Lucha por el agua y la vida: San Pablo de Amalí
En el cantón Chillanes de la provincia Bolívar,se encuentra la Comunidad de San Pablo de Amalí, un territorio de 650 hectáreas aproximadamente, que constituye un punto estratégico para la producción de cacao, café, banano y frutas cítricas. En ese lugar viven alrededor de 120 familias, quienes desde 1960 han desarrollado sus modos de vida y de producción en estrecha relación con el río Dulcepamba. Sin embargo, desde el día que llegó la hidroeléctrica Hidrotambo S.A., este paisaje cambió de manera radical, se desataron una serie de acontecimientos que anunciaban un desastre; las expropiaciones, inundaciones, el debilitamiento de la tierra, la escasez de agua para el riego y consumo, hasta la criminalización de los habitantes, hicieron que la causa en San Pablo de Amalí sea una cuestión de supervivencia.
Es así que, en el mes de marzo del año 2015 el río se desbordó, provocando la muerte de varias personas, la destrucción de viviendas y la pérdida de 10 hectáreas agrícolas. Esto evidenció que el desvío del cauce para la construcción de la hidroeléctrica se realizó con total negligencia: es muy angosto, carece de un cuenco amortiguador, no tiene muros de protección para la población y ahora el río se encuentra a menos de 30 metros de la Comunidad. San Pablo de Amalí vive en un riesgo constante desde hace 15 años por la irresponsabilidad de la hidroeléctrica y la complicidad de los entes de supervisión y control [ARCONEL, MAE, SENAGUA, la Secretaría Nacional de Riesgos y el GAD de Chillanes].
Cabe recalcar que durante mucho tiempo, varias personas del lugar han sufrido hostigamiento y amenazas por el personal de la hidroeléctrica y son criminalizadas por los representantes legales, dejando a la vista la desproteccion de quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos. Sin embargo, la unión de la Comunidad y sus constantes demandas públicas han permitido que esta situación no se silencie. Así, en enero del año en curso la población junto con la CEDHU y la Defensoria del Pueblo presentaron una Acción de protección por los derechos vulnerados [el derecho a la vida, la integridad personal, medio ambiente sano y derechos de la naturaleza] ante lo cual el Juez Pazmiño de la Unidad Multicompetente de Chillanes ordenó la conformación de una Comisión encargada de realizar una investigación in-situ para verificar la situación en San Pablo de Amali.
Ante esto, es necesario que las autoridades actúen de manera diligente en atención a la Constitución y a los instrumentos internacionales de protección para garantizar que lo ocurrido el 19 de marzo del 2015 no se repita. Sin duda, el fallo judicial en este caso puede constituir un precedente para la lucha por la reivindicación de los derechos humanos y de la naturaleza o puede condenar a la desaparición de San Pablo de Amali. No olvidemos que tanto va el cántaro a la fuente que a la final se rompe.
#SanPablodeAmalíResiste
