos que vinculan a las FF.AA. ejemplifican su verdadero “espíritu de cuerpo”. El feminicidio a la subteniente Adita Ati en el Fuerte Militar Napo, presentando indicios de tortura, violación y extrema violencia en el feminicidio en su contra. Al respecto, cuatro de los cinco supuestos implicados, recibieron medidas substitutivas. Adicionalmente, un total de 15 militares se encuentran investigados por el ingreso de material ilegal a La Roca, demostrando una vez más que las fuerzas del Estado están intrínsecamente en colaboración con el crimen organizado -sin permiso no hay negocio, como dice el dicho popular-.
Por su parte, la cruenta violación a los derechos de la naturaleza por parte de la clase empresarial, continúa impunemente. La construcción de la tan afamada cárcel de máxima seguridad -otra cortina de humo del bananero-presidente- en Santa Elena, pretende darse -al igual que sus fechorías privadas en Olón- nuevamente en un área protegida. La “Cárcel del Encuentro” -como ha sido denominada por Noboa, es un homenaje póstumo al Gobierno del Encuentro de Lasso-, y además pretende ser construida en el bosque protector en el área de La Envidia.
Lo que resalta de ocho meses de Banana Republic es la transgresión sistemática de cualquier marco legal por parte del hacendado presidente, reflejando no solo su naturaleza profundamente antidemocrática, sino demostrando que el Ecuador se encuentra en las manos de un megalómano ultrarrico. Por nuestra parte, como pueblo y clase trabajadora, nos queda la tarea de construir la resistencia al neoliberalismo con paciencia y trabajo constante, y con la fuerza y determinación de una hormiga.
