¿A quién beneficia el gobierno de la banca?

La estrategia discursiva burguesa alaba al libre mercado y la libre empresa, e intenta posicionar al sector privado y la inversión extranjera como principales generadores de empleo en el país. Sin embargo, las cifras deplorables de acceso a trabajo logran desplomar esta falacia, demostrando que no solo la reducción del Estado facilita el abuso del sector privado en contra de la clase trabajadora, sino que la inversión extranjera se da mayoritariamente en el sector minero-petrolero, que no solo no genera empleo significativo, sino que reprimariza la economía y destruye la salud de los pueblos y la naturaleza.

Como bien graficó Laura Richardson en una de sus primeras apariciones públicas como Comandante del Comando Sur, el interés del imperialismo en América Latina radica en el control de sus recursos naturales. De la inversión extranjera, el 60% está concentrada en el extractivismo petrolero y minero. La riqueza que genera la burguesía nacional y transnacional -que proviene de recursos públicos, pertenecientes a la totalidad del pueblo- perpetúa la eterna dependencia del Norte, con una economía primario exportadora, a cambio del envenenamiento y la destrucción de la vida en todas sus formas.

Tras casi dos años del gobierno de Guillermo Lasso, en los que supuestamente se crearon 350.000 empleos adecuados, alrededor del 70% de la clase trabajadora sobrevive del trabajo informal, sin ningún tipo de seguridad laboral, seguridad social ni beneficios. La clase que realmente genera la riqueza, se sortea entre la inseguridad y el miedo causada por el Narcoestado y la criminalización de la pobreza y la protesta social, con el acoso sistemático de los aparatos represivos del Estado burgués. En estos 22 meses del Gobierno del Encuentro, el pueblo disminuyó significativamente su ingesta calórica, enfrenta la enfermedad con hospitales desprovistos de medicina, equipos y personal médico, niñxs afrontan la desnutrición o malnutrición, escuelas en mal estado, falta de maestrxs, y una cifra alarmante de 200 mil niñxs y adolescentes que no volvieron a la escuela en el 2022.

Sin un feriado bancario, pero con los mismos protagonistas en el poder, una nueva ola migratoria azota al pueblo y la clase trabajadora: precariedad, deudas con el chulco o coyoteros, familias divididas y explotación sin misericordia en los Nortes. Más de 250 mil ecuatorianxs abandonaron el Ecuador para no retornar entre 2021 y 2022. El oficialismo, recurre a maquillar las cifras, blanqueando un panorama social y económico nefasto, una especie de esquizofrenia autoinducida entre la realidad del pueblo y la clase trabajadora, y el relato oficial. Esta lógica desemboca en generar incertidumbre, dolor y rabia generalizadas, en medio de una crisis multidimensional nunca antes vista en el país, que sortea masacres carcelarias, sicariatos y cuerpos descuartizados en la vía pública, “vacunas” y explotación laboral impune y facilitada por un Estado neoliberal servil a los capitales nacionales y transnacionales.

Mientras Guillermo Lasso en 2021 prometía la creación de 1 millón de empleos adecuados en campaña, apenas llegó a la presidencia impuso todas las trabas y mecanismos legales y extralegales existentes para precarizar todavía más a la clase trabajadora. Tras la mutilación de derechos laborales y sociales de la primera fase de la restauración neoliberal liderada por Lenín Moreno en medio de la pandemia con la Ley de Apoyo Humanitario; la segunda fase liderada por el gobierno de la banca, dio pasos acrecentados para la liberalización total del mercado, iniciando la concesión de empresas estratégicas como CELEC Y Transelectric, facilitando la utilización de infraestructura estatal por parte de transnacionales, boicoteado -para una subsecuente privatización- a toda la red de atención de salud pública.

En un contexto social, económico y político agónico, aunque el presidente Lasso mueva cielo y tierra para desmentir las crecientes acusaciones en contra del oficialismo, la corrupción se devela como una de las características fundamentales de su mandato. El escándalo del “Gran Padrino” caricaturiza una situación de suma gravedad: la corrupción es una característica fundamental para la acumulación capitalista y el mecanismo predilecto de la burguesía para explotar a la clase trabajadora. El gobierno de la banca ha facilitado con creces la evasión fiscal, perdonando deudas por más de USD 5.000 millones a los grandes grupos económicos en 2021, boicoteando las instituciones públicas para repartirlas entre capitales privados y generando las condiciones legales adecuadas para favorecer la contratación informal. Bajo el gobierno actual, el Estado neoliberal precariza sin límites a la clase trabajadora por medio de una imposición violenta de la doctrina del shock.

La careta burguesa de la institucionalidad estatal ha facilitado la acumulación agresiva de capital transnacional. En octubre de 2021 se firmó un convenio de inversión entre Cervecería Nacional y el Estado ecuatoriano por un monto de USD 100 millones, resultando en la creación de solo 21 nuevos empleos. Simultáneamente el Estado generó exenciones tributarias por más de USD 35 millones a la misma empresa, que pertenece en el 94.36% a la multinacional SABMiller Latin American Limited. La burguesía industrial se congratula por auto obsequiarse el poder político del Estado, eximiéndose del pago de impuestos, mientras aun no efectúa el pago de utilidades entre 1990 a 2005 a 2.608 extrabajadorxs, que suman un monto de USD 94 millones.

La lucha de lxs 2.608 extrabajadorxs de la Cervecería Nacional lleva más de 16 años de litigios y sentencias. La transnacional y el Ministerio de Trabajo se niegan a ejecutar la sentencia  de la Corte Constitucional del 18 de abril de 2018, que insta al MT a mediar una cifra y le recuerda la favorabilidad a lxs trabajadorxs garantizada en la Constitución. Lxs extrabajadorxs denuncian que “existe un Ministro que no tiene la voluntad política de ejecutar la sentencia”. Cervecería Nacional cuenta con utilidades anuales que bordean los USD 100 millones como ingreso neto, con ingresos totales mayores a USD 327 millones en 2021, además de recibir generosas exenciones tributarias. En estos términos, USD 94 millones no significan una verdadera afectación para la empresa, pero para la burguesía nacional e internacional, ceder frente a las presiones de la clase trabajadora es impensable, en la guerra permanente de la lucha de clases. Más que una disputa económica, el caso de la Cervecería Nacional representa la fuerza y la impunidad de la burguesía frente a sus infinitas agresiones y abusos contra la clase trabajadora.

Los mecanismos de explotación, cosificación y opresión del capitalismo son infinitos y específicos, y someten a la totalidad del pueblo. Frente a un Estado burgués que se radicaliza en el neoliberalismo y el ejemplo perfecto del libre mercado: el narco, cuando la lucha de clases se profundiza, la única alternativa es a la organización, a reconocerce parte de un todo diverso, desigual y diferente, pero no particularista. En el momento histórico del claroscuro, los monstruos del viejo mundo desatan la totalidad de la violencia del sistema capitalista, la fascitización social y política amenaza con fuerza todos los derechos que a sangre y furia ha conquistado la clase trabajadora. Solo la organización popular anticapitalista ofrece una alternativa de vida digna para la clase trabajadora, solo con la totalidad de la fuerza colectiva frente al gran capital, el nuevo mundo, libre de clases todas, puede surgir.