Ola Bini y las mentiras de Romo
El caso de Julián Assange está fuera de control y de forma paralela a este, el autoritarismo de la ministra María Paula Romo, la que antes se preciaba como demócrata, pero ahora justifica el apresamiento y aislamiento del ciudadano sueco Ola Bini.
Según la defensa del desarrollador de software sueco, el 11 de abril a las 14h00 fue detenido en el aereopuerto Mariscal Sucre de Quito cuando se disponía a salir a Japón, viaje programado desde hace un mes atrás. Estando listo para salir del país, fue interceptado y detenido con una orden de captura que no estaba dictada en su nombre, sino para un ciudadano ruso, por parte de la Policía Nacional.
Una vez percatados del error cometido, redactaron nuevamente el documento de captura para no dejarlo salir del país y posteriormente allanar su hogar en búsqueda de elementos que sostengan su infundado accionar.
Después de transcurridos tres días, La Fiscalía General del Estado, mediante un pronunciamiento, señaló que se actuó bajo el artículo 444 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal, el que plantea impedir la ausencia del país por no más de ocho horas a personas cuya información sea necesaria. En este caso, pasaron fácilmente las 20 horas antes de que las autoridades del Ministerio Público sepan de qué forma proceder.
¿De qué se le imputa a Ola Bini? Según el boletín de Fiscalía, el crimen bajo el que será investigado es el de presunta participación en ataques a la integridad de servicios informáticos, por lo que el juez de la Unidad de Flagrancias, Rodolfo Navarrete dictó prisión preventiva y congelamiento de sus cuentas bancarias.
Los elementos presentados por la fiscalía son: computadoras, celulares, memorias externas y cables USB. Estas se consideran herramientas de trabajo comunes y corrientes en el ámbito del desarrollo informático. También se presentaron el registro de sus viajes al exterior –siendo extranjero- y, el pago de sus cuentas de internet, las que del 2015 al 2019 suman alrededor de 230.000 $USD –siendo desarrollador de software libre de profesión-. Ninguna evidencia real ha sido presentada hasta el momento.
¿Quién puso las denuncias en contra Ola Bini? Por medio de declaraciones a medios de comunicación, la policía señaló que se actuó a partir de una llamada al número de emergencia 1800-delitos, al cual se había denunciado a un ciudadano ruso -no sueco-, por lo que se inició el operativo.
La otra opción que se considera, es que se actuó en base a las declaraciones de la misma Ministra del Interior Romo, dada a los medios de comunicación.
Claramente, estamos ante un escenario de persecución política, del que los medios de comunicación, así como los políticos son articuladores y cómplices de manera simultánea. El silencio sobre lo que sucede, denota claramente el contubernio corrupto y el interés por desviar la atención de asuntos complejos como INA Papers.
¿Por qué a Bini no le fueron leídos sus derechos al momento de su detención? ¿Por qué se realizaron preguntas al detenido sin la presencia de intérpretes ni abogados? ¿Por qué se realizó el parte un día después de su detención? ¿Por qué no le fue permitido reunirse con su defensa de manera inmediata y fue mantenido en aislamiento por más de ocho horas? ¿Por qué siguió la detención sin que se presenten cargos en contra de Ola Bini?
¿Es acaso un crimen, como lo señala el Twitter oficial de la Policía Nacional, que: “mediante la utilización de plataformas digitales en redes sociales se trasmita contenido de connotación social (divulgación de información) a través de sitios web” (Sic.)?
El viernes 12, a pesar de que Ola Bini tenía varias horas de detención, en Ecuavisa la ministra Romo miente de forma descarada al plantear que se trata de una detención con fines investigativos, la cual se extenderá por tan solo pocas horas, ordenada por jueces y solicitada por la fiscalía. Lo concreto es que después de 30 horas de su detención se confirmó el viernes 12 para las 21:45 la audiencia de calificación de flagrancia, privando a una persona de su libertad por política. Ola Bini estará detenido un total de hasta 90 días, sin acusaciones sustanciales ni evidencia incriminatoria en su contra.
¿A qué Juega Romo?
