¿Y quién pensó en la Megan?

Este 30S fue diferente, no solo porque ya nadie se acuerda de la Megan, quien quedó olvidada pronto por sus propios ideólogos; sino porque en este 2018, la fecha más importante en el imaginario correísta, fue sistemáticamente atacada desde varios frentes bajo una estrategia articulada, lo que podría tener como resultado un grave final: considerar a los policías sublevados, a aquellos que apuntaron sus armas en contra de quienes dicen proteger, como víctimas, desatando una persecución política contra jueces y operadores judiciales, como ya está sucediendo. 

Es así que partimos identificando la existencia de una operación política de la partidocracia, los medios de comunicación y la vieja izquierda, quienes se alinean nuevamente con objetivo el romper con el discurso hegemónico del 30S, que identifica a la ciudadanía como actor central del rescate, y transformarlo en un cuento de mentiras, corrupción y abuso de poder.

De esta manera estamos ante una batalla por la interpretación de los hechos, en donde se propone una nueva y definitiva versión: que el ex presidente incitó la violencia al desafiar a la policía; es responsable de los muertos porque ordenó su rescate con tropas armadas y que, posterior a esto, desató una persecución despiadada contra policías y militares, utilizando una extensa red de corrupción en la función judicial.

Para entender políticamente el significado de este nuevo relato, hay que identificar los tiempos de la operación política y los elementos destinados a golpear la imagen de Correa, alejar su fantasma de las elecciones 2019 y depurar la función judicial al inocular a las masas la idea de su complicidad. Por esto, no es coincidencia que el hito de inicio de la operación, el 21 de agosto del 2018, fue la reunión patrocinada por el Consejo de la Judicatura donde recibió a unas 300 personas auto identificadas como perseguidas por la justicia, donde estaban los policías del caso 30S, y claro las organizaciones sociales de la vieja izquierda reaccionaria.

Posterior a esta reunión con la judicatura y con la legitimidad otorgada al conformar la una mesa de seguimiento, el 27 de agosto entra en el acto la Contraloría General del Estado, quien nombra a siete personas del colectivo de policías,  como veedores del examen que harán a todos los gastos relacionados con el 30S, incluyendo claro, el nacimiento y parte de la infancia temprana de la Megan en SECOM, lo que les permitirá identificar y perseguir a cuanto ex funcionario sea necesario.  

La primera semana de septiembre empezó el tratamiento por parte de fiscalía del caso de Froilán Jiménez el que empezó a dar resultados rápidos con el procesamiento por ejecución extrajudicial a dos militares, pieza importante para involucrar a Correa posteriormente, ya que según la parte acusatoria, ellos actúan bajo la orden explicita del ex presidente, mientras que los militares señalan que el enfrentamiento fue parte de la aplicación del incremento progresivo de la fuerza.   

El 11 de septiembre al tiempo que en la Asamblea Nacional se presenta un nuevo procedimiento para otorgar amnistías exprés, el abogado de la familia Jiménez, de apellido Romero, sostuvo que tiene en su poder el parte del general Peña, director de operaciones del ejército, en donde se identificaría que la orden de disparar fue del ex presidente, respetando así la cadena de mando, lo que determinaría, en última instancia, que la responsabilidad sobre la muerte del policía en el fuego cruzado al rescatar Correa, es de Correa.

Con esto se abre de lleno el capítulo “responsabilidades sobre el 30S”, que copó –y copará-, mediáticamente dos de las tres semanas anteriores al 30S, y en donde  fiscalía, “diligente y activa”, cumplió con una nutrida agenda política y mediática, que van desde la inspección a los fusiles en Cotopaxi, el llamamiento a dar su versión al excomandante del Ejército, la reconstrucción del rescate, la depuración de 155 jueces y 65 fiscales, entre otros.

Finalmente, el 21 de septiembre, después de mucho espectáculo, llegó el pedido de indagación a Rafael Correa por la muerte de Jiménez, ya que, según el fiscal Salazar, fue resultado de una disposición superior y no del uso progresivo de la fuerza. Ahora, el expresidente Correa, es imputado no por actos de corrupción, como es el caso de Argentina o Brasil, sino por el tipo de procedimiento utilizado cuando lo intentaron derrocar.

Ya con el escenario judicial construido, una semana antes del 30 de septiembre del 2018, los medios empezaron a hablar sobre las víctimas del 30S, cambiaron los juzgados por las historias personales, presentando al humano, la falta de justicia o la lentitud de los procesos. A todas luces, el remesón adicional que causará esta operación política terminará en la normalización de los procedimientos de depuración de jueces y operadores judiciales.  

De esta manera, la gran victoria de septiembre es la de los medios de comunicación y la partidocracia, quienes son los nuevos dueños del relato del 30S, sustituyendo a una vacía Megan, por Froilán, el policía que murió por orden de quien estaba defendiendo. Así, trastocado el orden del discurso correísta y cuestionado desde la gigantesca burocracia judicial, no queda más que ver como se proclama héroe a quien apuntó sus armas en contra del pueblo, detalle que ni siquiera nombran los medios de comunicación.

Más el error fundamental está en el propio accionar caníbal de los cuadros organizativos del correísmo quienes priorizaron estrategias de márquetin político y descuidaron de forma deliberada la organización necesaria para sostener un proceso de transformaciones, su reacción ante el golpe fue retomar prácticas de la partidocracia, situación que tiene sus claras consecuencias.

Es así que el problema del 30S para la meritocracia se trató de Megan, no de un pueblo que salió a la calle para defender a un gobierno que lo consideraba oportuno.