El Decreto 730 y la estrategia del enemigo interno
El evidente desgaste político, comunicacional y de popularidad del Gobierno de Guillermo Lasso, ha causado una aceleración en una serie de reformas institucionales amparadas bajo el poder ejecutivo, en estrecha colaboración con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que buscan fabricar un escenario de conmoción interna, bajo la excusa del combate al crimen organizado, pero que como objetivo primordial pretenden reprimir y en última instancia eliminar a la organización popular.
Así, la lucha de clases se vuelve cada vez más visible en el Ecuador, con la burguesía preparando el terreno para un Estado militarista, con el cual se vuelva más y más plausible una masacre contra el pueblo pobre y organizado, como el desenlace hacia el fortalecimiento del Narcoestado en el país.
Desde la firma del Decreto Ejecutivo 730, las ejecuciones extrajudiciales se han multiplicado, con la justificación de “la lucha contra la delincuencia”, donde han caído abatidos -por elementos de la fuerza pública- jóvenes empobrecidos y racializados. Además de una creciente y agresiva criminalización de la pobreza, “la lucha contra la delincuencia” será utilizada para amenazar y eliminar militantes de la organización popular. A esto se suman las declaraciones de Paco Moncayo, quien planteó que no existirá -sino en casos extremos-, prisión preventiva para agentes represivos.
Con el decreto 730, el Gobierno de la Banca oficializó la intervención de militares en el control interno. Lo que parece un simple enaltecimiento a las fuerzas represivas y el discurso de mano dura frente al crimen, trasciende la estrategia del enemigo interno, a cualquier organización y persona que tenga algún rasgo o relación que pueda interpretarse como comunista, socialista o anticapitalista, persiguiendo y reprimiendo a la creciente organización de la clase trabajadora.
El desfavorable escenario para el campo popular propuesto por el Gobierno de Lasso y el sector de la burguesía al que representa, ha generado la descomposición social que justifica la “necesidad” de fortalecer a la fuerza represiva y de choque del Estado. Al mismo tiempo, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas se han caracterizado por un notable desgaste estructural en diferentes niveles, permeados por el crimen organizado desde elementos logísticos y básicos, como de dirección dentro de estas instituciones.
Con el desarrollo de una pugna interburguesa entre los poderes del Estado, y la evidente intencionalidad de incluir al país dentro de las diferentes dinámicas económicas del comercio mundial -que incluyen al narcotráfico-, nos enfrentamos a una etapa dentro del capitalismo, en el cuál la burguesía busca imponer el libre mercado por medio de la violencia frontal y el sometimiento directo del pueblo, en los marcos propios de la democracia liberal como una herramienta de dictadura de clase, que al mismo tiempo legitima estas dinámicas.
El enemigo interno representa una estrategia reciclada del Plan Cóndor, la Escuela de las Américas y toda la estrategia de persecución y criminalización a cualquier expresión social, política o cultural que tenga relación -verdadera o no- con la izquierda revolucionaria, financiada por la embajada yanqui e iniciada en la Guerra Fría. El fantasma del comunismo se convierte en el chivo expiatorio de todos los males sociales, y depositario de toda la fuerza represiva del Estado. Generando una excusa para que la burguesía pueda cometer atrocidades como: torturas, desapariciones forzadas, extorsiones, violaciones y diferentes crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado en general, en nombre de la paz y el orden social.
Dentro de esta nueva configuración del desarrollo del libre mercado en el Ecuador, el refuerzo segmentado dentro de las fuerzas represivas y de seguridad del Estado, es un elemento fundamental para eliminar la necesidad de justificar la militarización o inclusive la privatización de diferentes sectores de la seguridad, hasta ahora dependientes del Estado.
Desde los medios de comunicación serviles al poder, el discurso del enemigo interno se configura en una relación directa entre la organización popular y el terrorismo o el narcotráfico. Parte de la estrategia de manufactura del consenso, se intenta posicionar a los movimientos sociales y la organización popular como sinónimo de expresiones anti democráticas, volviendo a evocar al espectro del comunismo como el enemigo número uno en el Ecuador.
La burguesía cohesiona un consenso a través de estrategias comunicativas que normalizan lo que para ella son los valores deseables y necesarios para la democracia –burguesa-, se alude precisamente a la “gente de bien”, el lado “bueno”, centrado en las virtudes de la ciudadanía y la libertad, que, en lo concreto son los valores y fundamentos de la moral liberal, y sobre todo la defensa del capital y la propiedad privada.
Esta narrativa también es utilizada para encubrir y direccionar la crisis institucional de seguridad y gobernabilidad que sostiene el banquero presidente, a un chivo expiatorio y colocar a la organización popular como repositorio de los problemas estructurales del propio sistema capitalista.
En la práctica, esto se traduce cómo persecución y represión a la clase trabajadora y sus diferentes expresiones de organización y resistencia, a través del fortalecimiento de los organismos de inteligencia y espionaje del Estado, con un despliegue tecnológico de alto nivel, y la progresiva militarización total del territorio nacional.
La amenaza del Narcoestado y la fascistización de la sociedad se materializan. Nos encontramos en un contexto explícito de persecución, criminalización y represión a la organización popular, los movimientos sociales y el pueblo empobrecido. Ante una realidad tan sombría para la clase trabajadora, organizar las fuerzas populares es una responsabilidad inescapable y necesaria.
Hoy y siempre la única respuesta ante la explotación y precarización multidimensional de la vida de la clase trabajadora, es la organización popular anticapitalista. Que comprenda las diferentes dinámicas del capital a las que está enfrentada, y que, ante todo, pueda responder de manera orgánica a los diferentes retos de esta nueva configuración del capital.
Fotografía: Agencia Press South / Getty Images
