Lasso: por la razón o la fuerza
El capitalismo en su momento histórico actual -el neoliberalismo- materializa los intereses de clase de la burguesía por cohesión o coerción. La doble moral de las élites, que se enarbolan con el discurso de la defensa de la democracia, se evidencia en todos los aspectos del poder político institucional. Por una parte, los grupos políticos oligárquicos en el centro del poder estatal abogan por la defensa de la democracia burguesa y la libertad individual, que corresponde exclusivamente a la propiedad privada. Por otra parte, si estas élites no cuentan con el respaldo esperado para la implementación del libre mercado, pasan a denunciar a los poderes institucionales y democráticos. Las actitudes antidemocráticas del gobierno se vuelven cada vez más latentes, conjuntamente con un proceso de (re)fascistización social.
El costo humano de la doctrina del shock neoliberal, se multiplica a cada paso del gobierno antipopular de Guillermo Lasso. Cuando gobierna la banca, los ámbitos sociales figuran como “gastos” evitables, lo público como recurso privatizable, el pueblo como consumidor o masa explotable. La apropiación de la plusvalía de la privatización de lo público, es el incentivo primordial de la libre empresa, aupada por élites arribistas y serviles a los intereses de mercado. La lógica del libre mercado, defendida por neoliberales y libertarixs, perpetúa y profundiza la explotación al ser humano y la tierra: el capital se impone sobre la vida en todas sus dimensiones. Las mismas élites “defensoras” de la democracia, se encuentran en la cruzada ideológica más agresiva encaminada a destruir la institucionalidad del Estado burgués.
En este contexto, la jornada de movilización popular a nivel nacional, convocada para este 15 de septiembre por gremios estudiantiles, docentes, laborales y el Movimiento Indígena, se figura como medición de fuerza estratégica frente a la plutocracia anidada en el centro del Estado burgués. La oligarquía rancia ha logrado instaurarse una vez más como lógica de Estado, volviendo a un modelo que desembocó en crisis económicas y financieras a lo largo de América en los años 90s. En palabras de Marx: “la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.
Los ciclos históricos tienden a repetirse si no se crea un elemento que rompa con este. Los progresismos como respuesta a la década de crisis, en su intento de convertir al capitalismo en un proyecto con mayor inclusión y redistribución económica, evidentemente solo proliferaron los mecanismos de dominación capitalista. Sin romper con el ciclo neoliberal de reacumulación capitalista, devienen corrientes cada vez más latentemente protofascistas.
La implementación de la doctrina del shock se impone o por “la razón o la fuerza”. El Gobierno Nacional hegemoniza el discurso de la ultra derecha: el Estado y sus instituciones son inservibles y deficientes. Este discurso se refugia tras la lógica de austeridad, con ímpetu en achicar al Estado, deshacerse de instituciones que la oligarquía desestima -como el CPCCS- y reconfigurar el tablero político a favor exclusivo de las élites económicas. El mayor logro del banquero presidente reside en su peso simbólico: finalmente, la oligarquía vuelve a asumir la dirección del Estado-instrumento de imposición de intereses de clase.
Una de las grandes preocupaciones para el gobierno de Lasso, es la Constitución de la República. Muchas de sus propuestas de gobierno, son inconstitucionales. La privatización parcial del IESS, planteamiento de Lasso con respecto al fondo de pensiones, los recortes en inversión social, como Salud y Educación, y ceder soberanía jurídica sucedió con el regreso al CIADI, son contradictorios a la Carta Magna.
Lasso indudablemente se encuentra en el momento político predilecto de consultar al pueblo. Con el correísmo en crisis interna y una presunta legitimidad que excede el 70%, el banquero presidente podría confiar en una suerte de carta blanca, para implementar la brutalidad del libre mercado. En definitiva, una constitución tan proteccionista como la de Montecristi, no es la mejor aliada del neoliberalismo fundamentalista de mercado. Recordemos que destruir y reemplazar la constitución es uno de los objetivos primordiales de la derecha nacional. Al contrario de ambas retóricas -tanto correísta como anticorreísta-, la constitución del 2008 es un producto histórico de los movimientos sociales del país.
Lxs más allegadxs servidores develan las intenciones del Ejecutivo para reformar la constitución, en pos de mejores condiciones para el capital transnacional y la oligarquía local. El pasado 13 de julio, Fernando Villavicencio planteo la posibilidad de una consulta popular, con respecto a la eliminación del mecanismo que debería funcionar como una forma de democracia directa, que es el CPCCS, y la transición a un modelo bicameral parlamentario. Como es costumbre de la derecha maniquea, se intenta enmascarar la consulta detrás de una causa justa, como es la prohibición de minería metálica a cielo abierto en fuentes de agua.
En la misma línea, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el pasado 10 de septiembre en NotiMundo se refería a la posibilidad una consulta popular, o una reforma constitucional: “la realidad que tienes al frente es la inviabilidad de aprobar nada en la Asamblea Nacional. (…) El problema de la Constitución de Montecristi está ubicado en su parte orgánica (…) ¿Cómo destrabamos los 40 candados que se colocaron para que esta constitución no se reforme? Que esta constitución se reforme, ese es el tema central que deberíamos estar discutiendo”.
Así mismo, después de presentar la nueva proforma presupuestaria, los tres bloques más importantes dentro de la Asamblea Nacional anunciaron inmediatamente un rechazo a la misma. En respuesta, Lasso declaraba el pasado 6 de septiembre: “la consulta es sí o sí (…) Si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlos, iremos a una consulta y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino, que es la muerte cruzada”. Una clara amenaza a la Asamblea Nacional, amparada en el Art. 148 de la Constitución.
Los tres comunicados de Pachakutik, UNES y PSC correspondientemente, han alegado inconstitucionalidad frente a la reducción de recursos a Salud y Educación, la política social y económica evidentemente contraria a los intereses del pueblo, y la poca claridad con respecto a los precios del barril de petróleo y combustibles. Lasso está haciendo una demostración de poder, con un mensaje que deja entrever el dejo autoritario que demuestra su afiliación política: “por la razón o la fuerza”.
Se perfila una posible crisis de gobernabilidad, tanto con enfrentamientos con el Legislativo, como con los movimientos sociales en las calles. La respuesta de Lasso a ambos frentes es implacable: por un lado amenaza con la muerte cruzada y por otro, refuerza los aparatos represivos del Estado. Lasso se coloca en línea con gobiernos como el de Moreno, Duque y Piñera, además de no acudir a la entrega del informe de la Defensoría del Pueblo sobre Octubre 2019, dando un mensaje franco a la organización popular. En la misma línea, ha apelado al discurso securitista y del enemigo interno, como recurso retórico recurrente en sus intervenciones. Definitivamente, la oligarquía no juega a la democracia.
La reforma a la LOES, el nuevo Código del Trabajo y la eliminación del Impuesto a Herencias y del ISD, presuponen una primera etapa de creación de condiciones sociales, políticas y macroeconómicas que permitan la dictadura del libre mercado. La liberalización de los precios de los combustibles y su reajuste mensual también ha llevado a un encarecimiento paulatino del costo de vida para el pueblo, precarizando aún más la vida.
El gobierno de Lasso propone “un Ecuador más competitivo”, “más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador”. Estos dos eslóganes delinean las intenciones gubernamentales en términos comerciales y laborales: la profundización del modelo hacendatario-exportador. Enfocándose en la reprimarización de la economía, reforzando al ejército de trabajadorxs de reserva, reproduciendo el modelo de explotación humana más fundamental: el capitalismo. La sociedad ecuatoriana se encuentra frente a un proceso de proletarización mediante la precarización de la fuerza laboral.
La sucesiva radicalización de las condiciones sistémicas de explotación-cosificación-opresión tienen que conllevar a una respuesta popular que se fundamente en la radicalización de las posturas y conceptos ideológicos. Resulta fundamental plantear al comunismo como una propuesta política, económica y social, frente a un neoliberalismo que parece inexorable en su lógica de exterminio. Frente a la violencia sistemática del capitalismo en su rostro neoliberal, la consolidación popular anticapitalista es urgente.
