La falacia de la guerra contra el narcotráfico
El avance del neoliberalismo en Ecuador se evidencia en al menos tres aspectos: la profundización de la política de austeridad, desfinanciando carteras del Estado sistemáticamente, como educación, salud e inversión en política pública que prioriza el cuidado a población vulnerable; una política securitista que impone la militarización de los espacios públicos, generando simultáneamente la criminalización a la protesta social y de la pobreza; y una acelerada política de privatización y concesión de los bienes y servicios públicos del Estado. Esta conducción neoliberal del Estado, liderada por el representante de la banca, Guillermo Lasso, genera una serie de fenómenos sociales: una creciente fascistización social, así como el resurgimiento de la organización popular y las prácticas cooperativas de sostén de la vida.
Las élites burguesas enquistadas en el gobierno de Guillermo Lasso, profundizan y entretejen paulatinamente las estructuras estatales con el imperialismo regional y mundial. Este 21 de noviembre, Lasso recibió a Iván Duque, Presidente de Colombia y pupilo más franco del uribismo. En medio de una semana marcada por la subasta abierta y desmedida de recursos y empresas estratégicas del Estado denominada “Ecuador Open For Business”, Duque le propició un espaldarazo político al presidente Lasso, con el que tanto el pueblo como la opinión pública mundial se encuentran desencantados por su rol destacado como evasor fiscal y la permisividad y responsabilidad del Estado ecuatoriano en las masacres carcelarias de este 2021.
Lasso, empresario y banquero estelar de la burguesía, acude a los principales actores del exterminio popular a nivel global: EE.UU., España, el Estado de Israel y Colombia. Paralelamente a la subasta de activos, empresas y sectores estratégicos del Estado, el gobierno de Lasso adquiere contornos progresivamente autoritarios. Al igual que en Colombia en los años 80s y 90s, durante los cuales la oligarquía local se encargaba de propiciar las condiciones para una intervención militar yanqui -que desembocó en el Plan Colombia-; en el Ecuador, las élites neoliberales se encuentran en los preparativos para desatar una guerra frontal en contra del pueblo. Por una parte, el oficialismo crea las condiciones de precarización, privatización y subasta de todo lo público, con la doctrina del shock como política de Estado. Por otra parte, estas mismas élites instalan el discurso del enemigo interno, como justificante para legitimar la militarización permanente de la sociedad.
Este modelo de precarización y militarización, se destaca por un fundamentalismo de mercado, caracterizado por una liberalización absoluta y agresiva en lo económico y legal, y un rampante autoritarismo de Estado, en conjunto con la radicalización discursiva en torno a la fascistización social, de la cual el Gobierno Nacional es responsable en una medida significativa. Una de las políticas de Lasso que más alarma, es la securitización como elemento central en su gobierno. Los discursos de pacificación necesariamente insinúan no solo una militarización de los espacios públicos, que de por sí generan una colonización de las fuerzas represivas del Estado a la vida social, sino que alertan acerca de la criminalización a la protesta y a la pobreza, sometiendo al pueblo a una constante persecución. La amenaza permanente del uso-abuso de la fuerza, condiciona la vida social y genera múltiples violencias que se depositan directamente sobre los cuerpos de la clase trabajadora y el pueblo.
El complejo militar industrial se nutre de las guerras, sean estas en contra del islam, del narcotráfico, el terrorismo, el comunismo o simplemente la pobreza, para convertir la muerte en negocio. En dos décadas de Plan Colombia, EE.UU. comercializó activos militares por más de 10 mil millones USD. De forma simultánea, el negocio de la guerra se conjuga en la estrategia imperialista del anticomunismo, el cual se desata por todos los frentes y se extrema en la actualidad. Desde Vox, pasando por Vargas Llosa y el oenegerismo libetario y proimperialista, como también la injerencia ininterrumpida de EE.UU. en la región, y la estructura crediticia internacional que subyuga continentes enteros, la expansión de las lógicas del capitalismo vuelve a anclarse en el anticomunismo como justificante generalizado de intervención y subyugación de los pueblos.
La cercanía a Iván Duque, presidente de Colombia, es una evidencia más del carácter represivo y ultraconservador del gobierno de Lasso. No es la primera vez que Lasso demuestra su coincidencia ideológica con el uribismo. Él mismo ha confesado su admiración a Matarife –Álvaro Uribe Vélez-, así como en el marco del Paro Nacional en Colombia, cuando Duque daba un trato militar a la protesta social, que dejó como saldo al menos 72 homicidios, 1661 heridxs, 90 mutilaciones oculares, 35 víctimas de violencia sexual y 2053 detenciones arbitrarias, daba su respaldo a Duque y se solidarizaba con el narco gobierno con evidentes nexos paramilitares. En palabras de Duque en Carondelet: “brindar todo el apoyo, total e irrestricto de asesoría, acompañamiento y sobre todo de integración, de toda nuestra capacidad en seguridad, para seguir enfrentando enemigos como el narcotráfico y el terrorismo”.
Posterior a la reunión con Duque en Carondelet, ambos presidentes anunciaron el fortalecimiento de la cooperación e inversión militar. En las semanas anteriores, Lasso ha insistido en su política securitista, la cual requiere al menos de dos elementos discursivos. El primero se basa en la lucha contra el narcotráfico, generando un chivo expiatorio externo, que justifique la intervención de otros actores, como la cooperación imperialista de los EE.UU e Israel. También incluye la consolidación del discurso del enemigo interno, como justificativo retórico para la criminalización de la protesta social y la persecución a militantes y dirigentes sociales. El papel del imperialismo es evidente, en el caso de Israel, la oficina de Innovación en Jerusalén será binacional: “Sabemos que tanto Colombia como Ecuador han mantenido relación comercial y de inversión con el Estado de Israel” (Duque).
La experiencia colombiana es amplia tanto en la fachada de la lucha contra el narcotráfico como en la construcción de un enemigo interno. El Plan Colombia ha evidenciado que la lucha contra el narcotráfico no es más que un recurso imperialista para el control geopolítico de la región, que lejos de combatir la producción y distribución de cocaína, ha fortalecido el aparataje narco-paramilitar, logrando consolidar la retórica del enemigo interno, vulnerando directamente el derecho a la organización y protesta social. También ha generado un millonario negocio militar en el país, altamente rentable, tanto en términos de profesionalización del aparato represivo del Estado, como en términos económicos. Colombia exporta al Ecuador su modelo de guerra interna, promovida por el mismo interés imperialista.
El gobierno de Guillermo Lasso combina la imposición de modelo neoliberal en conjunto con rasgos enmarcados en la ultra derecha protofascista: un Estado que, como instrumento de clase, radicaliza los mecanismos de coerción y represión abiertamente. Este modelo suma la necesidad fundamental del neoliberalismo de nutrir y profesionalizar sus aparatos represivos, que defienden a la burguesía a fuego y bala en contra del pueblo, frente a un panorama de resistencia antineoliberal a la precarización generalizada de la vida.
El libre mercado se materializa en el Ecuador por medio de una deuda externa insostenible, y en cooperación militar para la lucha en contra del pueblo. En ambos casos, el denominador común que prevalece es el imperialismo: tanto el brazo financiero como el militar, subyugan al pueblo a los intereses geopolíticos del gran capital y la burguesía transnacional. Con la experiencia del Plan Colombia, de que la guerra contra las drogas y el terrorismo termina perpetuando la violencia y la muerte como política de Estado, se vislumbra el escenario futuro para el Ecuador en el mediano plazo: una guerra interna. El momento histórico neoliberal se caracteriza por la agudización violenta de los antagonismos de clase: el Estado burgués desata la totalidad de su indumentaria impositiva para perpetuar los privilegios de una clase que se mantiene en el poder por medio del despojo, la explotación y la fuerza.
Frente a la arremetida neoliberal, unidad popular anticapitalista.
