Zanahoria para la burguesía y palo para el pueblo
En este 2022, entrando al segundo año del gobierno de Guillermo Lasso, la burguesía se encuentra en una fase de recomposición y reacumulación capitalista, a costa de la vida del pueblo y la clase trabajadora. La reforma laboral y la reforma al IESS, anunciadas desde el gobierno para abril de 2022, dinamitarán todavía más los escasos medios para sostener la vida, extremando la lógica constitutiva del momento histórico neoliberal. En tiempos de bonanza económica, el Estado invierte en el sector público, mientras el neoliberalismo desfinancia los mismos sectores de forma crónica y sistemática, desembocando en una ola de privatización y subasta del Estado. El anuncio más reciente del Ejecutivo de concesionar vías y carreteras, corresponde justamente a esta lógica de acumulación por desposesión.
El método del neoliberalismo es precisamente el auto sabotaje, generando una crisis integral y transversal en todas sus carteras, mediante la reducción violenta del Estado mediante concesiones, privatizaciones, despidos masivos y recortes presupuestarios -siempre y cuando no sean para los aparatos represivos-. En esta misma lógica se inscriben las reformas laborales, tributarias y comerciales, que pretenden imponer sobre los hombros del pueblo y la clase trabajadora, todo el peso de la crisis múltiple que atravesamos, mientras alivia, beneficia y da garantías a la burguesía. De la misma manera, un nuevo boom petrolero y minero se oculta bajo la etiqueta de inversión extrajera, una vez más explotando con violencia a la naturaleza, vista solo como recurso. El nuevo ciclo de reacumulación capitalista se viene con toda la agresividad de este sistema depredador.
En abril, la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional ampliará los beneficios a la burguesía, que controla los medios de producción. La flexibilización contractual y de la jornada de trabajo, la eliminación de la jubilación patronal y la ampliación de lógicas regresivas en derechos para trabajadorxs, vislumbran un panorama desolador para el pueblo. La atracción de inversión extranjera se permea por la “ventaja comparativa”, el abaratamiento de costos y la precarización absoluta del espacio de vida y de trabajo, para facilitar la explotación, ahora son de carácter transnacional. En este contexto, el Ejecutivo anunció la vigencia paralela de dos códigos del trabajo, lo cual desembocará en una ola de despidos masivos, para recontratar a la fuerza de trabajo bajo el nuevo código, aumentando el margen de explotación contra el pueblo, al mismo tiempo que la tasa de plusvalía para la burguesía.
El pasado 10 de febrero, el presidente del directorio del IESS, Francisco Cepeda, sostuvo en declaraciones públicas que en las condiciones actuales, el instituto es insostenible. Entre un mayor número de egresos que de ingresos, y una deuda del Estado que supera los 8.000 millones USD, la inoperatividad de los fondos de pensiones y el sostén del fondo de salud podrían convertirse en escenarios posibles a mediano plazo. La posible reforma, lejos de ser “técnica”, se evidencia claramente como política neoliberal depositando el peso directamente sobre lxs contribuidorxs.
Entre las menciones que Cepeda hizo, llamaron especial atención el aumento de la edad de jubilación y la posibilidad de que cada afiliadx tenga una cuenta personal para hacer aportaciones mayores y tener una mayor jubilación. Esta posible reforma precarizaría a la clase trabajadora en relación de dependencia, aumentando el periodo de aportes, y por lo tanto agudizando las condiciones que en pocos casos son óptimas. Los aumentos en accidentes, enfermedades y lesiones laborales, se potenciaría significativamente. Sin tomar en cuenta que la posibilidad de disfrute de una vejez digna se pospondría, profundizando la explotación a la clase trabajadora. Así mismo la posibilidad de aportes diferenciados en cuentas personales exacerbaría el individualismo y las ya grandes brechas materiales, agravando la existente división interna de la clase trabajadora.
Estas reformas se darían a la par de las reformas laborales que el Gobierno Nacional ha anunciado para abril de 2022. De darse ambas simultáneamente, nos enfrentaríamos a un escenario grave de regresión de derechos, en el que la poca población con estabilidad laboral se verá vulnerada y en mayores condiciones de explotación, mientras que otro tanto verá en peligro sus contratos. Es recesivo que personas mayores trabajen por más tiempo, mientras jóvenes no pueden acceder a trabajo adecuado. La realidad es que la política neoliberal emprendida por el Gobierno del Encuentro, vulnera el derecho a la seguridad pública, que en principio debería funcionar como un mecanismo de justicia social.
Dentro de esta lógica, la tan augurada apertura de “nuevos” mercados, se encuentra ligada directamente a la liberalización y privatización sucesiva de activos, empresas y sectores estratégicos del Estado burgués. La concesión de carreteras representa tan solo el último eslabón en esta lógica, encaminada a la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo y el desmantelamiento de los sectores estratégicos del Estado: hidrocarburos, carreteras, salud y educación. El trabajo como mercancía se abarata para la clase capitalista, exigiendo cada vez mayores sacrificios del pueblo. En este contexto, es preciso señalar que el capitalismo y las lógicas de mercado se refuerzan y repotencian con cada crisis.
La persistente precarización de la vida, la falta de oportunidades y la progresiva vulneración de derechos -desfinanciación de los sectores salud, educación y despidos masivos-, ha generado una nueva ola migratoria. La migración forzada bajo el umbral neoliberal contabilizaba hasta agosto de 2021, 89 mil personas aprendidas en el intento de cruzar de forma ilegal la frontera de los EE.UU. Las escenas de filas interminables de jóvenes a las afueras del registro civil en búsqueda de pasaportes, así como fuera de consulados y embajadas demuestran la situación precaria del pueblo y la clase trabajadora. La fuga de cerebros y la exportación de mano de obra barata vuelven a ser la marca país.
Al mismo tiempo, el libre mercado se blinda frente a posibles olas de descontento popular, iniciando cooperación militar y securitista con los Estados con el peor récord en violación sistemática a los derechos humanos: Israel, Arabia Saudita, EE.UU., Reino Unido, España y Colombia. Estos escenarios de guerra interna contra el pueblo, se desarrollarán en un futuro próximo a gran escala también en el Ecuador. La lógica es: plusvalía para la burguesía y plomo para el pueblo y la clase trabajadora.
El momento neoliberal propicia la unidad de la clase dominante y la misma, toma nuevas aristas. Se constituyen nuevos grupos paramilitares, se profundiza la fascistización en torno al libertarismo, propiciada desde el oficialismo y el fundamentalismo de mercado impone su lógica en territorio. Dentro de la jerarquía ideológica capitalista, la vida del pueblo y de la naturaleza se vuelven desechables, como peso muerto dentro del cálculo de la plusvalía.
El capitalismo es siempre el mismo: privatización de las ganancias, colectivización de las pérdidas y perpetuación de las crisis como “nueva normalidad”. Este momento histórico tiene el potencial de devenir en una ruptura definitiva con las lógicas del capital. La organización popular necesariamente tiene que dirigirse hacia la cooperativización del sostén de la vida, la socialización de los recursos y la superación del sentido común del capitalismo: el individualismo y la competencia. Frente a la arremetida del gran capital, organización popular anticapitalista.
