Inicia el juicio político contra Guillermo Lasso
El juicio político al banquero presidente Guillermo Lasso, se adentra a su semana más crítica. Tras la posesión de las autoridades legislativas el pasado 14 de mayo, la resolución de los entramados de corrupción y Narcoestado que aquejan al presidente, entran en su fase decisiva. Alrededor del 20 de mayo, el Legislativo -que se encuentra igual de demacrado que la imagen de uno de los presidentes más antipopulares de la historia contemporánea-, decidirá sobre el futuro político de un gobierno que se jactaba de ser “del Encuentro” y “las oportunidades”. Guillermo Lasso, en el cinismo que lo caracteriza, insiste en autoproclamarse buen gobierno, y ha expresado recientemente que gracias a su administración salieron de la pobreza ni más ni menos que 1 millón de personas.
El nepotismo y la corrupción estructuran la lógica fundamental del Gobierno del Encuentro, atravesando la totalidad de las instituciones burguesas: ni el presidente, ni la Asamblea Nacional, ni absolutamente ningún partido, gozan de aprobación popular. La democracia burguesa podría entrar en crisis: el juicio político y una posible censura y destitución a Guillermo Lasso, conllevan implicaciones contrapuestas para la burguesía y para la clase trabajadora, y la muerte cruzada se hace plausible.
Para la burguesía, en las elecciones de la asamblea del pasado 14 de mayo, se confirmó la configuración de la alianza interburguesa entre el PSC y el correísmo. Ante un terremoto político proveniente de las fuerzas que sostienen el orden capitalista, los peones de la política real podrían posicionarse a conveniencia personal, negociando prebendas, puestos, ministerios, hospitales y cualquier activo del Estado que pueda desfalcarse a su favor. En momentos críticos como el actual, la clase burguesa confirma la caducidad del modelo democrático liberal en los términos en los que se maneja en la actualidad, develando la grave crisis de representación que atraviesa. Se confirma la profunda lógica anti democrática que motiva los intereses políticos de la clase parasitaria, encaminada a asegurar por cualquier medio sus privilegios y garantizar su dominación en lo económico y político.
Dentro de esta reconfiguración, el partido oficialista CREO y su bancada legislativa BAN quedan fuera de la renovada hegemonía que se constituye a la interna de la clase dominante. En este sentido, la amenaza formal y simbólica del uso de la fuerza deja de ser suficiente para sostener el Gobierno Nacional, demostrando un fraccionamiento o una pérdida efectiva de la hegemonía política. Solo una crisis latente de pérdida de hegemonía por parte del sector burgués oficialista, justificaría el uso explícito de la fuerza. Un ejemplo concreto de esta crisis, es la militarización de territorio que instituyó el decreto 730.
En este contexto, la desesperación de Lasso se hace evidente por varios frentes. Desesperación que solo puede interpretarse como peligrosa para la misma democracia. Ortiz solicitó a la Corte Constitucional un seguimiento de la actuación de la asamblea durante el juicio político, para que se revise el cumplimiento del dictamen que aprobó la ejecución del mismo, así como la muerte cruzada vuelve a ponerse sobre la mesa.
Esta es una de las posibilidades que se ha considerado desde el inicio mismo del periodo presidencial. Esto quiere decir que el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo existe desde la presentación de la ley CREO en septiembre de 2021, cuando el gobierno del banquero presidente se enfrentó a la primera negativa legislativa debido a un incumplimiento del debido proceso respecto a la presentación de proyectos de ley. Para mayo de 2022 el pleno de la Asamblea Nacional destituía a Guadalupe Llori como presidenta del Legislativo por incumplimiento de funciones y con ella se esfumaba un importante respaldo político a la gestión del Gobierno del Encuentro, dejando a Villavicencio como punta de lanza de los intereses del Ejecutivo en la asamblea. Durante el Paro Plurinacional de junio de 2022, la Asamblea Nacional mostró la intención de destitución a Lasso en varias ocasiones, que no fraguó gracias a una estrategia de decretos y derogación de decretos subsecuentes desde la presidencia. Contrario a lo que los medios hegemónicos de comunicación remarcan intencionalmente, el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo ha caracterizado a este periodo desde su inicio.
Esto no quiere decir de ninguna manera, que la Asamblea Nacional representa los intereses del pueblo y la clase trabajadora. La asamblea demuestra la pugna de poder interburguesa y las alianzas partidistas coyunturales. En este contexto de conflicto permanente, Lasso ha amenazado en varias ocasiones con la disolución de la asamblea, y en las últimas semanas ha insinuado la causal de obstrucción al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de que lxs asambleístas al frente de la ejecución del juicio político han planteado que una muerte cruzada sería inconstitucional según Saquicela, un suicidio político según Torres Cobo y una amenaza a la democracia según Pazmiño, la disolución de la asamblea es uno de los escenarios posibles.
La carta de la muerte cruzada puede convertirse rápidamente a un régimen autoritario, con el antecedente del instituido decreto 730, que inaugura un estado de excepción permanente y una militarización franca del territorio nacional. En las condiciones actuales, difícilmente una muerte cruzada se ejecutaría al pie de la letra, convocando a elecciones en los próximos meses, sino que bien podría ejecutarse un mandato por decreto por un periodo de tiempo extendido y por la fuerza, hasta que se logren ejecutar todos los dictámenes del FMI, BM y el Departamento de Estado de los EE.UU. La declaratoria de muerte cruzada no necesita de la aprobación de la Corte Constitucional en la causal que ahora mismo se insinúa. Desde octubre de 2019 con el golpe de estado en Bolivia y con la experiencia de diciembre 2022 en Perú, Latinoamérica ha vuelto a ser un laboratorio político y social de dictaduras neoliberales, con sus exterminios populares correspondientes.
Este martes 16 de mayo se ha convocado al pleno de la Asamblea Nacional para dar inicio al juicio político, y se espera una votación definitiva para el sábado 20. Como es recurrente, la burguesía juega a la democracia solo y solo sí le representa conveniente. Cuando no, la desecha o la cuestiona. Ahora mismo es importante recalcar que la destitución y censura del presidente se encuentra en los marcos democráticos y constitucionales amparados en el artículo 129 y 130 de la Constitución de la República. Mientras una muerte cruzada, o el mismo decreto 730 más allá de ser o no ilegales, son definitivamente ilegítimos, antidemocráticos y ahondan en la precarización de la vida del pueblo y la clase trabajadora.
En el contexto del próximo juicio a Lasso, por su parte la clase trabajadora se juega nada más y nada menos que las condiciones de vida y de organización. Frente a una fascistización social explícita, promovida intencionalmente por la burguesía irresponsable, que busca ante todo provocar un escenario de confrontación entre el pueblo organizado y las fuerzas represivas. La estrategia de la burguesía -una clase en evidente decadencia-, consiste en infundir el terror por medio de su brazo paramilitar -el crimen organizado-, generalizar y sostener ese terror, y equipararlo mediáticamente con la clase trabajadora. Jamás el crimen organizado compartirá intereses con el pueblo, ya que su existencia yace exclusivamente en la alianza estratégica con la burguesía, una situación de ganancia y dependencia mutua entre estos actores del “orden”.
Frente al juicio político, una posible destitución y la amenaza de autoritarismo por medio de la muerte cruzada, la democracia burguesa en el Ecuador se demuestra en una crisis sin precedentes en la historia reciente del país. Frente esta realidad, la clase trabajadora debe demostrar la organicidad y consecuencia ante una radicalización del campo político. La realidad es que el neoliberalismo y el Narcoestado imposibilitan la continuación de la vida del pueblo y la clase trabajadora. La organización es la única salida, en cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada escuela, en el campo y la ciudad.
