Regresión de derechos y nuevo ciclo de acumulación
El momento histórico actual, en el cual el neoliberalismo vuelve a ser hegemónico en términos políticos, económicos y sobre todo, dentro de la estructura institucional del Estado, se caracteriza por una marcada e intencional regresión de derechos. Así mismo, el servilismo político al imperialismo yanqui es piedra angular del gobierno de Guillermo Lasso.
Esta regresión se ramifica en todas las dimensiones y niveles de la lógica estatal. En los recortes repetidos y sostenidos en educación y salud, que no solo precarizan las vidas del pueblo y la clase trabajadora, sino que imponen una regresión en los derechos de acceso y garantía de educación y salud públicas de calidad. Así como es regresiva la actitud del presidente Lasso, cuando declaraba el pasado 14 de enero que impondrá el veto total al proyecto de Ley de Aborto por Violación, siguiendo la línea ideológica más ultraconservadora de la iglesia católica -el Opus Dei-, de la cual es miembro. Casi de forma simultánea, la segunda semana de enero, la Corte Constitucional trató un potencial retorno de las corridas de toros a Quito, medida regresiva en materia de derechos de los animales no humanos y una burla a la voluntad popular.
La misma lógica regresionista se manifiesta en toda actuación del Ejecutivo, que también emprende una serie de reformas estructurales al trabajo, y a la carga impositiva fiscal a las élites burguesas, resultando en la mutilación del derecho al trabajo digno y adecuado. Adicionalmente, el Estado como instrumento de la clase burguesa, ahora garantiza de forma más amplia el derecho a la acumulación desmedida de la clase a la que responde y se debe.
La concesión y privatización de sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos y la banca pública, representan no solo una regresión de derechos -en el sentido de despojar al pueblo de recursos que le pertenecen por Constitución- sino que también se materializa en la transferencia de recursos a las élites para su explotación y apropiación. El despojo se impregna en las políticas del Gobierno Nacional como mecanismos regresivos para el pueblo, mientras son garantistas para la burguesía, asegurándole un rol protagónico en procesos de apropiación capitalista. La burguesía es hegemónica en el escenario político institucional. La hegemonía neoliberal se caracteriza por la dominación absoluta de la clase burguesa sobre la política, lo social y lo económica.
El mal manejo de Correos del Ecuador, Banco del Pacífico o la misma Petroecuador, demuestran que la burguesía propicia escenarios de ineficiencia autoinducida, generando crisis internas en las empresas y sectores estratégicos del Estado, para justificar su privatización. Petroecuador ha reemplazado su gerencia por tercera vez en seis meses, Banco del Pacífico se encuentra en una reestructuración interna -despidos y cierres de agencias-, mientras los medios públicos, la aerolínea estatal y el servicio de correos se encuentran virtualmente en quiebra, a causa a una intencional administración deficiente y disfuncional. Así mismo, por primera vez en la historia, el Ecuador importó Gas Licuado de Petróleo el pasado 11 de enero, inaugurando la era de la privatización de los hidrocarburos.
Todas las transgresiones, atropellos y malversaciones intencionales representan una reducción sistemática, estructural y generalizada en materia de derechos para el pueblo y la clase trabajadora. Los únicos derechos que se sostienen, garantizan y efectivamente amplían, son los de la burguesía. El neoliberalismo como lógica estructurante, profundiza la lógica de privatizar ganancias, y colectiviza pérdidas. La lucha de clases plantea una rampante agudización de los antagonismos entre pueblo y clase trabajadora, y burguesía parasitaria. La instrucción y organización son las tareas fundamentales en este momento, solo así se podrá hacer frente al momento histórico neoliberal, en el que la clase burguesa inaugura un nuevo ciclo de acumulación desmedida a costa de las vidas del pueblo.
