Gatillo fácil e impunidad policial
El pasado 6 de agosto la Asamblea Nacional ratificó el texto original de la Ley de Uso “Legítimo” de la Fuerza, negando el veto parcial enviado por presidencia el 7 de julio. El Legislativo acogió solo uno de los puntos planteados desde el Ejecutivo, referente al Art. 14, respecto a eliminación de subtipos de nivel de uso de la fuerza, lo cual podría subjetivar los criterios para la aplicación de la ley en contra de personas en ejercicio del derecho a la protesta, facilitando la violación sistemática de Derechos Humanos. Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno se anunció que se implementarán puntos del veto por medio de la emisión de Reglamento General de la Ley, directamente desde el Ejecutivo.
El Gobierno Nacional posiciona el discurso del combate a la inseguridad, cuando las objeciones presidenciales al gatillo fácil reglamentaban explícitamente el uso de la fuerza letal en contextos de protesta social. La impunidad que el presidente pretende conferirles a lxs agentes represivxs, facilitaría ejecuciones extrajudiciales y el abuso sistemático de la fuerza en contra del pueblo. De emitirse un reglamento por parte del Ejecutivo, la burguesía ecuatoriana lograría establecer una ley de gatillo fácil parecida a la existente en EE.UU., país en el cual cada año son asesinadas más de 1.100 personas a manos de las fuerzas represivas. Del total de las ejecuciones policiales, tan solo el 2% son investigadas, reflejando un sistema legal que permite abiertamente la impunidad de asesinatos ejecutados por agentes del orden.
La posibilidad de emitir reglamentos a las leyes es una atribución del ejecutivo que inevitablemente pone en riesgo los principios de equilibrio de poderes y al anti-presidencialismo. La figura de reglamentos a leyes facilita el abuso de poder desde el ejecutivo. Es perfectamente legal que se emita un reglamento a la Ley de Uso “Legítimo” de la Fuerza, la pregunta se centra más bien en su validez moral y ética con respecto a los principios de equilibrio de poderes y de democracia participativa, supuestamente representada por el Legislativo. Ya que no existe un organismo de control que observe y regule la facultad reglamentaria del ejecutivo, este puede rebasar fácilmente las normas y principios constitucionales.
El artículo 147 de la Constitución plantea que los reglamentos a leyes no deben contradecir o alterar la ley bajo ningún concepto, por lo tanto el reglamento norma la aplicación de la ley. Sin embargo en la práctica, la facultad reglamentaria, genera un condicionamiento arbitrario concentrado en la voluntad individual del mandatario. Cuando desde presidencia plantean que mediante la emisión de un reglamento entregarán “a la Policía Nacional lo que el Legislativo le ha negado”, justifican un híper presidencialismo que desconoce la labor democrática de la Asamblea Nacional. Es decir, el creciente autoritarismo de Guillermo Lasso se pone en evidencia. Así como también se pone en evidencia el principio maniqueo de la democracia burguesa, que es capaz de torcerse en sí misma para satisfacer la voluntad y privilegio de la clase dominante en el centro del poder político del país.
De emitirse un reglamento a la Ley de Uso “Legítimo” de la Fuerza en los mismos términos que se planteó el veto parcial, podríamos enfrentarnos a una regulación para la aplicación de la ley que contemple agravios a la condición de gatillo fácil que ya representa el texto original. La comisión legislativa ya había alertado de la inconstitucionalidad del veto parcial, previniendo que las observaciones ejecutivas atentaban en contra de los Derechos Humanos. Entre las modificaciones planteadas por el Ejecutivo destacaron: 1. Que lxs agentes del orden no podrán cometer infracciones penales en el cumplimiento de servicio; 2. Que se elimine la obligatoriedad del Estado a sancionar el uso indebido de la fuerza; y 3. Que agentes de las fuerzas represivas no puedan negarse a cumplir órdenes aun cuando estas sean ilegítimas, inconstitucionales o ilegales, así como no podrían denunciar a lxs agentes que las emitan.
Con el anuncio de la emisión del reglamento a la ley, Guillermo Lasso pretende imponer la muerte en las calles y cárceles del país, al facultar a agentes represivxs a la impunidad absoluta en el cumplimiento de servicio. La clase burguesa se encuentra consiente del desastroso abismo neoliberal al que se enfrenta el Ecuador y de la inminencia de una nueva ola de descontento y rechazo popular al proyecto de Lasso. De forma sucesiva, el Estado parece tener apuro en profesionalizar a las fuerzas represivas con equipamiento y entrenamiento de alto nivel, como lo confirman la adquisición del lanza proyectiles bélico Venom, y las capacitaciones policiales en suelo israelí. El oficialismo se blinda de forma legal -por medio del gatillo fácil- y de forma material, con la constitución del Estado policial. La multiplicación del presupuesto represivo, a la par del dictado de la austeridad para el resto de carteras del Estado burgués, constituye la característica central del momento histórico neoliberal. Indistintamente de las características del Estado burgués, se sostienen únicamente por medio de la violencia de sus aparatos represivos.
Después de la contundencia del Paro Nacional, en el cual el descontento popular desbordó las calles, carreteras, ciudades y comunidades, la burguesía pretende imponer el relato del enemigo interno, para criminalizar la protesta social radicalizando la violencia que desata en contra del pueblo organizado. Con o sin el reglamento del Ejecutivo, la ley de gatillo fácil es el instrumento de imposición de clase por excelencia. Las fuerzas represivas reciben un cheque en blanco para cometer delitos en contra de la vida del pueblo.
Después de la brutalidad policial y militar que se evidenció durante el Paro Nacional de junio 2022, Lasso y su clase intentan recrudecer una Ley que -por sí sola- ya representa un atentado contra la vida del pueblo y la clase trabajadora. En cualquier contexto, el accionar de las fuerzas represivas en contra del pueblo presupone una violación a los Derechos Humanos. La represión como tal, es el instrumento que se ejerce con el fin explícito de transgredir derechos, imponiendo el dictado de clase por medio de la violencia del Estado burgués. El gatillo fácil y las facultades extraordinarias que la burguesía aspira a otorgar a sus agentes represivxs, representa el máximo instrumento de la imposición capitalista.
