Plan Ecuador: militarización y pacificación
El neoliberalismo despliega toda su indumentaria impositiva para expandir y profundizar la dominación capitalista, bajo el manto de la democracia burguesa, la pacificación y la lucha en contra del narcotráfico. Tras una ola de masacres carcelarias, y en conjunto con la radicalización discursiva del oficialismo en torno a la securitización, se perfilan los contornos de una nueva doctrina de seguridad nacional, a la cual se le suma la complicidad del imperialismo yanqui, élites burguesas fascistizadas y la cooperación internacional. El territorio nacional es un campo de disputa del gran capital local y transnacional, y en consecuencia se agudizan las condiciones de explotación capitalista sobre las vidas del pueblo. Así se enarbola la lucha contra el narcotráfico -ligado ideológicamente con el enemigo interno por la burguesía-, con la criminalización a la protesta social y de la pobreza.
Cuando en una primera instancia, los esfuerzos de Gobierno Nacional se enfocaron en la vacunación masiva, ahora la prioridad absoluta del oficialismo es la securitización. “La seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número uno del despacho presidencial”, declaraba Guillermo Lasso la noche del 15 de noviembre, en cadena nacional cuando anunciaba el “Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria”. Si los primeros seis meses del gobierno de Lasso se caracterizaron por el uso de la vacuna, los siguientes años de su mandato se definirán por el uso de la totalidad de la indumentaria represiva del Estado. “Nos enfrentamos a los carteles de la droga de todo el mundo”, declaraba Lasso, en el mismo tono y contexto en el cual en su momento Nixon le declaraba la guerra a las drogas, hace exactamente 5 décadas.
La crisis carcelaria que ahora atraviesa el país, es la evidencia irrefutable de que el sistema de justicia es un instrumento de marginalización implacable del Estado burgués. Para poder sostener el sistema capitalista, para poder mantener a la burguesía como clase dominante, y perpetuar también su acumulación desmedida, el Estado genera mecanismos como la cárcel, que reproducen la injusticia y el castigo, especialmente sobre el pueblo empobrecido, racializado, desposeído. En las cárceles está el pueblo, gran cantidad de personas privadas de libertad, se encuentran en el sistema carcelario por delitos de pobreza: menudeo, microtráfico, crímenes no violentos, deudas, etc. Son excepcionales las condenas a delitos de cuello blanco, corrupción o evasión fiscal multimillonaria.
En general, el sistema carcelario es un sistema que no solo materializa una penalización legal, sino que también genera estigmas que se convierten en penalizaciones sociales para las personas privadas de libertad y sus familias. La carga simbólica de la cárcel, destruye en mayor o menor medida, la legitimidad de las personas para existir, amar y vivir dignamente. Esta carga simbólica tan fuerte, no solo hace del sistema carcelario un mecanismo de marginalización por excelencia, sino que le permite al Estado neoliberal ensayar, con mediana impunidad, una serie de estrategias represivas, mayor criminalización y limpieza social, que además, a los ojos de la opinión pública, cuentan con cierta legitimidad discursiva.
La necropolítica se refiere una política pública, a una forma de hacer política desde el Estado, con la muerte como elemento característico. Hace referencia al uso del poder para dictaminar como ciertas poblaciones pueden vivir o pueden dejarse morir. Las masacres en las cárceles, que se han cobrado la vida de más de 360 personas en el 2021, son un ejemplo de la perversidad del capitalismo. La inacción del Estado frente a la grave situación en la que entró el sistema carcelario, demuestra que para los intereses del poder, es más fácil, y le es de mayor interés, generar las condiciones para facilitar la muerte de las PPL, que gestionar su vida digna. Se facilita la muerte con el desfinanciamiento sistemático, la vida en carencia permanente de las PPL, la permanente vulneración de derechos, la ineficacia del sistema penal, etc. Las vidas que nunca le importaron al Estado, y cuya pérdida es de su responsabilidad exclusiva, se instrumentalizan como justificación de la violencia del mismo Estado, otra vez sobre esos cuerpos.
Por otro lado, la conmoción que genera ese nivel absurdo de violencia en la sociedad, ya sea desde la empatía, el dolor y la protesta; o desde la indolencia y una mayor penalización social, logra una condición necesaria -la extremación de condiciones- para justificar medidas que profundicen la violencia de los aparatos represivos del Estado. El presidente Lasso planteaba la defensa ciudadana como justificante para instaurar el gatillo fácil: “aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza” (Lasso 11/2021). Así se consolida la criminalización de la pobreza y la protesta social, ya no solo como política pública, sino como sentido común. “Los estados de emergencia, son una pugna exclusivamente con los violentos (…) volveremos a decretar, cuantas veces sean necesarias, el estado de excepción en el país”. Este juego perverso con la sensibilidad de las personas, sus temores y prejuicios, son el punto de partida para una creciente fascistizacion social, que solo logra encarnar con más facilidad las lógicas de un Estado que impone el uso de la violencia de forma determinante como política de gobierno.
Nos encontramos en la primera fase de la implementación del Plan Ecuador, manual maestro de la pacificación por medio de la militarización. Esta es una de las expresiones máximas de la imposición del neoliberalismo, engendrando y desembocando en el perfeccionamiento de los mecanismos de control social. La pacificación es la cúspide de la perversión del Estado capitalista y la democracia burguesa en los mecanismos de marginalización contra del pueblo. El pasado 15 de noviembre, Lasso hizo referencia directa a un posible Plan Ecuador: “gobiernos aliados como el de EEUU, Israel, Colombia, Reino Unido, España, ya nos han comunicado su firme voluntad de apoyarnos en la lucha contra esta amenaza, lo mismo harán instancias supra nacionales como la ONU y UE”. Tanto en EE.UU. como en Colombia, la guerra contra las drogas ha facilitado la limpieza social, la eliminación de un supuesto enemigo interno -el pueblo- y la consolidación de las estructuras que permiten que los carteles se constituyan en actores paraestatales.
El libreto que pretende imponer el gobierno respecto a la militarización, la inseguridad y las masacres carcelarias, se correlacionan con lo que Noam Chomsky define como mecanismos de fabricación de un consenso manufacturado. En una primera instancia, el Estado propicia el desarrollo y descontrol de una amenaza, sea esta externa o interna. En segunda instancia posiciona un sentimiento de miedo, paralización y shock social, sostenido y replicado por los medios hegemónicos, posicionando la amenaza como urgencia y prioridad absoluta. En una última instancia, el Estado burgués y su aparataje de imposición de clase aparecen con la supuesta solución a la amenaza autoinducida. “Las FF.AA. Y la Policía Nacional coordinarán de forma indefinida el mantenimiento del orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario, más allá de los estados de excepción”.
El propio Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, declaraba este 15 de noviembre, que la más reciente de las masacres carcelarias se habría suscitado para “cometer un acto de terrorismo que conmocione a la Nación”, aduciendo que los responsables acusarían al Gobierno Nacional de la masacre. Así, el discurso oficial se desmenuza en los siguientes elementos: ante la amenaza de la inseguridad, que decanta en la grave crisis del sistema carcelario, el gobierno tiene que imponer el orden de forma contundente. Ante los carteles transnacionales, el Estado ecuatoriano estaría sobrepasado en competencias, por lo cual llama a una intervención militar internacional, auspiciada por el imperialismo yanqui, para “salvar” al pueblo ecuatoriano de los tentáculos del narcotráfico.
Este discurso obvia que la inseguridad es generada, en primera y única instancia, por el Estado burgués, por medio de la precarización a la vida del pueblo, la persecución y criminalización de la pobreza y la protesta social. La pacificación no es más que otro término para describir limpieza social, la cual se impondrá por parte de las élites burguesas en contra del pueblo, como mecanismo de profundización capitalista. En definitiva, la ley del libre mercado siempre se impone a sangre y fuego. Cuando el pueblo se organiza y resiste al neoliberalismo, la burguesía despliega toda la fuerza del Estado. Sin excepción alguna, es la violencia la que sostiene el sistema capitalista.
