La agenda oligarca de la dirigencia obrera

El rol del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en la estrategia de la oligarquía puede obedecer bien a cálculos políticos de las dirigencias, dados por la necesidad de reticular sus espacios así como legitimarlos; o, actúan así por la debilidad de sus estructuras y falta de cohesión programática con el resto de sectores del pueblo al  seguir una línea impuesta desde afuera, esto es, desde los cálculos del PCMLE.

Es claro que el movimiento de trabajadores es sumamente débil y que la clase social dominante, la oligarquía exportadora e importadora, está a punto de recuperar muchos de sus privilegios, no solo los pocos que les retiró Correa, como que los bancos puedan ser dueños de los medios de comunicación, los impuestos progresivos o la eliminación de los contratos a plazo fijo, sino los históricos, los que han sido conseguido tras largas jornadas de huelga nacional y grandes sacrificios políticos.

Frente a este escenario es necesario darse un baño de memoria, porque es fácil que en este momento se justifiquen acciones bajo la dicotomía simplona de correístas-anticorreístas, discurso que no toma en cuenta las actuaciones concretas que los sindicatos han empujado para que la oligarquía de el asalto final - que sin duda comenzó al final del período de la Revolución Ciudadana - pero fue perfeccionado bajo la propuesta de Consulta Popular y el cheque en blanco que el FUT le entregó a Moreno.

Las plataformas ajenas

El trabajo político y movilizador de las y los trabajadores articulados en el Frente Unitario han tenido como característica el asumir plataformas generales y policlasistas, en donde empresarios e intelectuales orgánicos de las clases dominantes no tienen problema en articularse, eso por lo menos hasta estas últimas semanas en donde queda claro que también fueron traicionados por el gobierno de Moreno.

Hace casi dos años, el miércoles 12 de julio del 2017, se dio la marcha nacional auspiciada por el FUT, en la cual se planteaba el ingreso de estos sectores populares al diálogo nacional[1], siendo el eje articulador la lucha contra la corrupción[2], mensaje que allanó el camino para que se justifique el acercamiento y diálogo con todos los sectores sociales[3], de los que, los representantes de la clases dominantes han sabido sacar una mejor tajada, poniendo ministros, miembros de juntas, superintendente de bancos, entre otros.

Ya para el 19 de agosto del 2017, en la Universidad Central se dio la convención nacional del FUT, en donde se resolvió hacer una marcha nacional para el 20 de septiembre del 2017, pedir la destitución de Jorge Glas, pero sobre todo, hacer un llamamiento en torno a la necesidad de una Consulta Popular, enfocado en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En estas mismas jornadas, el contenido clasista y reivindicativo de la plataforma se centró en lo que sería el desarrollo de una estrategia parlamentaria en donde se buscarían la presentación de dos proyectos legales reformatorios al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Hoy, después de dos años estos objetivos estratégicos han sido olvidados, y remplazados por las propuestas “pragmáticas de la oligarquía”.

Dos días antes de la marcha de los trabajadores, el lunes 18 de septiembre del 2017, Moreno se adelantó a los manifestantes y declaró que se llamaría a una consulta popular, esto produjo más bien un ambiente afable y de camaradería con el gobierno, al cual se le entregaron en dicha jornada cuatro puntos, uno de aquellos, el conformar una comisión ciudadana de alta representación plural y escogida por el presidente que prepare el régimen de transición institucional[4].

José Villavicencio, presidente del FUT, declaró después de las marchas que esto no sería un cheque en blanco para el gobierno[5], pero también direccionó a que las movilizaciones se dieran para garantizar que la Corte Constitucional califique las preguntas, situación que no se dio, demostrando no solo debilidad, sino que las y los trabajadores asumieron una estructura política ajena, siendo utilizados nuevamente por su dirigencia quienes no han sabido sostener una plataforma propia, producto de lo cual en este momento se discute la desarticulación de varios derechos laborales.

Retomar las calles con consignas propias

Durante un año se dieron complejas decisiones del gobierno, como  la remisión tributaria que regaló 2000 millones de dólares a las grandes empresas, entre otras. A pesar de estas decisiones, siguieron los diálogos y el 3 de septiembre del 2018, dos días antes de la marcha del 5 de septiembre que se dio en Quito, se sentaron nuevamente a hablar con el gobierno, esta vez con Paúl Granda.

En esta reunión, y a pesar de que se empezaron a dibujar las medidas oligárquicas en torno a la economía, Villavicencio reconoció que existe un buen momento para el gremialismo, ya que existe la voluntad de diálogo[6] bajo la figura del diálogo nacional, acoger las propuestas de los sectores sociales e impulsar un proceso de lucha en contra de la corrupción. No dejan claro cuáles son los avances para el sector social al que pertenecen, y ahora está claro que no existieron otros que no sean los que les convenía a las clases acomodadas de la sociedad.

El 19 de septiembre se convocó por primera vez una movilización con un claro contenido clasista, cuando ya las decisiones habían sido tomadas por el gobierno de Moreno. Estas se centraban en la reducción para las gasolinas eco país y extra, o la no ocupación de 25.000 vacantes en las instituciones públicas. Así las cosas, el 12 de enero del 2019 se dio la XI Convención Nacional en donde supuestamente se articularía una agenda en contra de las medidas de flexibilización laboral, ajuste económico y la crisis del IESS.

A pesar de estas posturas, medidas como la venta de los activos del Estado - que aún se trabaja en absoluto silencio -  el despido masivo de trabajadores públicos y las pretensiones de privatizar el IESS con un modelo parecido al de Chile, han continuado. El 30 de enero se dio nuevamente una movilización, aunque en esta no se confirmó la ruptura del movimiento sindical dirigido por el FUT con el gobierno, siendo que seguían en el diálogo nacional encaminados hacia ese gran acuerdo.

Posteriormente se dio la marcha del primero de mayo, en la que nuevamente salió Julio Cesar Trujillo, a pesar de ser la cabeza rearticuladora de la oligarquía dentro las instituciones de control. A pesar de esto, se empezaron a ver consignas propias, aunque todavía tibias frente a su significación, como por ejemplo, el petitorio de que se esclarezca la información del acuerdo con el FMI en vez de plantear un rechazo contundente contra este instrumento anti popular.

Son todos cómplices

Es fácil culpar al otro gobierno por la implementación de la agenda neoliberal que asumió Moreno sin hacerse responsable de sus propios errores, siendo el principal la falta de una agenda propiamente laborista, y el haber asumido la agenda política de los grupos que están alrededor del PCMLE.

Para muestra un botón:  mientras el PCMLE y sus estructuras tienen nuevamente legalizado su partido político el MPD, al gremio de profesores UNE, les devolvieron los fondos provisionales del magisterio, entre otras; mientras, los y las trabajadoras no tienen un avance concreto y más bien ven con preocupación cómo se pretende vulnerar derechos existentes.  

Incluso, el propio FUT sufre de divisiones internas alrededor de los diálogos con las patronales en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pues uno de sus sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores si tiene a su representante, Edgar Sarango, a pesar de que se acordó que- como FUT -  no serían parte de este espacio de trabajo.

La pregunta ¿para cuándo la huelga nacional? sigue en el tapete.

Referencias:

[1] Sus peticiones: orden de allanamiento a Correa, salida del directorio de Richard Espinoza, amnistías para los perseguidos.

[2] Así sin más, articulados a la maquinaria de corrupción y dominación de clase que es el Estado.

[3] Incluyendo las representaciones más reaccionarias, como las Cámaras de Comercio, quienes finalmente pusieron a su ministro Richard Martínez.

[4] Esta carta blanca produjo que se colen en las instituciones de control de Estado cuadros de la oligarquía financiera, como la actual Superintendente de Bancos. La memoria es frágil.

[5] https://www.elcomercio.com/actualidad/josevillavicencio-consultapopular-fut-demandas-leninmoreno.html

[6] https://www.elcomercio.com/actualidad/ajusteeconomico-gobierno-division-gremios-ecuador.html