Pacto patriarcal y la defensa al feminicida
El 30 de diciembre de 2022, Germán Cáceres fue aprehendido después de encontrarse a la fuga y con alerta roja internacional de la Interpol por más de tres meses. El policía feminicida adoptó una identidad falsa en Palomino, Colombia, para eludir su responsabilidad frente a la justicia. Misma justicia de la que formaba parte, permitió y facilitó su fuga y encubrimiento del crimen. El feminicidio de María Belén Bernal, el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela de Policía de Pusuquí constituye un crimen de Estado. La propia categoría refleja una responsabilidad jurídica y una coautoría directa de las instituciones estatales.
Tan pronto se convirtió en pública la detención del feminicida Cáceres, las voces en su defensa se multiplicaron en redes sociales, medios hegemónicos y la opinión pública en general. La “gente de bien” pasó a culpabilizar a un sinnúmero de factores de la ejecución de Bernal. No faltaron las voces que pedían que la justicia sea bondosa con Cáceres, ya que este también tendría familia, sería hijo e incluso padre. Esa misma figura patriarcal que dejó al hijo de Bernal en la orfandad con la más estrecha cooperación del Estado burgués, junto con lxs otrxs 196 menores que en el 2022 perdieron a sus madres producto de feminicidios. Las mismas voces “próvida” que condenan y criminalizan el derecho humano al aborto y celebraban a la Policía Nacional en la avenida de Los Shyris después de al menos 8 ejecuciones extrajudiciales en el Paro Nacional en junio de 2022, son ahora también las más arduas defensoras de lo indefendible: un crimen de Estado, perpetrado en una institución estatal, por un agente policial y en colaboración interinstitucional.
Las múltiples y diversas formas de apoyo que ha recibido Germán Cáceres, dan cuenta de una serie de pactos entre varones en los que se fundamenta la sociedad patriarcal. La catalogación del feminicidio de Bernal como un crimen de Estado, demuestra que es el pacto patriarcal precisamente uno de los pilares fundamentales del Estado burgués. Desde el borrado del registro del ingreso de Bernal a la Escuela Superior de Policía, el espíritu de cuerpo durante el asesinato y la inacción preventiva, la complicidad para la movilización y desaparición del cuerpo de Bernal –y posterior puesta en escena-, la facilitación de la salida del país de Cáceres, el reduccionismo del crimen de Estado a una categoría “marital” o “pasional”, y las recientes manifestaciones de empatía y respaldo al feminicida por parte importante de la sociedad civil, son algunas expresiones del pacto patriarcal en múltiples niveles y formas.
En términos generales, el pacto patriarcal se define como una serie de acuerdos implícitos entre varones que generan las condiciones materiales y simbólicas para la continuación de la dominación masculina y masculinista, sobre las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. Es decir, el patriarcado es resultado de una serie de relaciones entre varones, que si bien son interjerárquicas, logran sostener los sistemas de dominación. Recordemos que durante el largo proceso de acumulación primitiva que logró la consolidación del capitalismo como sistema de sistemas de dominación, el patriarcado jugó un papel elemental. En este periodo histórico, el capitalista y patriarca ofreció a los varones otorgarles el poder político de pater familias de su conjunto familiar. En otras palabras, el patriarcado es la otorgación de poder y espacios de dominación -en escala diferenciada- a los varones de las diversas comunidades humanas, para facilitar la dominación y división de la clase explotada, y así mermar su capacidad de organización. Es decir, el pacto patriarcal es interclasista, y por lo tanto sostiene estructuralmente la acumulación capitalista desde el mismísimo centro de las relaciones sociales: la familia.
En el caso específico de Cáceres, el pacto patriarcal se ha expresado desde las más diversas esferas de poder; sin embargo, las expresiones más recientes han tenido como protagonistas a varones provenientes de la misma clase trabajadora. Los mensajes de solidaridad y empatía con el feminicida de Bernal no se han hecho esperar, y pueden interpretarse de múltiples formas. La primera y más dolorosa, evidencia que las mujeres y disidencias son consideradas como personas de segunda o tercera categoría. Es decir, son vidas que no importan. En la misma línea, llama la atención la identificación de tantos varones frene a una situación en la que ellos mismos se colocan como potenciales feminicidas, de darse las “condiciones adecuadas”, que pueden ser el estado etílico, o la insubordinación femenina. Sin embargo el análisis político demuestra una expresión de la lucha de clases que pocas veces se hace evidente: el pacto patriarcal que demuestra la solidaridad entre varones evidencia un accionar conjunto y coordinado -un acuerdo implícito- frente al avance del enemigo: las mujeres y disidencias.
El impacto mediático que generó el feminicidio de María Belén Bernal generó unidad entre colectivos de mujeres y feministas, así como de diversos movimientos sociales anticapitalistas, progresistas e inclusive religiosos; que evidenció la complicidad del Estado burgués en un crimen atroz y la podredumbre de la institución policial y el sistema de justicia. Es decir, la rabia colectiva que generó el feminicidio de Bernal, podría considerarse un avance colectivo en contra del poder del Estado como comité de asuntos internos de la burguesía, así como evidenció el carácter sistemático con el que operan el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. En este sentido, la solidaridad misógina entre varones con Cáceres, se enmarca en una estrategia simbólica de recuperación de terreno, por parte del patriarcado capitalista, en contra de la organización popular. Es decir, es una expresión más de la lucha de clases.
Las fuerzas represivas como instrumento de coerción burguesa, violan sistemáticamente los Derechos Humanos y atentan en contra de la vida del pueblo y la clase trabajadora. En términos políticos, resulta imposible negar que el deber encomendado por la burguesía a la policía y las fuerzas armadas, es el hostigamiento e incluso la eliminación de su enemigo. En el caso de que este enemigo no sea ajeno sino propio y se refiera a la seguridad interna del orden capitalista, este enemigo se llama pueblo. El gobierno de Guillermo Lasso se ha convertido en el aliado más cercano de la policía, prometiendo una inversión de USD 1.200 millones y el reforzamiento institucional con 30.000 policías adicionales. Frente al más catastrófico panorama social y económico del Ecuador, la institución policial bien podría convertirse en el primer generador de empleo en el país.
El feminicidio de María Belén Bernal a manos de la policía, forma parte de un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y mutilaciones cometidos por agentes del orden burgués. Tanto la ejecución de Paul Guañuna el 7 de enero de 2007, como la desaparición de los hermanos Restrepo, el 8 de enero de 1988, se suman a la interminable lista de vidas arrebatadas por el Estado capitalista. También la violación es un mecanismo sistemático utilizado por las fuerzas represivas como instrumento de imposición de su autoridad. El caso de violación de un agente de policía en una bodega del Consejo de la Judicatura en Quito en noviembre pasado, o la violación que se suscitó en la misma escuela de policía en la cual fue ejecutada Bernal en abril de 2022, no representan casos aislados, sino el verdadero “espíritu de cuerpo” de la policía, uno de los pactos patriarcales más relevantes para la continuación de la dominación capitalista. Las fuerzas represivas son adiestradas y adoctrinadas para ejecutar, desaparecer, torturar, violar, mutilar y transgreder estructuralmente los derechos humanos. Estas prácticas encarnan, en definitiva, el Estado burgués y son la razón de ser de las fuerzas represivas.
En este sentido, tanto el feminicidio como tal, su conocimiento y la implicación directa de oficiales de policía en la desaparición, traslado y puesta en escena del cuerpo -después de 18 horas de permanecer en la cajuela de un automóvil- representan corresponsabilidades directas de las instituciones del Estado. Más allá, tanto policía, fiscalía y ministerios facilitaron el encubrimiento del crimen de Estado y la subsecuente fuga de Cáceres, demostrando a honra propia el “espíritu de cuerpo” de la policía y el apoyo del Estado burgués a ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes de lesa humanidad. Que el pacto patriarcal no nuble la organización popular anticapitalista. Fueron Cáceres y el Estado. Ni perdón, ni olvido.
