2022: Lasso y la doctrina del shock
Es evidente lo que nos depara el 2022. El plan de gobierno de Lasso es la continuación y profundización del neoliberalismo, impuesto por Moreno después del procesos progresista que le dio relevancia. Durante la restauración neoliberal, las perversiones del Estado burgués se han hecho más y más agresivas contra el pueblo y la clase trabajadora. Los recortes a presupuestos en salud, educación, trabajo e inclusión social se acrecientan, conjuntamente con una ola de privatizaciones de bienes públicos. Así mismo el perdón fiscal a grupos económicos es multimillonario, mientras los pagos a tenedores de deudas son puntuales o inclusive adelantados. Las posibilidades del pueblo para sostener la vida no son prioridad para el gran capital.
El 2021 se cerró con el anuncio gubernamental de “conseguir” un crecimiento económico del 4% del PIB, el cual es celebrado por la burguesía empresarial, al mismo tiempo de un alza de 25$ al Salario Básico Unificado. Este anuncio se celebra obviando que el PIB se contrajo en un 10% entre 2020 y 2021, además de los anuncios de industriales de precarizar todavía más a la clase trabajadora, la cual recurrirá a la informalidad y la sobreexplotación. Este escenario se conjuga con la pronta firma del TLC con México, requisito para la entrada a la Alianza del Pacífico, además de una reducción gradual de un punto porcentual del Impuesto a la Salida de Divisas. Adicionalmente, el oficialismo promete la atracción de un total de 3.000 millones USD en inversión extranjera privada por medio de Alianzas Público-Privadas.
Con este objetivo, Guillermo Lasso plantea el envío de la reforma a la Ley para Atracción de Inversiones en los primeros días de enero de 2022, uno de los ejes de reformas negadas en el Proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. Esta reforma se introducirá -al igual que la reforma tributaria- al Legislativo con carácter económico urgente, lo cual limita el periodo de debate y votación de la Asamblea Nacional a 30 días. En esta reforma, además, se planteará el desarrollo de zonas francas productivas y comerciales exentas de pago de impuestos, para facilitar la inversión extranjera en territorio. En Ecuador se podrán situar maquilas, fábricas de ensamblaje y manufactura de valor agregado marginal, el cual facilitará la explotación a la clase trabajadora. Adicionalmente, el oficialismo promete agilizar la concesión sucesiva del sector petrolero, para elevar la producción de crudo hasta a un millón de barriles diarios. La explotación de la fuerza de trabajo, además de la privatización y concesión de los sectores estratégicos del Estado, pretenden atraer la tan afamada inversión extranjera privada, como presunto “motor de desarrollo”. Este elemento confluye con la lógica neoliberal, misma que sostiene la falacia de que el capital -y no la fuerza de trabajo- es el generador de riqueza.
Normalizar y legitimar la precarización de las condiciones materiales del pueblo y la clase trabajadora, son requerimientos fundamentales para imponer el orden de la supremacía del mercado. “Por la razón o la fuerza” parece ser el lema del gobierno de Lasso: aparte de las reformas a los códigos orgánicos, la presidencia ha consolidado la militarización de los espacios públicos, así como ha declarado una guerra franca contra la organización popular. La criminalización de la pobreza y la protesta social se avecinan sin tregua, con la banca comandando el Ejecutivo. La doctrina del shock se cumple al pie de la letra: una grave crisis económica auto inducida, privatizaciones masivas, una liberalización total del mercado y una reducción dramática del papel del Estado, salvando prácticamente solo su capacidad represiva. Precarizar y aterrorizar al pueblo es el objetivo.
Aparentemente el Gobierno Nacional pretende desmantelar la Constitución etapa por etapa. La ya aprobada reforma tributaria, será seguida por una reforma en la ley de atracción de inversiones y una brutal reforma laboral. Como se comprobó con el intento del Ejecutivo de pasar en un solo cuerpo todas las reformas, la flexibilización contractual, la eliminación de la jubilación patronal y la liberalización de jornada laboral, son solo algunas de las características de este proyecto de ley. Hasta noviembre de 2021, el empleo adecuado se encontraba en 33,7%, y el desempleo subía a más del 5%, la población en trabajo no adecuado y en la informalidad son más del 50% de la población económicamente activa. Lo perverso de la medida neoliberal, recae en que el plan de gobierno se aleja radicalmente de la creación de oportunidades laborales dignas para más población, sino que socializa la precarización generalizada como “la única alternativa”. A la par del continuo encarecimiento del costo de vida, el acceso a educación y salud siguen decreciendo. El neoliberalismo destruye las posibilidades de vida para el pueblo y la clase trabajadora.
Así mismo, el arrodillismo político al imperialismo yanqui se consolida. El cambio de canciller de Montalvo al empresario Juan Carlos Holguín, se mide como señal del gobierno para la aceleración de la apertura agresiva de la economía ecuatoriana. La pretensión de lograr un TLC con Estados Unidos, favoreciendo una vez más al sector importador, destruirá la industria y la agroindustria nacional. La economía ecuatoriana será expuesta a una competición capitalista con economías altamente desiguales y subsidiadas, lo que necesariamente profundizará la precariedad de la vida.
Enero será un mes crucial para la configuración del escenario en el que se librará la lucha de clases en el Ecuador en 2022. La imposición neoliberal indiscriminada de la doctrina del shock, se desata con contundencia sobre las vidas del pueblo, con el replanteamiento de las reformas laboral y de inversiones, nuevas olas de despidos y privatizaciones, y la profundización de la lógica de explotación capitalista. Solo un pueblo organizado podrá enfrentar la guerra antipopular que libran las élites burguesas en nombre del libre mercado y en contra de la vida digna.
Mientras para la clase política y empresarial, en conjunto con las oligarquías locales y trasnacionales, se amplía la rifa y subasta de activos del Estado; el pueblo y la clase trabajadora precisan de una reorganización estratégica, radicalizando los conceptos y las prácticas colectivas. En definitiva, la precarización laboral desenfrenada, la liberalización económica, los despidos masivos en nombre de la consolidación fiscal, y la depredación de la naturaleza y las condiciones de vida del pueblo y la clase trabajadora, conjugan la totalidad de las perversiones del sistema capitalista en su momento histórico neoliberal. Únicamente la organización popular anticapitalista podrá asegurar el sostén colectivo de la vida, ante un gobierno y una doctrina oficialista que profesan exclusivamente nuevos ciclos de apropiación y despojo. Que el 2022 nos encuentre contruyendo organización popular.
