“Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador”
La sucesión gubernamental neoliberal Moreno-Lasso, y la vuelta al imperio del libre mercado desde 2017, configuran un panorama político proimperialista. Con el nuevo gobierno de la banca se consuma el giro hacia la ultra derecha de las élites políticas. Paralelo a un proceso de fascistización social, la oligarquía reaccionaria conjuga los preceptos del libre mercado para perpetuarse en el poder. Así mismo, la política de securitización y la subyugación a los intereses imperialistas de EE.UU., reinstauran la amenaza del enemigo interno.
Es necesario aplicar el método marxista para comprender y leer correctamente el momento histórico de la lucha de clases, en el que nos encontramos como pueblo. Ese momento histórico es el neoliberalismo, que se caracteriza por la transnacionalización del capital, representado por los grupos financieros multinacionales -como el FMI y el BM- y las corporaciones. El papel del imperialismo yanqui, es proteger la continuidad de esta lógica política-económica-social, con el fin de garantizar la acumulación desmedida en manos de unos pocos, a costa del trabajo de los pueblos y la explotación de la naturaleza.
Por una parte, el Gobierno revive el discurso que identifica al enemigo interno nacional como la mayor amenaza a la seguridad. El enemigo interno es la traducción institucional para nombrar a las clases subalternas y los sectores precarizados, que rechazan la imposición de la doctrina del shock, mediante la organización popular. En los marcos de la guerra contra el comunismo, se puede incluir a cualquier proceso, movimiento o subjetividad antineoliberal en el imaginario del enemigo interno. Al mismo tiempo, Lasso se auto escenifica como demócrata en foros internacionales, luciendo su careta preferida de presentación. Siendo la democracia la imposición de los intereses de la burguesía, Lasso ciertamente es un genuino demócrata.
Hacia afuera, el enemigo interno se configura en términos regionales: Cuba y Venezuela se caracterizan como estandartes y personificaciones de todos los males geopolíticos del continente, sobre todo de las más recientes revueltas populares antineoliberales. Así, en el imaginario del enemigo interno en América Latina, dos economías que resisten al asedio de bloqueos económicos, financieros y comerciales, se convierten -como por arte de magia-, en sus principales financistas. Adicionalmente, las narrativas en torno a Venezuela se utilizan como chivos expiatorios, provocando un recrudecimiento de la xenofobia, el discurso anticomunista, y aportando a la fascistización social.
La injerencia del Departamento de Estado de EE.UU. se aplica desde varios frentes. Las condicionalidades que grupos financieros como el FMI y el BM aplican al desembolso de préstamos, perpetúan la lógica de la deuda externa eterna. Así mismo, imprimen sobre los pueblos una serie de precarizaciones, como la flexibilización laboral y la privatización sistemática de los bienes y servicios comunes. En la misma lógica de pauperización, también se imponen TLCs que atentan contra los intereses del pueblo y la soberanía nacional.
La “cooperación” ha sido el código que encripta una serie de acciones imperialistas. Desde el frente del poder blando, con la financiación a numerosas ONGs que cooptan potenciales cuadros revolucionarios, convirtiéndolxs en funcionarixs desmovilizadxs y alienadxs de los movimientos sociales. Hasta la franca cooperación interestatal, como los acuerdos entre la embajada de EE.UU. con el Ministerio de Gobierno con equipos tecnológicos, o para el control de la protesta social.
La cercanía del gobierno de Ecuador al imperio yanqui traería consecuencias inconmensurables para el pueblo y el territorio nacional. Hace pocos días, Ecuador fue incluido en la lista de principales países de tránsito y producción de sustancias ilícitas a nivel mundial, del Departamento de Estado de EE.UU. -conjuntamente con Colombia, Afganistán y Pakistán-. Un memorando del pasado 15 de septiembre -con la firma de Biden-, señala que el listado faculta a su gobierno a asignar “inversiones significativas” para reducir el suministro de drogas ilícitas. El pasado 27 de agosto ya se hizo un primer desembolso de 30 millones USD, para “combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”. Esto le permitirá liberar fondos de financiamiento y dotación de indumentaria de grado militar a Ecuador. Repitiendo el libreto de Colombia -plan maestro de la militarización en América Latina-.
La “guerra contra el narcotráfico” cumple una perfecta coartada para radicalizar la “guerra contra el comunismo”. Décadas de intervencionismo e injerencia yanqui han logrado confabular ambos discursos estratégicos, fusionándolos en la lógica de la “guerra contra el narcoterrorismo”. Sin embargo, la evidencia histórica coloca al Plan Colombia como una guerra sin tregua contra el pueblo colombiano. Con la imposición de nuevos procesos de acumulación primitiva, como la desposesión masiva de tierras a campesinxs, y la imposición de una despoblación forzada masiva. Al mismo tiempo, la persecución a la organización popular, el exterminio a líderes y lideresas sociales, la criminalización de la pobreza, son consecuencias directas y deseadas del afamado Plan Colombia. Colombia es uno de los países periféricos más golpeados por la perpetuación del neoliberalismo y las relaciones amistosas con el gran imperio del Norte.
Entre las acciones directas de esta cooperación llamada Plan Colombia, constan el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, la fumigación a pequeñas parcelas campesinas con agrotóxicos, y la alianza oculta con los grandes terratenientes ganaderos, vinculados al paramilitarnismo y narcotráfico. Después de 20 años del inicio del Plan Colombia, en el país vecino se han profundizado las consecuencias de la injerencia imperialista, y sus acólitos oligarcas nacionales.
Con esta experiencia continental tan cercana, ¿cuáles podrían ser las implicaciones para el pueblo ecuatoriano de esta nueva alianza cooperativa con los EE.UU? Un golpe antipopular propuesto desde el conservadurismo ultrista del presidente Lasso, es la propuesta de eliminación de la Tabla de Consumo de Drogas. Esta normativa regula el consumo conforme a límites de tenencia de sustancias. La eliminación de este mecanismo presupone la vuelta a la criminalización del consumo de sustancias en el Ecuador. Esto representa un comodín en el discurso securitista de la ultra derecha, ya que al criminalizar a consumidorxs, se refuerza la lógica que vincula el consumo de drogas con la criminalidad, y cumple las cuotas de “lucha contra el narcotráfico” con microtraficantes, materializando otra forma de criminalización a la pobreza.
Ante una dinámica social extremadamente convulsa a nivel continental, el Gobierno Nacional pretende blindarse para que revueltas antineoliberales como las que han recorrido América Latina en los últimos dos años no se repitan. La bandera del anticomunismo, y el reforzamiento del aparato represivo policial y militar, enfocado en el combate al narcotráfico y al enemigo interno, constituirán el eje legitimante para una persecución y represión a la organización popular.
De tal manera, el gobierno antipopular del banquero Lasso, plasma la dualidad neoliberal en la lógica del Estado: por una parte, una liberalización económica agresiva y la no intromisión del Estado. Por otra parte, reforzar carteras represivas del Estado para acallar y amedrentar al pueblo. Las élites burguesas se vuelven a llenar las bocas de democracia, para atentar contra las mismas reglas de juego que imponen y así perpetuar el estatus quo. Todo mediante la división interna de la clase trabajadora, el perfeccionamiento de las técnicas y aparatos represivos del Estado, el vaciamiento de sus preceptos democrático liberales y la precarización sucesiva de la vida.
