Reforma a la LOES: preocupación en la educación superior
La Asamblea Nacional se encuentra próxima a debatir sobre las reformas que se impulsan a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); esta propuesta de reforma fue establecida en marzo de 2017. Durante la administración anterior, la Comisión de Educación presentó un informe durante el primer debate. Sin embargo, en mayo de 2017, la nueva comisión con Augusto Espinosa a la cabeza, solicitó tiempo para hacer un alcance a ese documento, en el que se recogieron las propuestas de los diferentes sectores que integran la comunidad universitaria.
De esta manera, el proyecto de reformas llegó al primer debate el 19 de septiembre del 2017. A partir de allí las posibles modificaciones al proyecto de reformas se estancaron, así como la posibilidad de participación de los actores universitarios en general, impidiendo de esta manera, el debate, el dialogo, y la construcción colectiva y plural.
Es preciso mencionar que no se logró avanzar en el trabajo debido a falta de quórum en la mencionada comisión, tal asunto respondía al pedido de renuncia del entonces presidente de la comisión, Augusto Espinoza.
El proceso parece haber tomado celeridad, bajo la presidencia de la asambleísta Silvia Salgado. El 15 de marzo del presente año, el Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, entregó un documento de quince hojas a los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Documento en el que se presenta un proyecto de reformas construido únicamente con las autoridades universitarias, excluyendo y desestimando en buena medida, la participación, opiniones y aportes de los y las estudiantes.
Ante este escenario, es necesario entonces detenerse a pensar y analizar algunos puntos medulares en cuanto a este proyecto de reformas, y entender que la exclusión de determinados actores, responde a la pretensión de transgredir algunos derechos fundamentales de los mismos.
Por ejemplo el artículo 39 de la LOES, que habla sobre la prohibición de la competencia desleal de las instituciones educativas, se establece que para realizar actividades comerciales las Instituciones Educativas Superiores (IES) deberán constituir personas jurídicas independientes. Sin embargo, el actual proyecto de reforma elimina esta disposición, tal situación puede afectar seriamente la prohibición de lucro con la educación, ya que las IES podrán ofertar bienes y servicios comerciales sin crear personas jurídicas aparte. Esto daría apertura a que determinadas actividades comerciales se revistan de actividades académicas facilitando el lucro y favoreciendo la visión empresarial por sobre la calidad educativa, poniendo en riesgo el derecho a la educación de las y los estudiantes.
Otro punto en conflicto, y quizá el que más preocupa, por la vulneración que este constituye a los derechos estudiantiles, como la participación, la pluralidad, la democracia y la construcción en conjunto de la comunidad universitaria, es el que tiene que ver con la creación del denominado "Consejo de Regentes". El organismo estaría conformado por los promotores – dueños - de las universidades, y entre 5 a 7 personas que "acrediten amplia trayectoria académica y profesional en gestión pública". Este organismo pretende regular de forma total y autoritaria los centros de estudios. De darse la creación de tal infausto consejo, este sería aplicado, en un primer momento, en las universidades privadas, y entre sus funciones constarían: aprobación de la planificación estratégica institucional, elección de autoridades (rector y vicerrectores), destitución de autoridades (rector y vicerrectores) y "las demás que establezca el estatuto", estatuto escrito y aprobado por el mismo consejo.
Evidentemente el derecho a elecciones universales y democráticas del las autoridades no aparece contemplado en el proyecto de reforma. Además, esta figura después de corto tiempo, bien podría extenderse también hacía las universidades públicas.
Adjunto a este elemento, hallamos también que el proyecto de reforma a la LOES, pretende suavizar la exigencia de los requisitos para máximas autoridades universitarias, a través de la reforma del artículo 49 de la actual normativa educacional.
Otro de los elementos que preocupa es el "congelamiento" en cuanto al porcentaje de participación estudiantil y cogobierno. En la actual normativa se establece que “la votación de las y los estudiantes para la elección de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas en ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá al porcentaje del 10% al 25% del total del personal académico con derecho a voto”. A pesar de haber recibido propuestas de reforma, nacidas desde el sector estudiantil, en las que se pretendía ampliar este porcentaje de participación al 35% del total, desde la Asamblea se hizo caso omiso, y simplemente este artículo, así como el que habla de la participación estudiantil en los organismo colegiados de cogobierno (artículo 60), y sobre el cual también se presentó alcances que ampliaban considerablemente la participación estudiantil, quedarán sin modificación alguna.
Entre varias reformas, más los temas de asignación de recursos, becas para cuarto nivel, cobro de aranceles y matrículas, también son objeto de preocupación, puesto que de aprobase el actual proyecto de reforma, se verían perjudicados varios estudiantes de diferentes IES, tanto públicas como privadas.
Un proyecto de reforma excluyente, construido desde el poder y en beneficio del poder pasará a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este martes 15 de mayo. Será tarea de los y las estudiantes decidir qué sucederá después. Aprobada esta reforma, el inerte movimiento estudiantil tendrá dos elementos para razonar con el poder: propuestas coherentes construidas desde el la academia, el dialogo, el debate y la multiplicidad de opiniones, en beneficio de los grandes sectores estudiantiles y las calles, que llevan una década esperando llenarse de combatividad y consignas.
