Moreno privatizará la electricidad y telecomunicaciones
Corría la década de los noventa y los vientos neoliberales llegaban al Ecuador con un grave síntoma oligárquico: la fiebre por la privatización de los bienes estatales. Durante la década de los ochentas la lucha fue encarnizada, sectores sociales se levantaron en armas y las huelgas nacionales pusieron en jaque a más de un gobierno. La respuesta del sistema: la masacre desatada en contra del pueblo, la persecución y la clandestinidad.
Con Borja llegó una especie de apaciguamiento, la oligarquía comprendió rápidamente que el gobierno puede resolver las contradicciones no al solucionarlas – porque eso implica ceder poder real – sino corporativizando al Estado, generando feudos controlados donde se canaliza la participación de arriba hacia abajo, como es el caso del CODENPE o la influencia del MPD en ministerio de educación.
El primer hito duro para la agenda privatizadora de la oligarquía se da 1993 al promulgar la ley Trole I, permitiendo vender los recursos estratégicos del Estado y hacerse con ellos. Proyecto que encontró en Sixto Durán Ballén, cuadro conservador que compartía visiones y programas con el Partido Social Cristiano, el operador indicado para iniciar el tortuoso, y hasta ahora fracasado, camino de la privatización de las empresas públicas a través del Consejo Nacional de Modernización y el Fondo de Solidaridad.
Ya con Bucaram, y a pesar de ser un gobierno de apenas seis meses de duración, se dieron reformas concretas a la medida del Consenso de Washington, las que, matizadas con la enorme desconfianza por la corrupción, levantaron a una importante parte de la población en contra del gobierno, sacándolo del poder, sin lograr consolidar una transición popular. La crisis institucional desatada por las formas y contenidos del bucaramato fueron una excusa perfecta para impulsar un nuevo modelo constitucional, segundo hito para el proyecto privatizador oligárquico, al eliminar el concepto de áreas estratégicas, cediendo los derechos de administración a actores privados.
La privatización de las empresas públicas es ahora constitucional, y en medio de una fuerte conflictividad social, en 1998 Jamil Mahuad, buscó la profundizar las medidas neoliberales con un déficit fiscal acumulado, alta inflación, crisis del sistema financiero local, y con un escenario internacional marcado por la caída de los precios del petróleo y el impacto de la crisis cambiaria en el cono sur.
Y llegó 1999, año fatídico en el que se trasladó el costo de la iliquidez bancaria a los hombros del pueblo, congelando por un año entero todos los depósitos. Este caos social permitió que en enero del 2000 se promulgue la ley Trole II, tercer hito, que reglamentó la dolarización y profundizó el modelo de privatización al permitir participación de los inversionistas privados de hasta el 51% del paquete accionario de las eléctricas y telecomunicaciones. Luego en el mes de noviembre del mismo año pasó la Trole III, cuarto hito, destinada a profundizar el modelo de privatizaciones reformando la Constitución.
Durante cada uno de los hitos, los sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda generaron una serie de posturas críticas, movilizaciones y levantamientos que impedían que las pretensiones oligárquicas lleguen a buen puerto. Pero esto es cuento del pasado, ahora con la excusa de la corrupción y el mal manejo, bajo una dictadura del CPPCS-T y con un gobierno oligárquico se instauró la Ley de Fomento Productivo (Trole IV), misma que pretende re articular el neoliberalismo a todos los niveles.
A puertas de los años veinte del Siglo XXI, en el Ecuador los vientos neoliberales se han convertido de una ventisca ocasional en vientos huracanados. Sin sectores sociales levantados, con sindicatos vendidos y partidos de izquierda inútiles desde todo punto de vista, la oligarquía se da el lujo de anunciar a través del consejero del presidente Moreno, Santiago Cuesta, en exclusiva para Teleamazonas, que se privatizará las eléctricas, TAME y CNT, lo que antes era rechazado con fuerza en la calle, ahora, es aceptado y legitimado por el silencio cómplice del movimiento popular.
