Proyecto minero Kimsakocha: Entre la consulta y la pared
Nada ha fastidiado ni ha generado tanto temor a las empresas transnacionales extractivas y al Gobierno Central, que claramente ha priorizado estas actividades dentro de sus políticas económicas, que la posibilidad de que los territorios puedan tomar decisiones de manera autónoma. Tomar decisiones autónomas como territorios, podría materializar sus intereses locales, con el objetivo de desalinearse de la planificación centralizada del Estado, que raras veces responde a sus realidades.
Es por eso que, en función de garantizar el desarrollo del extractivismo en el país, la estrategia del Gobierno Central ha sido la de disminuir o impedir las competencias de los Gobiernos Locales, como ha sucedido con la competencia exclusiva de Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación de Suelos de los GADs Municipales. Al mismo tiempo la estrategia de las empresas ha sido la de comprar conciencias, fracturar cualquier forma de organización local y romper el tejido social de las comunidades. Es así que de manera conjunta, Gobierno y empresas han permitido de manera descarada lo que se conoce como puertas giratorias, intercambiando personal para ocupar altos cargos dentro del Estado o la empresa.
Pero el territorio resiste.
El 30 de enero de este año, la Consulta Popular propuesta en el 2015 por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, fue aceptada unánimemente por las y los vocales del Consejo Nacional Electoral, rompiendo el estancamiento al que le habían confinado a esta propuesta durante más de 3 años entre la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral de aquel momento. Hecho que exigió por parte de los sectores proponentes, permanentes visitas a estas y otras instituciones del Gobierno Central, exigiendo el cumplimiento de un proceso transparente y la garantía de sus derechos de participación. La pregunta es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?
Frente a la activación de este mecanismo por primera vez utilizado para la defensa de la Naturaleza y de las Comunidades de actividades mineras, la respuesta del gobierno fue nada menos que sinvergüenza. Meses después de presentar la iniciativa de Consulta Popular, en diciembre de 2015, se aprueban en la Asamblea Nacional, un paquete de enmiendas constitucionales dentro de las cuales se restringía esta figura, en primer lugar a los GADs, los cuales solo podrían convocar a consulta sobre ámbitos de su competencia y en segundo lugar, establecían que la ciudadanía no podría proponer consulta sobre “cualquier asunto”.
El temor del Gobierno y de las empresas se manifestó y de hecho se acrecentó, al tiempo que los procesos de resistencia iban aumentando y fortaleciéndose, y las recientes victorias judiciales como las de Río Blanco y la de los Ai Cofán de Sinangoe por vulneración del derecho a la Consulta Previa, catapultaron ese temor. Ese temor se materializó en intentos de boicot al proceso de aprobación y convocatoria a la consulta. La decisión del pleno del Consejo Nacional Electoral fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, sin obtener el resultado que la empresa minera esperaba. Ante este intento fallido, Carlos Pérez García, al frente del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó una solicitud de Medidas Cautelares a esta decisión del Consejo Nacional Electoral, para impedir el desarrollo de la consulta. Sin embargo, a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito que conoció esta solicitud le tomó menos de 30 minutos en negarla y permitir que la consulta continúe.
Mientras esto sucedía, la Cámara de Minería del Ecuador se manifestaba seriamente preocupada por como existían reveses para el sector minero, ampliamente poderoso en nuestro país. Sus argumentos no dejan de sostenerse sobre como peligra la inversión extranjera en nuestro país con estos sucesos; el capital sobre los Derechos Humanos y los de la Naturaleza siempre será la bandera de este sector.
Por otro lado, la alegría de saber que la consulta fue aceptada y convocada para el 24 de marzo, a la par de las elecciones seccionales, era lo que inundaba a las personas que han venido luchando durante décadas por la defensa de los páramos del cantón Girón en Azuay. Los resultados de la quinta pregunta, la pregunta sobre minería, de la consulta popular de febrero de 2018 fueron contundentes en este cantón, con el 80.99% de las personas decidiendo por la defensa de la naturaleza en contra de esta actividad.
Con esta confianza y fuerza, las personas de las distintas organizaciones y comunidades que durante muchos años han mantenido la resistencia por el agua empezaron ya la campaña por el NO, llevándola con alegría, como les ha caracterizado siempre. Puede ser que el 24 de marzo se materialice el objetivo que durante tanto tiempo han buscado.
