Noboa: por la razón o por la fuerza
A cuatro meses de la posesión de Daniel Noboa, este se reafirma como máximo exponente nacional de la burguesía corporativa. El lema que llevó al triunfo al hacendado presidente fue el de “Un nuevo Ecuador”, que se devela como una profundización brutal de la explotación capitalista contra la clase trabajadora. En las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, el conglomerado empresarial llamado Estado ecuatoriano, en contubernio con la minería transnacional, ha desatado una verdadera batalla campal en contra de los pueblos y nacionalidades y la organización popular en la que se articulan.
Tan solo en un día se reportaron al menos 7 heridxs, la detonación de balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno. Más de 500 militares se encuentran acosando y violentando a las comunidades. En estos momentos se vislumbra la razón material por la cual se declaró el Conflicto Armado Interno (CAI). La rastrera subyugación al capital minero se demuestra también en que los efectivos represivos de las FF.AA. hicieron base en las instalaciones de la corporación a la que responden: la Atico Mining Corporation.
Hasta el momento, existen más de 70 detenidxs imputadxs por cargos de “terrorismo”, término preferido del gobierno bananero. Cuando se declaró el CAI el pasado 9 de enero, en 48 horas el gobierno fabricó la detención de “329 terroristas”, en las palabras textuales de Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Tal parece que el Narcoestado y ante todo las fuerzas represivas al servicio del capital, añoran con ansias fabricar un escenario que legitime toda la violencia que se encuentran desatando, además de justificar lo que vendrá: una verdadera campaña de exterminio al pueblo organizado.
Existe una clara línea de tiempo en el escenario actual en Palo Quemado y Las Pampas: el 4 de marzo, Noboa firmó la concesión de seis proyectos mineros con empresas extractivas canadienses, valoradas en al menos 4.800 millones, entre los cuales se encuentra “La Plata”, ubicada en Sigchos. Tan solo dos días después, el 6 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas emite el flamante manual para la “operativización” de la consulta previa, libre e informada mediante el Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-002-AM, sustituyéndola efectivamente por la figura de la consulta ambiental y violentando derechos individuales y colectivos. Con el marco legal y comercial arreglado, la represión no se hizo esperar: el 10 de marzo inicia el asedio a las comunidades de Palo Quemado y Las Palmas. El Frente Nacional Antiminero denuncióe la presencia de paramilitares en territorio. El 18 de marzo se vuelve a militarizar a las comunidades en Sigchos, y el aumento en la intensidad de represión no se hizo esperar.
Como es tradición en su familia, Daniel Noboa trata al país como a una gran hacienda, y a su población como a sus peones. La política de gobierno de Noboa desconoce los derechos consagrados en la Constitución de la República, y manda al ejército y la policía a barrer con los pueblos y nacionalidades, y sus expresiones de organización popular en defensa de los territorios. Como un gran patrono, Noboa intenta imponer una visión maniquea de la administración pública, que se sostiene solo en el uso de la fuerza y en el entramado engañoso que construye conjuntamente con las corporaciones de comunicación.
El gobierno y sus oficiales mienten. En la noche del lunes, un comunicado oficial de la Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, tergiversaba lo ocurrido en Palo Quemado y Las Pampas, intentando colocar la desproporción en el uso de la fuerza de los agentes represivos, como responsabilidad de las y los comuneros. Así mismo, se intenta posicionar que se está respetando el derecho a la consulta, pero no dicen que la consulta ambiental que consta en el manual no es ni previa, ni es libre, ni es informada, y tampoco es popular. Están consultando solo a 70 personas de una comunidad donde habitan más de 1100 personas.
Para la burguesía, el proyecto país solo puede enmarcarse en una serie de concesiones mineras y petroleras. Como no podía ser distinto, este proyecto burgués solo puede ejecutarse a costa de los intereses de los pueblos y nacionalidades que habitan los territorios –en particular-, y a costa de los intereses del pueblo ecuatoriano –en general-. La estrategia de división y desmovilización que sostuvieron gobiernos anteriores, no lograron los resultados esperados por la clase dominante, por lo que en este momento el gobierno de Noboa ha decidido aportarle a una estrategia más impositiva y brutal. Estado de excepción que acompaña a la declaración del Conflicto Armado Interno -CAI- corresponden a manual de imposición del capitalismo transnacional, que utiliza la violencia extrema para ejercer control y presión en contra de la organización popular.
Como bien se advirtió al inicio de este entramado autoritario ejercido por Noboa, la declaración del CAI y la retórica de “lucha contra el terrorismo” se está utilizando para justificar tanto la violencia, como la persecución y criminalización de la organización popular y la protesta social en el Ecuador. La figura de terrorismo se utiliza arbitrariamente en contra de las y los comuneros que están ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia, consagrado en el Art. 98 de la Constitución. Las intenciones del FMI y el Banco Mundial, los grandes organismos multilaterales que representan los intereses de la burguesía transnacional y el imperialismo yanqui, han colocado innumerables recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre las cuales constan no solo la intensificación de la explotación minera, sino también el control y sometimiento de la organización popular. El mismo Noboa se ha referido como “revoltosos” a trabajadorxs organizadxs y dirigentes populares.
Nos enfrentamos a un momento histórico en que la arremetida neoliberal se ejecutará con cada vez más violencia, mientras otros elementos regulatorios, como son las modificaciones en el derecho, se irán multiplicando. Lo que está sucediendo en Palo Quemado y Las Pampas es una estrategia que utiliza conjuntamente los elementos represivos y judiciales para deshacerse de la resistencia de la organización popular, al tiempo de maximizar las ganancias de los capitales transnacionales privados. Recordemos que el proyecto La Plata de Atico Mining Corporation. plantea quedarse en territorio nacional por 25 años. La minera canadiense acaba de recibir una licencia gubernamental para quedarse en hasta el año 2049. Estamos en un momento decisivo para nuestro futuro como país y como especie. A la ultraderecha en el poder, evidentemente psicópata, no le temblará la mano para imponer los desplazamientos forzados que encuentre necesarios, así como tampoco no escatimará en represión para conseguir sus objetivos corporativos.
En términos categóricos, el Narcoestado ecuatoriano ejecuta la siguiente fase de su lógica de explotación y exterminio: la represión con fines políticos imperialistas, con el objetivo de desarticular a la organización popular. Nos encontramos en un momento histórico que demanda de los esfuerzos organizativos de todas y todos, en cada uno de los centros de trabajo y estudio, en los barrios, en el campo y la ciudad. Una vez, más -parafraseando a Gramsci-: instrúyanse, conmuévanse, organícense. Solidaridad con nuestrxs hernanos de Palo Quemado y Las Pampas.
