Ruptura constitucional y la omnipresencia del CPCCS

Entrando al segundo año de mandato de Moreno, cabe hacer un balance crítico de nuestros propios análisis, matizándolos, reafirmándolos o desechándolos, según la coyuntura se ha mostrado. De manera general, y como punto de partida, nos planteamos un ejercicio de abstracción de este primer período de gobierno, definiéndolo como el “año del retorno de la vieja partidocracia”; el conjunto de redes e intereses económicos e ideológicos de la oligarquía, quienes asumen nuevamente su primacía tradicional en el Estado.

En este primer año de gobierno se operó la depuración del correísmo a nivel institucional, tarea que finalizará con el cambio del Consejo de la Judicatura y el nombramiento de las autoridades de control definitivas por parte del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a través de un reglamento a todas luces inconstitucional, al no respetar el proceso que para estos fines quedó signado en la Constitución.

En nuestro anterior análisis de coyuntura, se propuso que esta recomposición oligárquica está asentada en un nuevo sentido común. Ahora, este es un punto que debe ser ampliado, por cuanto obedece a un acuerdo nacional, el que encuentra en el CPCCS la expresión más acabada del conservadurismo reaccionario de las élites, en articulación política con la miopía de ciertos sectores sociales, quienes están articulados como simples validadores de las decisiones de terceros.

Del silencio a la complicidad

Cuando sostenemos que el bloque popular está desorientado, sin programa ni conducción política, no lo sostenemos como una mera suposición, sino como el resultado de una minuciosa observación de la dinámica de las organizaciones sociales y partidos de izquierda en la coyuntura.

Prueba de aquello, es la profunda desconexión existente entre las aspiraciones de la base y sus dirigencias, las que, casi en su totalidad, articulan con el Gobierno en torno a una lógica de recorporativización, pasando por alto muchas de las demandas de territorio y funcionalizándose, al asumir como suya la agenda genérica de la derecha alrededor de la lucha contra la corrupción y la seguridad.

Un caso paradigmático lo podemos encontrar en el llamado a Asamblea Constituyente que hace la CONAIE, que marcaría un retroceso en torno a los derechos, en medida que la correlación de fuerzas en este momento favorece a la derecha. A pesar de lo evidente y el peligro que reviste este hecho, actúan azuzados por un odio ideológico que identifica la Constitución de Montecristi como un instrumento correísta que se debe eliminar, alineándose con los intereses de la oligarquía.

Así validamos la primera conclusión de nuestro análisis de coyuntura, que identifica la adaptación de las dirigencias al Gobierno, legitimando socialmente el accionar reaccionario, al tiempo que levantan una matriz de opinión falsa al sostener que están disputando la política desde adentro. El bloque popular está quebrado en varios niveles, desde las bases con la dirigencia, y desde los propósitos organizativos hacia el accionar político real, dibujando claramente la crisis que existe en la izquierda.

La concentración soterrada de poderes

La primera característica de la actuación del CPCCS es su rol concentrador de poderes, el que se ensambla por fuera de las competencias institucionales que están claramente definidas en la Constitución y las leyes habilitantes de la función, argumentando que es una situación extraordinaria en un período de transición. Este rasgo les ha permitido abusar de la confianza otorgada al Presidente de la República por parte de la ciudadanía, y consolidar un precedente antidemocrático con lo que el Estado de Derecho o las garantías constitucionales, son  simples enunciaciones sin validez real.

Este vaciamiento de sentido del Estado burgués por la propia oligarquía, después del proceso de modernización del capitalismo que comenzó Correa, nos lleva hacia un retroceso a los viejos vicios coloniales de las élites, las que se develan profundamente anti demócratas. Como ejemplo: la acción de protección interpuesta por la terminación de los concursos de fiscales, la que otorgada a un político de la misma tienda morenista, no fue acatada por autoridad alguna, y el juez recibió fuertes amenazas por parte del CPCCS.

Que decir, sobre los procesos abiertos contra el Defensor del Pueblo, el presidente del Consejo de la judicatura o la Corte Constitucional, todos los que inician con una amenaza por parte del octogenario político conservador y fundador de la Democracia Popular, Julio César Trujillo. Como complemento, en los últimos días, se presentó otro instrumento que confirma nuestra sana sospecha, el reglamento para los concursos que elegirán a las nuevas autoridades de control, los que dan la capacidad al Presidente de la República de poner a sus cuadros en puestos que en teoría deberían controlarlo.

De esta manera, nuestra segunda conclusión en el análisis de coyuntura es vigente y acertado, ya que, en aquella ocasión sosteníamos que la derecha oligárquica tradicional está instalada en el poder político - lo que es indudable pues solo basta esperar la resolución de la crisis de gabinete para que se devele la dirección asumida -, siendo que los cambios se están dado de manera rápida y contundente, adelantándose a las posibilidades de generar acciones y conciencia por parte del disminuido bloque popular.

La generación decapitada

El retorno de la partidocracia se despliega en tres niveles: el político institucional, el de seguridad y el económico, más a pesar de que están entrelazados y cruzados por los mismos intereses, cada uno de estos tiene límites y soluciones distintas que se operan en momentos diferentes.

En cuanto al asunto político institucional, lo podemos asumir como saldado, ya que el omnipotente CPCCS Transitorio es el demiurgo que ordena el caos preexistente. Así, las ideas tal como formas puras, retornan al orden natural de las élites, llevando con sí el hedor de la dominación. Por tanto, este accionar ideológico reaccionario que se justifica en un vago mandato popular, sostiene un despotismo inconstitucional violentando las garantías del Estado de Derecho.

En esta inercia de abusos y vendetta política, hay un grave problema: el advenimiento de una generación decapitada. Después del necesario recambio político de la clase política del último lustro, la que estuvo caracterizada no solo por el influjo de Correa, sino por una fuerte participación de jóvenes y el ingreso de nuevos políticos, vemos como éstos, ahora involucrados en una serie de persecuciones políticas o actos de corrupción, ya no tienen futuro político, y en su remplazo tenemos un repotenciado Nebot, Moncayo o Trujillo, quien además funge de sepulturero.

Es así que los únicos políticos de recambio son los de la derecha bajo el anticuado signo del capitalismo que sostiene el Partido Social Cristiano, CREO e incluso, sus socios pragmáticos de la social democracia criolla, la Izquierda Democrática. No hay políticos ni propuestas potentes que se perfilen desde el pueblo o la izquierda, demostrando que nos hemos quedado sin proyecto histórico, sin potencia ni capacidad de acción, lo que implica, en última instancia, la renovación desde lo local y nuestras experiencias, y no desde el trasplante mecánico de las formulas del primer mundo.

Conclusión: CPCCS Transitorio y el totalitarismo

Puede parecer exagerado que al encargado del Presidente de la República para el CPCCS transitorio se le compare con el rey francés Luis XIV, pero no lo es. Los rasgos de totalitarismo con el que se conduce en cuanto a su gestión quedan patentes cuando se atreve a identificar que en caso de conflicto entre sus decisiones y la Constitución, son estas las que tienen prelación frente a la Carta Magna, justificando tal aberración con que a él le han encargado hacerlo, por mandato popular, y por tanto está por encima del bien y del mal.

Más allá de que tengan una memoria selectiva y nieguen el hecho que la Constitución de la República fue promulgada vía mandato popular también, el asunto central es que la actitud vanidosa y déspota del consejo, la que empieza a fragmentarse cuando Zavala Egas identifica excesos en las pretensiones de evaluar la Corte Constitucional y el reglamento para la designación de autoridades, por lo rudimentario de su errático trabajo, tiene su anverso en una cuidadosa estrategia para el retorno neoliberal levantada sobre el sopor del “chuchaqui” correísta.

Como ya lo hemos sostenido en anteriores textos, el CPCCS transitorio, es un instrumento reaccionario con el que se opera el retorno de la oligarquía al control estatal. En este sentido,  quedará para próximos análisis, el pensar como una función del Estado que fue ideada como el vínculo conductor de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado es ahora la vanguardia reaccionaria.

Hablando de hiperpresidencialismo y violación constitucional: Moreno sigue subiendo la vara.