Ningún gobierno burgués combatirá al crimen organizado
En periodos pre-electorales, las élites políticas -cada una representando a su respectivo sector económico y empresarial- desenfundan toda clase de patrañas electoreras con tal de ganar un voto. Los comicios adelantados del próximo 20 de agosto representan una oportunidad única para la reconstrucción de su poder y dominación política. En las próximas elecciones, se enfrentan tres modelos de gobierno, enunciados exclusivamente por la clase dominante. Las ocho fórmulas presidenciales aprobadas por el CNE, enuncian todo tipo de discursos y “planes de gobierno”, entre los que resurge la supuesta antípoda correísmo-anticorreísmo, además de un elemento central que definirá el próximo gobierno: la inseguridad generalizada.
No cabe lugar para la duda. En los últimos años y frente a la pérdida de poder político, la burguesía impuso una sola estrategia: generar un escenario de absoluta inseguridad, permitiendo que el crimen organizado se apodere de territorio y de aparatos institucionales, mientras se desfinanciaba estructuralmente a las carteras del Estado, para su privatización. La implementación de esta lógica antipopular, desembocó en la preparación del terreno para un gobierno de Estado de excepción permanente, lo que parecen prometer ciertos candidatos del margen de la ultra derecha. La lógica del matar o morir, parece ser la única divisa de la que piensa sostenerse la burguesía en el país.
En este sentido, cabe mencionar el desgaste absoluto por el que el modelo democrático liberal parece atravesar durante la última media década, aparentemente redundante en los términos políticos actuales. Con la bochornosa administración de un banquero en el poder -que no pudo más que cumplir la mitad de su mandato-, además del escandaloso pero nada sorprendente desenmascaramiento de Lenín Moreno como agente del imperialismo yanqui, la clase política ha perdido representatividad y legitimidad más allá de sus escasos y contados momentos electorales.
En estas elecciones, además de la ya tradicional participación del ala progresista, que augura una vuelta mesiánica al pasado, con un giro hacia el conservadurismo, la burguesía plantea dos escenarios adicionales: o un proyecto anticorresíta que se convertiría en el primer gobierno abiertamente libertario de la región, o un modelo de Estado militarista, pensado en semejanza con el régimen de estado de excepción permanente de Nayib Bukele. Todos los proyectos burgueses parecen coincidir en la necesidad de un combate directo al crimen organizado, dejando de lado que su propia clase es la que se beneficia, sostiene, lava el dinero y perpetúa la lógica del Narcoestado. El crimen organizado tiene nombre y apellido, y se llama burguesía.
Respecto al modelo de estado de excepción permanente al estilo Bukele, que gobierna a El Salvador -y probablemente consiga la reelección- a base de una maquinaria mediática que lo sostiene, más allá de su pacto franco con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Un empresario -que dice no pertenecer a la partidocracia- resulta ser el mandatario con mayor aprobación en el continente, alimentado por una cortina de humo. Bukele entró en un compromiso con el crimen organizado de El Salvador -como lo hicieron todos sus predecesores-, con la diferencia de contar con un mediatismo excepcionalista, que le confiere su aparente falta de definición ideológica. Bukele es el producto mediatizado de un personaje al que se le equipara con un superhéroe, encontrando ciertas paralelas con candidatos actuales en el Ecuador. Al contrario de lo que declara públicamente, la administración Bukele entró en una tregua documentada con el crimen organizado local, en el cual se pactó un descenso de las muertes violentas en el país, a cambio de la no-extradición y un sinnúmero de beneficios legales y extralegales para las cabecillas de dichas organizaciones.
El Narcoestado es precisamente el que se impone como una alianza entre las élites políticas y el crimen organizado. En este sentido, El Salvador es considerado como un perfecto ejemplo de Narcoestado en el continente.
Por su parte, el propio Estado yanqui acepta explícitamente que la Guerra contra las Drogas ha fracasado – a la interna, numerosos Estados legalizaron tanto el Cannabis, pasando por la psilocibina, las anfetaminas como el MDMA o incluso descriminalizaron el consumo y porte personal de cocaína-. En términos geopolíticos, la actitud de la superpotencia en decadencia revela un panorama extremadamente opuesto, que sigue sosteniendo el imperialismo yanqui hacia afuera de EE.UU., con el continente americano como su “patio trasero”, además de ser el mayor productor de cocaína -y poco a poco también de heroína- del mundo. En este entramado, la burguesía local ha permitido y se beneficia de que el Ecuador se haya convertido en el primer exportador de cocaína a nivel mundial, suministrando las rutas hacia el Norte global.
El Ecuador se encuentra entre la espuria elección entre un pasado en decadencia, el imperio del libertarismo a manos de las agencias de inteligencia de EE.UU., o la militarización de las fronteras, después de las cárceles y por último, la militarización absoluta de la sociedad. Resulta indiscutible que este modelo militarista no representa un escenario al que aspirar, ni mucho menos un panorama de convivencia “pacífica”: más de 70 años de ocupación militar en Palestina, con un verdadero régimen de apartheid, parecen confirmarlo. Lo que piensa invocar la ultra derecha local, de la mano de un conservadurismo recalcitrante en decadencia, es, como en Palestina, un estado de guerra interna permanente, y no precisamente en contra del crimen organizado, aliado predilecto de una burguesía, que se ha dedicado al lavado de activos en sus empresas durante al menos 5 décadas.
En medio de este entramado, se excluye categóricamente al único mecanismo efectivo para combatir al crimen organizado: la legalización absoluta e irrestricta. Esta medida sería la única que afectaría realmente en términos económicos al poder del crimen organizado, ya que el Estado controlaría la producción y comercialización de sustancias. La Guerra contra las Drogas termina siendo una cortina de humo que siempre le ha sido funcional tanto a la burguesía como al imperialismo yanqui, para controlar y sofocar la organización popular.
Independientemente de la fracción política que obtenga una posible mayoría en las próximas elecciones, la clase trabajadora se enfrentará a una radicalización de los antagonismos de clase, provocada intencionalmente por una burguesía que se aferrará al poder por cualquier medio. Ni el Narcoestado, ni un modelo de vuelta al pasado, ni tampoco el libertarismo, se encuentran a la altura de la dignidad de un pueblo organizado.
