El tiro de gracia al CPCCS
El pasado jueves 5 de septiembre ingresaba una propuesta de enmienda constitucional a la Asamblea Nacional, apoyada por 56 firmas de legisladorxs -que representan un total de seis bloques políticos- afines a promover una limitación sustancial respecto a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La única institución de control ciudadano, como lo define la Constitución, pasaría así de figurar como institución que designa y controla a una amplitud de competencias del Estado a ser un consejo con mera atribución de vigilar y consentir, si esto se le permite. Sin embargo, resulta difícil imaginar un panorama en el cual esta constelación de poder funcione, ya que desde una perspectiva de legitimidad democrática, un órgano que no designa las autoridades que presume controlar, carece de fundamentos políticos y jurídicos de control. En última instancia, se podría presuponer la intención de – inclusive – arrebatar también las funciones de control al CPCCS, con la presunción de descorreizar a la última de las instituciones que les resultaban incómodas al gobierno y sus acólitos para ejercer su plan macro neoliberal sin obstáculo algúno.
Existen un total de 15 enmiendas que limitarían las competencias del CPCCS, mediante las cuales se pretenden eliminar competencias de designación de autoridades, entre las cuales figuran el Fiscal General del Estado, el Procurador, el Defensor Público, el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral. Según estas enmiendas, las competencias antes descritas pasarían en su totalidad a la Asamblea Nacional.
Este escenario fue propiciado en gran medida gracias al ya repetitivo conjuro del correísmo y la lógica desde la cual se lo enuncia, los cuales propician justamente estas dinámicas. Aquello demuestra la efectividad de la maquinaria propagandística del gobierno y los grandes actores y grupos mediáticos, los cuales blindan sus acciones,mientras que simultaneamente apoyan sus programas y estratégias. Un hecho puntual es el alto grado de aceptación por parte de los grupos mediáticos respecto a la nueva política minera, propagando por todo lo alto que existe algo como una minería responsable, profesando los supuestos desarrollos que la industria minera a gran escala nos traerá, a cambio de entregar recursos primarios que se encuentran bajo el suelo, destruyendo todo a su paso. Este es, sin duda, un hecho aplaudido por la prensa ecuatoriana en la actualidad, mientras Moreno firma de manera hipócrita el Pacto de Leticia, además de declarar de forma autocomplaciente que él “también es amazónico”. Declaraciones como estas resultan en que, una vez más, el gobierno como la totalidad de lxs ecuatorianxs, quedemos en completo ridículo ante la opinión pública internacional. No resulta aleatorio entonces, que personajes como el presidente de Canadá, Justin Trudeau, crea que el actual presidente se parece más a un amigo del padre del actor que lo entrevista en un episodio reciente de una serie de Netflix, que a un “líder mundial”. Este hecho, además de reflejar la profunda desigualdad imperante en las relaciones de poder entre el Norte y el Sur, representa la cruda realidad: Moreno no es un estadista que merezca ser recordado. Esto ni siquiera por parte del presidente del país del que provienen la mayoría de las empresas mineras a las que el Ecuador -en conjunto con China- ha concesionado la mayor parte de los vastos yacimientos de oro, plata, cobre, etc. que existen hasta dato en territorio ecuatoriano.
Ante el actual panorama, son escasas las voces de periodistas críticxs, que cuestionen toda esta estrategia de venta y subasta de todos los recursos y sectores estratégicos del país, además de los ataques sistemáticos a la institucionalidad del Estado desde adentro. Este hecho demuestra, una vez más, cuál es el lado del que están los grupos mediáticos en el Ecuador. La información, además de ser un derecho -como también lo define nuestra Constitución- también es un negocio. Así, en conjunto con el gobierno y los sectores empresariales, la alianza se completa con los sectores mediáticos, los cuales celebran también la nueva estrategia de acabar con el CPCCS y en definitiva, propiciarle un tiro de gracia, para que este poco a poco pase al olvido y la irrelevancia.
Las voces críticas, las cuales serían tan necesarias ante la subsecuente situación de cooptación y desbarato de las instituciones del Estado, las cuales antes reclamaban por la tan adorada “libertad de expresión”, hoy callan ante el atropello sistemático y planificado por parte de las élites económicas, las cuales nunca antes se han visto tan favorecidas en el ámbito político y económico como ahora. Sin embrargo, lo que acontece es que la gran mayoría de los medios de comunicación – y los más grandes coinciden siempre en ser privados- enaltecen la aparente vuelta a la dirección correcta a partir del mandato de Moreno. Queda una gran incógnita respecto a este elemento: cómo definirían los grupos mediáticos y empresariales esta dirección?
En definitiva, lo que se está aconteciendo en estos dos últimos años, constituye ser una reestructuración del Estado desde adentro y hacia un Estado enunciado, constituido y entendido como neoliberal. Con este proceso coincide la agresiva apertura a la industria de la mega minería. Pero -y esto lo tienen claro todos los actores inmiscuidos en este proceso- mientras quede tejido social y militancia política, habrá respuesta a este estatus quo.
Fuente fotográfica:
Stuttgarter Zeitung
