La instrumentalización del crimen
La seguridad representa un elemento central en la opinión pública en la mayoría de las sociedades de América Latina. En este contexto, el Ecuador figura entre los países del continente con la menor tasa de homicidios, con aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes. Indudablemente, en el escenario político nacional y regional actual, el discurso securitista constituye un elemento fundamental dentro de las lógicas de gobiernos neoliberales, como la insistente militarización de Colombia con el discurso de “armarse contra la guerrilla”, o el “Plan Control Territorial” del gobierno de Nahib Bukele, por el que El Salvador se encuentra sumido en una crisis política sin precedentes.
La derecha neoliberal implanta una lógica de securitización y militarización del territorio nacional con la excusa de la lucha contra la delincuencia. En la situación específica en la que nos encontramos, como consecuencia de la implementación de los acuerdos creditícios con el FMI, se evidencia una severa fractura del tejido social en el Ecuador. Los altos índices de desempleo, subempleo, empleo infantil y empleo informal, la catastrófica situación de las instituciones públicas en áreas fundamentales como la educación, la salud, infraestructura y el bienestar social, resultan ser evidencias del deterioro social constante.
Ante la precarización de la vida, los índices de criminalidad que se encuentran en aumento en los últimos meses, parecen encontrarse en una correlación directa con el estado anímico general. Ante el incremento de la desigualdad en términos sociales y económicos, la necesidad es la causa principal del incremento de los delitos comunes en cualquier sociedad. Este fenómeno, del cual el gobierno de Moreno es el responsable directo, es instrumentalizado de manera xenófoba y racista. Los grupos políticos al poder, inundan con odio y misogínia al contexto político actual, en un intento de revertir la atención de la problemática real: Que el mal gobierno endeudó de manera exuberante al país con la finalidad de privatizar y reducir los derechos laborales de la masa asalariada ecuatoriana.
Ejemplos de esto son la extensión de jornadas laborales, la eliminación de derechos sindicales y de organizaciones de base, la eliminación de días libres, despidos masivos, contratos laborales flexibles, la criminalización del derecho a la huelga y a la protesta, etc. En última instancia, la totalidad de estas medidas desemboca en una realidad material en la cual imperan la subcontratación, la explotación y la violación de derechos, en otras palabras, la precarización de la vida. Estos atropellos a derechos laborales, humanos y colectivos, parecen tomar un rango secundario al momento de enunciar el discurso securitista. Este discurso se evidencia de la manera más excluyente y clasista, de la siguiente manera: 1. El porte personal de armas, 2. Controles migratorios y deportaciones, y 3. Que la policía dispare.
En esta lógica se conjugan las declaraciones más recientes de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, del pasado viernes 7 de febrero, que instaba a la Policía Nacional a hacer uso de armamento letal ante escenarios de delincuencia. Durante una rueda de prensa conjunta con la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, la alcaldesa declaraba: “¡Que no les tiemble el pulso! Que la próxima vez que vean a un delincuente apuntándole a la cabeza a una mujer embarazada como sucedió con Diana, ¡Disparen, señores! ¡DISPAREN!”.
Nos recuerda Cynthia Viteri, a su mentor y padrino, el ex Ministro del Interior y oligarca porteño Jaime Matraca Nebot, así como al ex Presidente León Febrés Cordero. Lxs tres, férreos defensores y representantes de la securitización y la limpieza social. En el discurso de la social cristiana, se ejemplifica la intención de la élite política oligárquica al momento de tematizar la problemática de la delincuencia y el deterioro de la realidad social del país. De manera prioritaria, se busca evocar en el sentir de la opinión pública el nexo entre la violencia y un problema importado, justificando así la violación de derechos humanos como la libre movilidad y el derecho al trabajo, entre otros tantos.
Un elemento central del debate acerca del discurso securitista, es referente al potencial visto bueno que se puede dar a la persecución y criminalización a la revuelta social y resistencia popular como el Paro Nacional de octubre, la represión se pueda materializar por medio de estas nuevas dinámicas. Es necesario darnos cuenta de la responsabilidad que tiene los actores políticos, obviamente consciente y premeditada, que impulsaron las la profunda crisis social y política que impera en la actualidad. Ante este escenario, el Gobierno de todos prefiere crear chivos expiatorios, deshumanizando sujetos, según su estatus migratorio.
Como continente nos encontramos ante la necesidad imperante de reconocer que en términos culturales, históricos y sociales siempre hemos sido un solo pueblo. Que las fuerzas que amenazan a nuestras sociedades tienen, igualmente, un mismo origen: el neoliberalismo con su medio de imposición, el imperialismo. La guerra económica que viven Venezuela y Cuba, el golpe de Estado en Bolivia, el continuismo de la dictadura económica neoliberal que azota al pueblo chileno por más de 40 años, la regresión neoliberal en Ecuador y Haití, Macri y Bolsonaro en Argentina y Brasil, son solo ejemplos de su poder destructivo. El continente se encuentra marcado por la imposición violenta de recetas económicas que desembocan en la mutilación social y la multiplicación de la miseria.
Ante la xenofobia, el machismo y el racismo que nos quieren imponer, que el pueblo organizado demuestre que el amor y la solidaridad son fuerzas creadoras, más poderosas que cualquier forma de odio.
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