Perú: Paro Nacional indefinido y estado de emergencia
Este 15 de diciembre, se cumple la novena jornada consecutiva de movilizaciones a nivel nacional en Perú, en rechazo al quebrantamiento del orden constitucional por el Congreso, al deponer a Pedro Castillo el pasado 7. Para este jueves, se prevé la generalización y fortalecimiento de un proceso organizativo que se constituye en un Paro Nacional indefinido. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente -ORPIO-, anunció su respaldo a las movilizaciones, mientras la Universidad Mayor de San Martin fue ocupada la noche del 14 y las principales carreteras del país se encuentran paralizadas. Este jueves 15, el Congreso del Perú tratará el adelanto de las elecciones en medio de barricadas encendidas, producto de una masiva presión popular que se acrecienta.
Tan solo un día atrás, el 14 de diciembre, el Ministro de Defensa, Alberto Otárola declaraba el estado de emergencia en todo el territorio peruano, militarizando al país completo y suspendiendo el derecho a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la reunión y al libre tránsito.
Los medios hegemónicos, al igual que en Ecuador y Colombia durante estallidos populares, criminalizan al pueblo y a la protesta social, militarizando también el discurso público. Así, el pueblo organizado se convierte en “terrorista” y “vandálico”, el supuesto soberano se convierte en el enemigo interno, las movilizaciones en repudio al capitalismo neoliberal se convierten en antidemocráticas y la burguesía se convierte en gente de “bien” que defiende el estatus quo.
El proceder de la ultra derecha y la burguesía rentista, tanto de Perú, como de Ecuador y la totalidad de Estados burgueses en la región, corresponde a un manual de características comunes. Este manual comprende tanto el uso indiscriminado de material represivo potencialmente letal para practicar ejecuciones extrajudiciales con total impunidad, la militarización del territorio bajo el estado de excepción o emergencia, el trato bélico del pueblo organizado por el Estado, con detenciones arbitrarias, mutilaciones físicas y torturas, desapariciones, violaciones, agresiones sexuales e infiltraciones masivas. Este escenario se complementa con el actuar protofascista de sectores conservadores pertenecientes tanto a la clase trabajadora como a la burguesía, que claman por una política de cero tolerancia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas.
La presidenta ilegítima Dina Boluarte no solo ha condonado los abusos en el uso de la fuerza por parte del ejército y la policía, sino que ha demostrado que las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos son por orden superior. En consonancia con sus congéneres de Ecuador 2019 y 2022, y Colombia en el 2021, Boluarte ha hecho visitas televisadas a miembros de la fuerza pública que han resultado heridos en los enfrentamientos, dando un respaldo irrestricto al brutal sometimiento del pueblo por parte de los aparatos represivos del Estado.
La radicalización de la violencia ejercida por agentes del orden, ya ha cobrado la vida de al menos 8 personas. El guión que hace culto a la violencia del Estado de Israel contra el pueblo palestino se repite: mutilaciones oculares, bombas lacrimógenas disparadas como proyectiles contra cabeza y cuerpo de manifestantes, detenciones arbitrarias, ataques directos a la prensa popular y militante, y demás ensayos autoritarios, se repiten con mayor escala cada día en todo Perú. La amenaza del General de la Policía Nacional Víctor Zanabria con respecto al uso de escopetas con perdigones de goma para reprimir las protestas, es solo un ejemplo.
La clase trabajadora en su conjunto, los pueblos indígenas, sindicatos obreros, federaciones estudiantiles, feministas, organizaciones lgbtiq+ y demás formas de la organización popular, sostienen el llamado a la resistencia, desconociendo el gobierno ilegítimo de Boluarte, exigiendo el cierre del congreso, conjuntamente con la restitución de Pedro Castillo a la presidencia del Perú, para el llamado formal y urgente a una Asamblea Constituyente. La precarización intensa a la que el pueblo peruano ha sido sometido con toda la violencia del neoliberalismo, agravada por una guerra interna que impregnó de extrema violencia a todo el país, se ha convertido en estallido popular en al menos tres ocasiones en los últimos años.
Sin embargo, esta clara violación al pacto de la democracia por parte de las élites ultraconservadoras contra Castillo, ha logrado movilizar en un consenso colectivo acerca de lo que puede y lo que no puede permitírseles a la clase burguesa. La indignación de toda la clase trabajadora peruana se ha volcado a las calles, en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. En respuesta el manual de la ultraderecha se ejecuta y con este, las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Desde el día de ayer, se ha hecho un pedido internacional por la urgente llegada de una misión de la CIDH y otra del Alto comisionado de la ONU por los DDHH, para que puedan observar las prácticas de los aparatos represivos del Estado, en un momento de alerta, al haberse declarado el estado de emergencia y militarización en todo el país.
Exhortamos se levante el estado de emergencia de inmediato, para prevenir que se agraven las violaciones de Derechos Humanos en Perú. En solidaridad como ejercicio de consciencia de clase, respaldamos y celebramos al pueblo y la clase trabajadora levantada en el Perú contra la fascistización de la burguesía y la permanente precarización de la vida que imponen. Vivan los pueblos que luchan. Viva la clase trabajadora del Perú.
