La gran puesta en escena del Estado de excepción
El flamante gobierno de Daniel Noboa -mayor empresario bananero del Ecuador-, recrea las narrativas del Narcoestado para legitimar un régimen de militarización social. El 8 de enero de 2024, tras conocerse la fuga de alias Fito, seis centros penitenciarios a nivel nacional se amotinaron, entre ellos la Penitenciaria del Litoral, Turi, El Inca, Latacunga, Ambato y Machala. El tan aclamado y esperado Plan Fénix, una de las propuestas que catapultó a Noboa a la presidencia por su lógica “novedosa” de mano dura, continúa siendo un secreto de Estado, o más bien, una puesta en escena inspirada en el autoritarismo sionista de Nayib Bukele.
El gobierno por decreto y estado de excepción, parece haberse puesto de moda en América Latina. Milei propone un poder ejecutivo y legislativo concentrado en su persona, mientras Bukele impone una aparente estabilidad social, basada en la reclusión y el asedio a la clase trabajadora. En la actualidad, El Salvador es el país con la mayor población carcelaria del mundo en proporción a su población. Durante los dos años nefastos del banquero presidente, Guillermo Lasso decretó el estado de excepción un total de 11 veces.
Una de los mejores y más pompos libretos se puso en escena al momento en que el Estado ecuatoriano aceptó desconocer el paradero de alias Fito. Lo que siguió a este evento desafortunado, fue una serie de motines casi simultáneos en las cárceles más importantes del país, que incluyeron decenas de guardias penitenciarios retenidos. La situación en las cárceles del país logra generar la imagen adecuada para aupar la sensación de inseguridad y miedo que ya aqueja a gran parte de la sociedad civil. Este estado material y psicológico de la gente, tiene la potencialidad de facilitar una justificación sin reparos a la figura de estado de excepción y a una militarización permanente del mundo de la vida.
La próxima consulta popular a desarrollarse en los próximos meses, plantea un fortalecimiento masivo de la competencia a FF.AA. y Policía Nacional, creando un marco de impunidad que facilitaría el terrorismo de Estado. Por una parte, el Ejecutivo plantea la presencia permanente de fuerzas militares en el espacio público, además de su re direccionamiento de una lógica de defensa nacional hacia el control social interno. Los muchos experimentos emprendidos en nuestro continente en este terreno -Videla, Pinochet, Stroessner, Rios-Montt, Batista y Fujimori, por nombrar a tan solo unos pocos- demuestran que el autoritarismo estatal, termina en terrorismo de Estado, implementado por la ultra derecha radicalizada que apunta a limpieza social.
El estado de miedo es perfecto para crear un consenso marcado por una regresión conservadora. Cada vez es más común escuchar comentarios de añoranza a los escuadrones volantes del SIC-10. En respuesta, otra porción importante de la sociedad empieza a hacer una crítica cada vez más concienzuda a la legitimidad del mismo Estado. Una creciente polarización se va haciendo más evidente, mientras se agudiza la lucha de clases. El Estado, por su parte, se ampara en el estado de excepción y sus nuevas normas, mismas que le facultan a suprimir -más abiertamente- derechos. Es decir, el estado de excepción responde a un momento de crisis de hegemonía, y por lo tanto, debe ser reconstruida por medio del uso de la fuerza.
Para esta nueva forma de Estado capitalista, es elemental reformar el Derecho para regular más efectivamente la vida social. En este mismo día, se publicó la segunda parte de las preguntas de la consulta popular, que abiertamente plantea impunidad para agentes del orden, en un libre ejercicio de los aparatos represivos. El Derecho -las leyes- es la estructura que entreteje la explotación, la opresión y la represión, como mecanismos de sometimiento contra la clase trabajadora mundial. La consulta popular planteada por el gobierno bananero, de salir victoriosa podría llevar al país a un nuevo momento del desarrollo del capitalismo periférico, que en lo absoluto puede enajenarse del contexto político autoritario mundial.
La narrativa que genera un hilo conductor entre Ecuador y el abuso de estados de excepción esporádicos, el estado de excepción permanente de El Salvador y el Estado fascista de Israel, es que todos estos son formas de Estados capitalistas. Un ejemplo es que simultáneamente, la República Bananera pretende consultar una reforma laboral con trabajo por horas en Zonas Francas que como zonas económicas especiales, nutren el sistema de super-explotación de la maquila, con cero derechos o estabilidad laboral.
Al cumplirse 36 años de la desaparición en impunidad de los hermanos Restrepo -ejecutada por el pelotón anticomunista del SIC-10, fundado por el sionista Ran Hazit, íntimo amigo de León Febres Cordero-, se promete una total impunidad para fuerzas represivas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, con amnistías generales en tribunales especiales con beneficios. Noboa aumenta la ya existente injerencia sionista en las instituciones civiles y militares, con mega-cárceles/panópticos, e importación de tácticas y armas “probadas” en campo: justamente en Palestina, contra lxs palestixs.
Es fundamental comprender que el crimen organizado está ligado a la clase dominante, comparten intereses comunes, y por lo tanto colaboran entre sí. Al contrario, la clase trabajadora sufre las consecuencias agudizadas de esa alianza criminal. Ningún estado de excepción ni modificación en el Derecho, tienen la intención de mejorar las condiciones materiales del pueblo, todo lo contrario, buscan generar una situación que facilite su explotación y sometimiento.
Es imperante la resistencia a los discursos que dividen a lxs trabajadorxs, que imposibilitan su capacidad de organización y que normalizan la militarización de los espacios públicos y la deshumanización de lxs pobres y lxs que luchan. Una vez más es necesaria la unidad de la clase trabajadora y todos los sectores populares para resistir una nueva arremetida neoliberal y sus nuevas formas de sometimiento. Solo la organización es el camino.
