El último avemaría de Lasso para ganar simpatía popular
La crisis política autoinducida de la burguesía se recrudece y profundiza. Tras la aprobación del informe legislativo que recomienda un juicio político a Guillermo Lasso, la maquinaria propagandística del gobierno volvió a activar el característico lavado de imagen al presidente. Como de costumbre, el oficialismo pinta un panorama completamente contrario a la realidad ecuatoriana, demostrando su distancia estratosférica con el pensar y caminar de la clase trabajadora. Para el Gobierno del Encuentro, el Ecuador es un país de oportunidades infinitas, mientras que para el pueblo, es un campo minado por el crimen organizado, desfinanciado por la burguesía parasitaria, y maniatado por la deuda externa. El Ecuador de Lasso construye un relato tan alejado de la situación material de la gente, que es evidente que el ejecutivo ha caído en una suerte de disociación entre la realidad y la fantasía.
Esta estrategia mediática construye una cortina de humo alrededor de la figura del presidente, para aparentar supuesta transparencia y honestidad, conceptos que en dos años han quedado completamente vaciados de cualquier significado coherente. Uno de estos irrisorios intentos de lavado de imagen es el nuevo segmento presidencial del resumen semanal de su “gestión”. Adicionalmente, el IESS invertirá USD 900.000 para mejorar su imagen institucional, seriamente afectada por las recurrentes olas de denuncias y quejas, a una institución desfinanciada, demacrada e ineficiente. Repentinamente y como parte de la estrategia de desviar la atención de la figura del presidente, la Fiscalía abre querellas por cohecho en contra del infame ex presidente Lenín Moreno, el cual se convirtió en un prófugo de la justicia por el caso Sinohydro, que involucra igualmente a su familia. Es así como un Estado burgués que se autoboycotea incesantemente para el beneficio exclusivo de las élites económicas, trata de lavarse las manos.
Las promesas con las que malabarea el Gobierno del Encuentro no pasan más allá de una intervención con fines puramente estéticos. El anuncio súbito de inversión de USD 15.000 millones en las carteras del Estado, corresponde únicamente al mínimo asignado dentro del Presupuesto General del Estado para el 2023. Otra respuesta al rechazo popular de casi el 90%, es el anuncio de proyectos de inversión como el de El Aromo, complejo que en un principio estaba destinado para la Refinería del Pacífico y en el que se pretende construir un campo fotovoltaico; o la declaración de reserva marina de las primeras 8 millas costeras del Ecuador. Adicionalmente, el gobierno anuncia la Academia de estudios Google, misma que se construiría en Bahía de Caráquez. Una administración que no invierte en infraestructura, ni en salud, ni en educación, ni en ningún proyecto que no sea la privatización y la apropiación de recursos del pueblo, jamás invertirá en el bien común, está en contra de su visión de país.
En medio de las investigaciones levantadas en torno al caso de crimen organizado que involucra directamente al presidente y su círculo político y familiar más cercano, el Gobierno Nacional se ve obligado a ahondar esfuerzos para mejorar sus niveles de aprobación popular. En un intento desesperado, tanto Cucalón como el mismo Lasso hacen pronunciamientos públicos que insistan en la inocencia del ejecutivo, o describen un Ecuador que desconocen el pueblo y la clase trabajadora, reservado solo para las élites económicas: un país de oportunidades, seguridad laboral y de servicios de salud efectivos y accesibles. Después de ser reveladas al público las relaciones entre el gobierno de la banca y el crimen organizado expresado como tráfico de influencias, corrupción, lavado de activos y narcotráfico, a la opinión pública le ha tocado aceptar lo que la organización popular y los movimientos sociales denuncian desde la primera masacre carcelaria: el proyecto neoliberal de Lasso contempla la cimentación de un narcoestado, que en los últimos 24 meses ha logrado reforzar la presencia del crimen organizado para el control de territorio e influye en las instituciones del Estado.
Es innegable que la burguesía es beneficiaria directa y principal del crimen organizado, que las grandes familias empresarias se constituyen como clanes dentro del poder político, practicando nepotismo y enquistándose en su posición con familiares y socios. El vínculo que existe entre los negocios lícitos e ilícitos para la acumulación capitalista es estructural y ha tenido distintas expresiones a lo largo de la historia del Estado burgués. Las grandes mafias han colocado su influencia en el poder político y las industrias desde siempre, con el uso de agentes paraestatales para generar despoblamientos forzados y control de la organización popular para madereras, petroleras y mineras –como la reciente ejecución del compañero Eduardo Mendúa en Sucumbios-, lavando dineros mal habidos como en la industria inmobiliaria, financiando campañas políticas como en el caso de CREO en 2021, haciendo control territorial como en el caso de las cárceles a nivel nacional, con el tráfico de puestos como Danilo Carrera, entre miles de expresiones más. Es precisamente en las dinámicas del crimen organizado que se expresa el ideal por excelencia de la burguesía: el libre mercado a su máxima expresión.
En el caso de que el CAL de la Asamblea Nacional califique el juicio político contra Lasso, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen que requeriría 6 de 9 votos favorables para que se efectivice un proceso por las causales planteadas en el informe de la comisión ocasional del Legislativo. En este contexto se da el pronunciamiento de uno de los actores políticos más nefastos del continente, la OEA. El pronunciamiento insta al respeto de los periodos de gobierno y el respeto a la democracia en el país, demostrando que a pesar de que existan señales confusas, el imperialismo yanqui sigue respaldando a la figura de Lasso.
En tanto, el Narcoestado continúa fortaleciéndose, imponiendo a sangre y fuego el modelo antipopular del neoliberalismo. En este contexto vuelve a ponerse en la discusión pública las posibilidades de muerte cruzada, de paro nacional y destitución del Ejecutivo. Nos enfrentamos a un claroscuro que configurará la nueva disposición de los actores y su fuerza en el escenario político. Dentro del espectro posible para Ecuador en un futuro próximo, podrían existir desde una salida en los marcos de la política real con una destitución; un amortiguamiento del conflicto con un alargamiento del proceso judicial y legislativo por apelaciones o inclusive desastres naturales ; o un gran estallido popular marcado por el uso excesivo de la fuerza en la represión estatal contra el pueblo, como en el caso del Perú.
Mientras la burguesía en el poder se reconfigura, todos los escenarios demandan un fortalecimiento de la organización popular y la construcción de una conciencia de clase que nos conduzca a la dignidad colectiva.
