El ajuste económico tiene cara de mujer
El giro neoliberal de Lenin Moreno empezó a evidenciarse desde hace varios meses, en especial con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Adicionalmente, ha puesto en marcha otras disposiciones, que en nombre de una crisis inducida, le han dado forma a un modelo de gobierno que responde a los intereses de los mercados, concentrando así la riqueza nacional en los grupos económicos minoritarios, mientras empobrece a las clases menos privilegiadas. Ahora bien, cabe notar que las secuelas de este viraje neoliberal no se manifiestan de manera generalizada. Afectan de forma particular a los sectores poblacionales en los que históricamente se han materializado los efectos de las desigualdades sociales y la exclusión: las mujeres de las clases populares. Son nuestros cuerpos, - entendidos de forma interseccional por las diferentes experiencias que viven cuando son atravesados por marcadores de edad, raza-etnia, nivel socioeconómico, nacionalidad, y lugar de residencia,- los que encarnan el recrudecimiento de las políticas económicas.
Dado lo anterior, decimos que nuestras vidas se han visto reducidas porque, en primera instancia, la austeridad como principal consigna de las finanzas públicas ha derivado en un recorte sustancial del presupuesto para el 2019 en educación y salud. Al Ministerio de Educación se le asignó $281 034 411 menos de lo que esa cartera había solicitado para este año. Esto, sumado al recorte de $474 000 000 del presupuesto para Salud a comparación de lo asignado a este ministerio en 2018 (Parrini, 2018), implicaría reducir el acompañamiento a víctimas de violencia en el espacio educativo, así como la protección de derechos de niñas y adolescentes.
De acuerdo al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2018), de un total de 4854 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes receptadas entre 2015 y 2017, 2673 están relacionadas al ámbito educativo, de las cuales 1256 están vinculados docentes y autoridades. Con un presupuesto a la baja, se debilitan las políticas de prevención y combate a este tipo de violencias dentro del entorno escolar. Lo mismo sucede con las medidas para enfrentar el embarazo infantil y adolescente. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), 2470 niñas entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en 2017 producto de una violación. En el 80% de los casos, los perpetradores se encontraban en el entorno más cercano de las víctimas. Como es posible advertir, detener las violencias sexuales que vulneran los derechos plenos de niñas y adolescentes, obligándolas incluso a parir el hijo de sus victimarios, requiere de acciones multisectoriales. Si con un presupuesto mayor en 2018, el trabajo del Ministerio de Educación y Salud no logró resultados remarcables en la prevención de violencias y en la restitución de los derechos de las víctimas, para el 2019, el desafío se visualiza aún más complejo.
Una situación similar ocurre con la Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres. A un año de su aprobación, el monto destinado para la prevención y reducción de la violencia de género pasó de $8 676 624 en 2018 a $657 646 en 2019 (Toranzos, 2019). Este recorte se produjo a pesar de que las cifras demuestran un escenario de violencia sistemática hacia las mujeres. Tomando datos de la FGE, en 2018 se reportaron 59 feminicidios, 49 414 denuncias por violencia física, sexual, y psicológica contra mujeres, 5570 denuncias por violación, 1813 denuncias por acoso sexual y más de 200 denuncias por abuso contra niñas y niños menores de 6 años. Estas cifras, que evidencian solo los casos registrados oficialmente, son indicadores claves de la necesidad apremiante de poner en marcha políticas concretas y articuladas para combatir la violencia de género desde sus raíces. Sin embargo, queda claro que con el minúsculo presupuesto asignado para este ámbito, las mujeres permanecerán desprotegidas, sostenidas en un sistema que faculta que las víctimas vayan en aumento, mientras deja de lado su reparación integral y las sanciones justas para los victimarios.
En segunda instancia, las mujeres tienen que enfrentar también las secuelas del aumento no consultado y precipitado del costo de la vida, reflejado en la revisión del subsidio de los combustibles eco y extra, que resultó en el encarecimiento de su precio, el cual pasó de $1,48 a $1,85 por cada galón (El Telégrafo, 2018). Este ajuste económico se profundiza con las arremetidas privatizadoras de las principales empresas estatales (CNT, hidroeléctricas), a las que probablemente se unirá la del IESS. Dichas medidas aumentan las brechas entre quienes pueden y no mantener, en esas nuevas condiciones, mínimos de dignidad, al tiempo que los recursos que debería emplear el Estado para garantizarlos son entregados a manos del mercado. Por ende estos mecanismos implican, sobre todo para las mujeres de sectores populares, la necesidad de buscar varias fuentes de trabajo remunerado para llegar a fin de mes, sin importar las circunstancias, el tiempo y los lugares de empleo. Esto se traduce en una doble carga de labores debido a que las responsabilidades “productivas” asalariadas de las mujeres, suceden a la par de un contexto en el que ellas concentran la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidados, con una diferencia semanal de aproximadamente 23 horas frente a los hombres (INEC, 2012). De ahí que, si sobre nuestros hombros descansa el peso del sostenimiento y reproducción de las vidas, cuando éstas se socavan, nuestras posibilidades de llevar adelante ese trabajo con dignidad también se ven disminuidas.
Por todo lo dicho antes, queda claro el horizonte del gobierno de Lenin Moreno, marcado por el ritmo del capital, que debilita y destruye a su paso las alternativas para que las mujeres alcancemos bases de autonomía, emancipación y bienestar, mientras crecen las violencias estructurales que nos subsumen. Frente a esto, quienes resistimos a las lógicas mercantiles que nos precarizan, apostamos por formas de hacer política y abordar la economía que estén al servicio del bien común y plural, colocando la vida digna en el centro de todas las prioridades.
Referencias:
CNII. (18 de Abril de 2018). Datos y cifras actuales sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Recuperado el 05 de Febrero de 2019, de Consejo Igualdad Interngeneracional Issu Web site: https://issuu.com/cnna_ecuador/docs/violencia_contra_nna_ec2018_cnii
El Telégrafo. (Diciembre de 18 de 2018). Ecuador anuncia incremento del precio de gasolinas eco y extra. El Telégrafo.
INEC. (2012). Encuesta de Uso del Tiempo. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Parrini, L. (22 de Noviembre de 2018). Presupuesto de Educación y Salud, ¿otro revés del gobierno? Recuperado el 04 de Febrero de 2018, de La Palabra Abierta Web site: http://www.lapalabrabierta.com/2018/11/22/presupuesto-educacion-salud-reves-del-gobierno/
Toranzos, M. (5 de Febrero de 2019). Menos de un millón para luchar contra el femicidio. Expreso.ec.
